La magistratura civil y comercial común, y de documentos y locaciones de la capital y de Concepción quedó este lunes en condiciones de implementar la oralidad en los procesos nuevos y en aquellos anteriores que aún no hayan sido abiertos a prueba. Las audiencias (una para precisar las medidas que las partes producirán con el fin de acreditar sus posiciones y otra para recibir el fruto de la actividad desplegada) serán sustanciadas en función del protocolo aprobado por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán puesto que el programa piloto se recuesta sobre facultades establecidas en el Código Procesal Civil y Comercial vigente desde 1991.

Los magistrados de primera instancia que forman parte del ensayo comenzaron a identificar los casos que cumplen los requisitos para la implementación de la oralidad. Fuentes judiciales confirmaron que ese equipo de jueces evaluará la marcha de la prueba hoy en una reunión convocada por Claudia Sbdar, la vocal de la Corte que lideró la iniciativa. Si bien los plazos atinentes a las notificaciones y a las diligencias previas posiblemente lleven a celebrar las primeras audiencias a fin de año, ayer trascendió que el debut de estos encuentros “cara a cara” entre las partes y sus abogados, y el magistrado podría ocurrir hacia comienzos de noviembre.

Más allá del seguimiento del desarrollo de la prueba que haga cada juzgado y el personal administrativo afectado al manejo de las salas, habrá un monitoreo general por parte de la Oficina de Gestión Judicial a cargo del funcionario Marcelo Zelarayán. Fuentes judiciales indicaron que elaborarán instrucciones para medir el impacto y la evolución del mecanismo previsto en la Acordada 1.079/18.

El test alcanza el trabajo de alrededor de 20 jueces: según los cálculos y estimaciones, cada uno de ellos debería celebrar entre siete y ocho audiencias por semana para que la transformación funcione. Los objetivos del cambio son reducir los plazos totales del proceso, y aumentar la calidad de las decisiones jurisdiccionales y la satisfacción de los usuarios del sistema de Justicia civil.

El proyecto de oralidad en marcha comenzó este año, y tuvo el apoyo de especialistas del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos de la Nación. Durante la elaboración del protocolo y la preparación de los espacios físicos surgieron otras inquietudes atinentes al trámite de los juicios, entre ellas cuestiones relacionadas con la Dirección de Catastro y el Registro Inmobilario. A los efectos de fomentar un mayor entendimiento entre los actores de esas dependencias y de los Tribunales, ayer hubo una instancia de encuentro en el Centro de Especialización y Capacitación Judicial, que proseguirá este miércoles.