BUENOS AIRES.- El empresario argentino Lázaro Báez, muy cercano a la familia Kirchner, se sentó ayer en el banquillo de los acusados en el inicio del juicio en su contra por lavado de dinero. Báez, juzgado junto a otras 24 personas, entre ellos sus cuatro hijos, es el primer empresario vinculado a los ex presidentes Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) que enfrenta un juicio oral y público. El juicio podría extenderse nueve meses y contaría con la presentación de unos 90 testigos.

El abogado de Báez, Victor Hortel, abrió la etapa dedicada a las cuestiones previas pasado el mediodía al reclamar la nulidad de la elevación a juicio del caso, y pidió que se suspenda el debate hasta que se resuelva una recusación presentada para apartar al juez suplente del caso, Rodrigo Giménez Uriburu. Al planteo del abogado del dueño de Austral Construcciones siguieron con el mismo fin los de otros defensores de los 25 acusados.

Esa situación será resuelta el 7 de noviembre, anunciaron los jueces al pasar a un cuarto intermedio hasta ese día. “Que la Justicia pueda llegar a instancias de juicios orales como el que se inició contra Lázaro Báez por lavado de dinero marca el compromiso que tiene el Gobierno de enfrentar la corrupción”, expresó ayer el ministro de Justicia, Germán Garavano.

Báez fue trasladado durante la mañana a los tribunales federales de Buenos Aires desde la prisión situada en la localidad bonaerense de Ezeiza, donde se encuentra alojado desde abril de 2016. Llegó en compañía de otros dos detenidos del caso, su ex contador Daniel Pérez Gadín y su ex abogado Jorge Chueco.

De sport, con una campera polar color ladrillo, el dueño de Austral Construcciones ingresó a la sala escoltado por agentes del Servicio Penitenciario Federal y se sentó junto a Martín Báez, uno de sus cuatro hijos. Más atrás se ubicaron sus otros hijos, Leandro, Melina y Luciana.

Los tres se saludaron con su padre e intercambiaron gestos y miradas durante los intervalos de la audiencia, que tiene lugar en la sala AMIA del edificio de Comodoro Py 2002.

Los restantes 20 acusados se ubicaron a lo largo de cinco filas de asientos, con sus abogados, y fueron levantando la mano de a uno al ser nombrados por el presidente del Tribunal, Néstor Costabel, quien buscaba individualizar a cada uno de ellos. Entre los juzgados están el ex marido de la vedette Ileana Calabró, Fabián Rossi, el imputado protegido Leonardo Fariña -ubicado al fondo de la sala- y el financista Federico Elaskar.

Los motivos

Báez enfrenta la acusación de haber conformado entre 2010 y 2013 “una estructura jurídica, societaria y bancaria en Argentina y en el extranjero” para “poner en circulación en el mercado fondos de procedencia ilícita” e “integrarlos al circuito económico formal bajo apariencia” lícita. La maniobra sería por unos 60 millones de dólares. Entre ellas, se enumeró la compra de bonos de deuda pública argentina para su posterior reintroducción al mercado local mediante activos que ingresaron al patrimonio de Austral Construcciones.

También se juzga el episodio conocido como “la Rosadita”, cuando Martín Báez, Rossi y otros juzgados fueron filmados en la ex financiera SGI, de Puerto Madero, contando cinco millones de dólares que habían transportado desde Río Gallegos en un avión privado

El juez federal Sebastián Casanello, que estuvo a cargo de la investigación del caso, desestimó en su momento que la ex presidenta estuviera vinculada a esta operatoria. Tampoco Báez, en sus declaraciones judiciales, involucró a la ex jefa de Estado en las maniobras bajo investigación. Fernández de Kirchner y Báez, sin embargo, enfrentarán el próximo 26 de febrero un juicio acusados de los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta. La Justicia consideró que existen pruebas de que hubo durante la presidencia de Kirchner una manipulación de la adjudicación de obra pública para beneficiar a Báez. (DPA-Télam)