Las elecciones provinciales no tienen aún un cronograma estimativo y ya llegaron a los tribunales.

Ayer, el jefe del bloque de la Unión Cívica Radical de la Legislatura (UCR), José Canelada, presentó una denuncia penal en contra de los dos jueces del fuero contencioso administrativo que habían fallado a favor del Frente Renovador Auténtico (FRA), ante un planteo para adelantar los comicios.

El dirigente radical, patrocinado por el abogado Pablo Bertini Luque, acusó a los magistrados Juan Ricardo Acosta y Horacio Ricardo Castellanos, de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, y a “todas las personas que surjan de la investigación”, por la “posible comisión de los delitos de prevaricato, en concurso real con el delito de cohecho agravado”. Según Canelada, los jueces participaron de “un plan pergeñado y orquestado en las altas cúpulas del poder local”. El objetivo, agregó el opositor, era “crear un entramado político que, bajo la apariencia de verosimilitud jurídica, permita al gobierno modificar las reglas de juego del proceso electoral”.

El 11 de diciembre, los dirigentes massistas Víctor Arias y Mariela Martín Domenichelli habían recurrido a los tribunales para pedir el adelantamiento de la fecha de votaciones las provinciales, previstas para agosto próximo. Los referentes del Partido Frente Renovador Auténtico consideraban que la proximidad con las PASO y las generales nacionales lesionaba sus derechos de participar de manera igualitaria en esas contiendas frente a los armados tradicionales, que cuentan con estructuras más importantes. Además, alegaban que hubo una extralimitación de la Convención Constituyente de 2006 al fijar un plazo en la Carta Magna. El 28 de diciembre, con el vocal Acosta como preopinante y la adhesión de Castellanos, la Sala I dictó la sentencia favorable al FRA y declaró inconstitucional uno de los artículos relativos a la fecha de los comicios (concretamente, el artículo 43 inciso 6; no se mencionó el artículo 100, de similar espíritu).

Según Canelada, “no hay dudas de que existió un acuerdo previo de voluntades entre los diferentes actores políticos, jueces y funcionarios del Ejecutivo”. Por eso, acusó a Acosta y a Castellanos de prevaricato (es decir, el dictado intencional de una sentencia contraria a las leyes) y de cohecho (la aceptación de una dádiva o promesa). “No estamos ante un caso de negligencia. Hay una intención clara y manifiesta, hay mala fe por parte de los magistrados”, aseveró Canelada. Además, solicitó medidas de investigación penal, como entrecruzamientos telefónicos de las líneas pertenecientes a los denunciados.