En un contexto de debilidad institucional, la Justicia de Paz de Tucumán sobresale por su incapacidad para adaptarse a las necesidades de las comunidades actuales. Esta organización apenas ha cambiado y sigue pareciéndose más al modelo del siglo XIX que al que demanda esta época. Un síntoma de ese atraso es la forma de selección de los jueces de Paz, que sigue dependiendo de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. La designación así resuelta por el gobernador, es decir, sin más fundamento que su propio arbitrio, luego debe ser aprobada por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.

Un Estado moderno no tolera ya tal método de acceso a cargos vitalicios, máxime cuando se repara en la función delicada que tienen los titulares de los juzgados de Paz: representar y extender el brazo de la Justicia en los pueblos rurales, que por sus circunstancias geográficas están más expuestos a los abusos que los habitantes de los centros urbanos.

Un detalle empeora el escenario descripto. Sin modificar el mecanismo discrecional de nombramiento, la Legislatura adoptó en 2004 el paradigma de la Justicia de Paz Letrada, que supone oficinas encabezadas con abogados con aptitudes para resolver conflictos de menor cuantía. Pero este avance fundamental a los fines de ampliar el acceso a los bienes jurídicos, que hoy resulta una obviedad indiscutible, no se tradujo en una modernización. Quince años más tarde, sólo seis de los 72 juzgados de Paz de la provincia son letrados en gran medida porque el Gobierno de José Alperovich se valió de un resquicio legal para seguir nombrando a ciudadanos legos (carentes del título de abogado). Es decir, las propias autoridades que al comienzo de la gestión se habían empeñado en dotar a la Justicia de Paz de mayor jerarquía luego dieron la espalda a esa iniciativa y la contradijeron. Estos nombramientos sirvieron para satisfacer compromisos políticos y alimentar la patología del nepotismo estatal. Y en 2013, por razones que ni los gobernantes anteriores ni los que están en funciones han sabido explicar, cesaron las designaciones de jueces de Paz. La demora llegó a tal punto que más de un tercio de los despachos están acéfalos.

A lo largo de los últimos seis años el Poder Ejecutivo ha prometido con insistencia que iba a cubrir las vacantes. Esos anuncios no sólo fueron incumplidos -gracias a que la ley no establece plazo alguno para cumplir este deber esencial-, sino que no conllevaron el propósito de abandonar definitivamente la tendencia a nombrar legos.

Técnicamente, el Gobierno de Juan Manzur tiene abierta la ventana jurídica que usó su antecesor para mantener un esquema superado en casi todas las provincias del país. Pero el jefe de Estado también puede diferenciarse y dar un mensaje contundente en favor de la institucionalidad que el siglo XXI reclama. Esa postura no sólo debe volcarse definitivamente hacia el nombramiento de jueces de Paz letrados, sino también abrazar los concursos públicos de antecedentes y de oposición que la Constitución estipula para preseleccionar a los integrantes de los Tribunales ordinarios. En la Legislatura existen proyectos de ley en esta dirección que no prosperaron por el desinterés del bloque mayoritario. Tal vez ha llegado la hora de desempolvarlos en pos de ofrecer a los tucumanos, sobre todo a los del interior de la provincia, la igualdad de oportunidades, además de la imprescindible seguridad jurídica.