Se postularon, los votaron y ganaron. Sin embargo, son los dos únicos candidatos -de un universo de 347 electos en todo Tucumán- a los que la Junta Electoral Provincial (JEP) no les entregó el diploma. ¿Qué pasó?

Los casos de Bruno Gabriel Alexis Romano, postulante a concejal de Alberdi por el Frente Solidario Laborista (un “acople” a la fórmula Juan Manzur-Osvaldo Jaldo), y de Jorge Antonio Flores, del Partido por la Seguridad Social (un aliado al binomio Silvia Elías-José Manuel Paz), son muy distintos. Pero se encuentran en una situación similar: están a la espera de que, tras la feria judicial, la Cámara en lo Contencioso Administrativo les dé la razón para quedar en condiciones de asumir en la banca.

Ambos habían recibido respectivos reveses de la JEP durante el proceso de oficialización de las listas. Pero, a partir de sendos planteos judiciales, habían obtenido cautelares que les permitieron competir el 9 de junio. Como esas causas no tienen todavía sentencia de fondo, la Junta resolvió no entregarles el jueves pasado, en el acto llevado a cabo en el teatro Mercedes Sosa, los diplomas como electos.

Una denuncia penal

Romano, con 1.281 votos (6,97% del total), obtuvo un escaño en el Concejo de Alberdi por el Frente Solidario Laborista (FSL). El 15 de mayo, el dirigente estuvo a punto de quedar afuera de la contienda. Según la resolución 65/19 de la JEP, firmada por Daniel Posse, Edmundo Jiménez (luego lo reemplazó Estela Giffoniello) y Washington Navarro, había prosperado una impugnación en su contra impulsada por una mujer, ya que había sido denunciado por violencia de género. Además, según la víctima, Romano había incumplido con la cuota alimentaria. Tras solicitar una serie de informes, la Junta dispuso apartar al candidato del proceso electoral, y ordenar el corrimiento en la lista del FSL en Alberdi. “Admitir que quienes pretendan ocupar cargos públicos electivos enfrenten casos que involucran cuestiones de violencia de género y que, además, incumplan la responsabilidad parental, contraría las obligaciones asumidas por el Estado en esa materia, y el espíritu de la legislación nacional e internacional”, resolvieron Posse, Jiménez y Navarro Dávila.

Al conocer esa decisión, Romano, patrocinado por el abogado Gonzalo Ortega, recurrió al fuero Contencioso Administrativo. El camarista Rodolfo Novillo, sobre la base de los elementos de juicio, entendió que no estaba acreditada la inclusión de Romano en el padrón de deudores alimentarios. Así, suspendió precautoriamente la ejecución de la resolución 65/19 de la JEP. Y el 26 de abril, dictó una medida cautelar en favor de asegurar la participación del postulante.

“Creemos que la Junta se excedió al no proclamarlo como concejal, porque la medida cautelar que obtuvimos suspende los efectos de la resolución (de la JEP)”, analizó Ortega. Agregó que su cliente “está denunciado”, pero el proceso penal sigue abierto. “(Para que no pueda asumir) debería haber recibido condena, y estar firme. Con ese criterio, cualquier denuncia podría impedir una candidatura”, indicó el letrado. Anticipó que, cuando pase el receso invernal en la Justicia, solicitará una ampliación de la cautelar para que se le entregue el diploma a Romano.

Problemas de papeles

Flores es hoy concejal de Simoca. Y tras obtener 394 votos (el 4,75%) como cabeza de lista del Partido por la Seguridad Social (PSS), daba por hecho que había resultado reelecto. Pero se enteró esta semana, por LA GACETA, de que no recibiría el diploma. “Mi expectativa es positiva. Pero es una situación que ignoraba y que me resulta incómoda”, explicó Flores, que apoyaba la postulación a intendente del radical Luis González. En este caso, el PSS obtuvo primero el reconocimiento de personería jurídica-política de la Junta. Sin embargo, en una resolución posterior (20/19), la JEP consignó que ese trámite había sido concretado fuera de los plazos establecidos por el cronograma electoral. Por ello, el órgano a cargo de Posse decidió no habilitar el partido. Pero los apoderados recurrieron la decisión ante el fuero Contencioso Administrativo, alegando entre otros puntos que el adelantamiento de los comicios los había perjudicado. Así, el PSS obtuvo una cautelar favorable. “Me llama la atención que la JEP reconoció el partido, oficializó mi voto y convalidó mi participación, y luego resolvió no entregarme el diploma. Fue una elección con muchas complicaciones, sobre todo para un ‘acople’, pero reunió los votos necesarios para ser electo. Espero que se resuelva para bien, una vez que pase la feria”, afirmó Flores.