Las iniciativas para eliminar la práctica de abrochar billetes en instrumentos judiciales que deben ser diligenciados por los juzgados de Paz deambulan desde hace tiempo en la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Al menos dos proyectos elevados durante el último año a la consideración de los vocales por medio del presidente Daniel Posse abordan esta cuestión tan delicada. El objetivo en todos los casos es transparentar los desembolsos de dinero en efectivo para gastos de movilidad o de traslado de los empleados y funcionarios que hacen medidas y notificaciones en la Justicia de Paz.

En el presente, el dinero destinado a aquellas diligencias ingresa en la Superintendencia de Juzgados de Paz interinamente a cargo del funcionario Raúl Scrocchi, donde calculan los montos en función de la distancia y toman como referencia el valor del boleto mínimo rural ($ 19,30), según establecen reglamentos adoptados en los años 70. Dentro del radio de los 1.000 metros de la oficina no hay que pagar nada -se entiende que el personal se mueve a pie-: a partir de esa distancia, las partes correspondientes abonan dos boletos por kilómetro ($ 38,60). Aunque parezca increíble, los billetes son abrochados a los papeles (cédulas, oficios, mandamientos, etcétera) y así “viajan” a las distintas oficinas a cargo de los jueces de Paz.

Los proyectos a los que tuvo acceso este diario reconocen que el manejo de la caja de los bonos de movilidad puede ser fuente de irregularidades. Sucede que el papel con el dinero en efectivo debe pasar por varias manos hasta que llega a las de los jueces de Paz, con los peligros que este sistema tan precario conlleva desde todo punto de vista. Fuentes consultadas para esta nota explicaron que hubo quejas de que los billetes se pierden en el camino: los broches “se salen”, y los pesos desaparecen en cuotas o por completo.

¿Boleto o combustible?

También existen sospechas -por otro lado razonables- de que en los hechos muy pocos emplean el transporte público, que es limitado en las zonas periféricas. Sería bastante común que los notificadores usen motos o sus vehículos particulares, y que el bono de movilidad sirva para pagar combustible: esto generaría ingresos adicionales al sueldo del Poder Judicial. La diferencia significativa dependería de la posibilidad de agrupar distintas medidas correspondientes a la misma zona o a áreas cercanas. Alimenta esta hipótesis el hecho de que no hay rendiciones de cuentas ni controles sobre el destino dado al efectivo abrochado. La Justicia de Paz anota si se hizo o no el trámite, no cómo. En beneficio de este esquema juega la realidad de que las comunicaciones a veces demandan excursiones complejas por parajes recónditos. Pero sin dudas la posibilidad de obtener un ingreso extra a partir de esta trabajo público está extendida y naturalizada puesto que los cargos de notificadores son muy demandados tanto en los Tribunales ordinarios como en la Justicia de Paz, pese a los riesgos para la seguridad personal que la actividad entraña.

La reforma: doble recibo

Una de las propuestas para modificar esta forma de financiar los gastos de traslado del personal de los juzgados sugiere la aplicación de un programa informático que en forma automática, con los parámetros y valores previamente establecidos, calcule el importe que las partes deben abonar e imprima dos comprobantes: uno para el pagador y otro para el Juzgado de Paz. La idea es que el segundo recibo sustituya al efectivo y que su presentación en la oficina designada para este trámite dé lugar al cobro del dinero. Esa reforma eliminaría los billetes abrochados, pero no las dudas acerca de la administración de las sumas entregadas para “movilizar” al sistema. Este plan partió de una dependencia que intenta prevenir anomalías en la Justicia de Paz.

En marzo, funcionarios de la Superintendencia confeccionaron otra propuesta que incluye un procedimiento para la devolución de los importes relativos a cédulas que, por cualquier motivo, no hayan sido diligenciadas. El objetivo de esta modificación es que sea posible reintegrar las sumas a quienes hicieron los desembolsos. También diseñaron algunas instrucciones para intensificar el control de los bonos.

En la Corte analizan estos y otros proyectos para aumentar la fiscalización sobre la Justicia de Paz, que sufre un embate inédito por las denuncias de irregularidades. Todo se desencadenó a partir del hallazgo de que tres jueces de Paz legos habían intervenido en casamientos fuera de la provincia. Dicha situación generó los pedidos de destitución de José Luis Guerra (El Manantial), Josefina Penna (Yerba Buena) y Juan Cipriani (Gonzalo, Trancas). El primero presentó la renuncia para acogerse a la jubilación con el 82% móvil, pero el gobernador Juan Manzur aún no la aceptó, mientras que Penna afronta, además, un pedido de destitución por posibles irregularidades en las notificaciones de Moviser SRL, una empresa de sus ex cuñados (se informa por separado).

Las acusaciones expusieron que el servicio desregulado de las bodas a domicilio había alcanzado una magnitud inusitada, y daba lugar a un ingreso adicional e informal para los titulares de los juzgados. La polémica hirió la prestación y, según trascendió, los jueces comenzaron a cancelar los casamientos concertados. Esta coyuntura obligó al Registro Civil a recibir a los novios “plantados”: así, por la fuerza, volvió la tendencia a casarse como en los viejos tiempos.