BUENOS AIRES.- En la última sesión extraordinaria del año, la Cámara de Diputados debate dos proyectos que lograron consenso en las últimas semanas. Una de las iniciativas es para combatir los delitos que se cometan en espectáculos deportivos, impulsada tras los violentos incidentes que obligaron a suspender la final de la Copa Libertadores entre River y Boca en la Argentina. El otro es conocido como "la ley Micaela", una iniciativa que busca la capacitación obligatoria en género para quienes integren los tres poderes del Estado.
La ley antibarras obtuvo dictamen favorable el jueves último, aunque con observaciones tanto de la oposición como del oficialismo. "Se logró el consenso de todos los bloques", sostuvo la diputada Gabriela Burgos, presidenta de la Comisión de Legislación Penal.
El principal objetivo es lograr que la norma sea aprobada para que se aplique en los próximos torneos de verano, que se disputan en diversas provincias del país, destaca TN.
Principales puntos de la iniciativa
Entre otros puntos, el proyecto contempla tipificar la figura del "Accionar de grupo" a "la asociación o grupo de tres o más personas que esté destinado a cometer con habitualidad" los delitos asociados a las prácticas barrabravas. Se les aplicará una pena de prisión de dos a ocho años a quienes pertenecieran a esos grupos. Para los jefes, organizadores o quienes contribuyesen con el financiamiento, la pena mínima es de cuatro años.
También se contemplan condenas de dos a seis años para quien "tuviere en su poder, introdujere, guardare o portare armas de fuego o artefactos explosivos sin la debida autorización". En el caso de objetos cortantes, instrumentos contundentes, artefactos químicos, de pirotecnia, inflamables, asfixiantes o tóxico, se estipulan penas de entre seis meses y dos años.
Por otra parte, se asignan penas de entre dos a seis años de prisión a las agresiones o intimidaciones grupales, "elevándose a ocho años la pena máxima si se emplearen armas de fuego". La sanción prevista por la entrega de entradas a barras por parte de dirigentes o futbolistas es una pena de prisión de entre uno a tres años y la facilitación del ingreso a personas sin entrada al estadio en los días de partidos lleva una pena de uno a seis meses, y de seis meses a dos años si dichas personas son barras.
Con respecto a la venta de entradas truchas, la pena será de entre seis meses a dos años, y de dos a ocho años si el delito fuera cometido por dirigentes, deportistas del club en cuestión o barras. Los "trapitos" o cuidacoches que lucran sin autorización también serán penados: pueden ir de uno a seis meses de prisión y de dos a cuatro años si el pedido de dinero por el cuidado del vehículo "se desarrollare con exigencia de una suma de dinero, fija o variable".
Capacitación obligatoria
La ley Micaela también será tratada en el recinto. La iniciativa busca establecer una capacitación obligatoria en violencia de género para todos los integrantes de los tres poderes del Estado y se da casi una semana después de que explotara la denuncia de Thelma Fardin contra Juan Darthés por violación.
El nombre de la norma tiene que ver con Micaela García, víctima de un femicidio en la ciudad de Gualeguay, Entre Ríos. Es un reconocimiento por su lucha militante por los derechos de las mujeres y de los más vulnerables.
Técnicamente lo que intentará aprobar es el Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las mujeres, plasmado en el decreto 1135/2018 del Boletín Oficial firmado por Mauricio Macri.
La capacitación de las máximas autoridades de los tres poderes estará a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres, que en su página web deberá brindar acceso público y difundir el grado de cumplimiento de las disposiciones de la ley en cada uno de los organismos.
Micaela García tenía 21 años cuando fue asesinada por Sebastián Wagner el 1 de abril. La joven estudiante de educación física fue secuestrada durante la madrugada, cuando volvía a su casa después de haber ido a bailar. En el camino fue interceptada por un auto en el que iban Wagner y Néstor Pavón que, según la declaración del primero, habían salido de "cacería".
El femicidio conmocionó al país, después de que se supo que Wagner había sido condenado a nueve años de prisión por dos violaciones, pero gozaba de libertad condicional por orden del juez de Ejecución Penal de Gualeguaychú, Carlos Rossi, que le valió un pedido de juicio político.
Complementación económica
El tercer proyecto que se debatirá en el recinto es un Acuerdo de Complementación Económica celebrado entre los Estados Partes del Mercosur y la República de Chile, firmado el 4 de enero de 2018 en la ciudad de Montevideo, Uruguay.
El acuerdo consolida una serie de puntos destinados a "profundizar los lazos especiales de amistad y cooperación; ampliar el comercio y propender a su desarrollo armónico; potenciar una mayor cooperación internacional y fortalecer las relaciones económicas" entre los países.