Los tucumanos han superado ya la primera cita con las urnas. Hace dos domingos renovaron la totalidad de los cargos electivos provinciales. Pasadas esas elecciones, llegan otras elecciones: los comicios presidenciales (incluyen la renovación de cinco diputados por Tucumán), que tienen etapas. Si hay balotaje, quedan por delante tres votaciones.

Las que se encuentran en marcha son las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias. En el cronograma electoral ya expiró la instancia para la formación de frentes y de alianzas, y pasado mañana vence el plazo para inscribir los precandidatos. Porque las PASO son la instancia en la cual el pueblo de la nación valida las candidaturas. Esta característica es uno de los elementos positivos de este mecanismo que nació en 2009, no por convicción democrática sino por la urgencia coyuntural de aquel oficialismo. Era el primer mandato de Cristina Fernández y el ex presidente Néstor Kirchner había perdido la elección de diputados, en Buenos Aires, contra Francisco de Narváez, empresario de los medios. Dos meses después se dicta la Ley 26.571, “de democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral”.

En ese contexto, se estableció que el Estado financia la publicidad en medios audiovisuales y radiofónicos. La medida buscó contrarrestar el despliegue publicitario de la oposición durante ese año, pero terminó garantizando que las agrupaciones “chicas” tuvieran garantizada la difusión de sus propuestas y de sus postulantes.

La norma también atendió la crisis de los partidos políticos, que venían presentando severos déficit de democracia interna. Las internas eran evitadas por “acuerdos de cúpula” que birlaban a los afiliados el derecho a votar o a ser votados. Y cuando sí se celebraban, terminaban atravesadas por denuncias de fraude. A lo que sumaba que los derrotados luego se postulaban por otras agrupaciones. Las PASO representaron una “interna hacia afuera”, en la cual participaba no ya un padrón cerrado de afiliados sino la totalidad de los argentinos. De allí su condición de “primarias abiertas”. La simultaneidad y obligatoriedad responden a garantizar que aquellos partidos que han convenido sus listas de candidatos mediante el consenso no podrán influir “artificialmente” en las primarias de otras fuerzas. Las agrupaciones que presentan lista única deben conseguir la adhesión de un mínimo de ciudadanos (1,5%) para llegar a la votación general.

Esta situación, sin embargo, ha derivado en denuncias de intento de proscripción por parte de partidos políticos que plantean las dificultades materiales que afrontar más de una elección general por año, aun cuando tienen resuelta su interna: si no reúnen el mínimo, quedan fuera. Una segunda crítica contra las PASO es que, en los hechos, vienen funcionando más bien como una gran encuesta previa a la elección general, a pesar de que esa percepción puede ser equivocada porque un partido con lista única no despertará el mismo interés electoral que otro en el que sí hay competencia por las candidaturas. Consecuentemente, todas las fuerzas terminan invirtiendo recursos para movilizar votantes. Esto habilita un tercer grupo de cuestionamientos: el gasto político que insume la primaria.

Ahora que se cumplen 10 años de la creación del mecanismo, las PASO deberían ser revisadas y reajustadas para que su espíritu democrático permanezca y se eliminen distorsiones.