Desde hace muchos años, en el ámbito de la política circulan rumores de extorsiones o exacciones ilegales a trabajadores, por lo general, subempleados, que dependen de los dirigentes o de algunos funcionarios. En estos casos, se dice que estos se hacen quedar un porcentaje de su salario, como una manera permanente de cobrar el favor de haberles dado un empleo con una remuneración mínima. Son maniobras muy difíciles de probar ante la Justicia, porque casi nunca se denuncian.
Esta semana, se elevó a juicio oral el caso de un funcionario de la Municipalidad de Las Talitas, electo concejal en las elecciones provinciales de junio pasado, en la Sala II de la Cámara Penal. El funcionario está acusado de solicitar el 60% ($5.000) de un sueldo de $8.000 que percibían dos colaboradores, quienes lo denunciaron en marzo de 2016. En su declaración indagatoria, el imputado dijo que había solicitado ese dinero para una ayuda comunitaria para una parroquia y deslindó de responsabilidades al actual intendente por este hecho. “Solo les pedí una porción del sueldo para ayuda comunitaria: de hecho yo también la hago... nunca me quedé con dinero de nadie. Como había habido una mejora del sueldo, yo les transmití que con mayor razón su compromiso social tenía que ser mejor. Al intendente lo conozco porque trabajo con él desde hace muchos años, pero nunca me dio ninguna directiva en cuanto a pedir dinero de los empleados ni nada parecido. Como dije: eso fue una idea mía”, afirmó el director de Empleo e Intermediación Laboral de ese municipio.
Dos testigos del encuentro entre el funcionario y los colaboradores que se realizó en un centro comercial, donde este les habría hecho el pedido “voluntario”, refutaron la declaración del directivo. Los denunciantes dijeron que este comenzó a amenazarlos luego de la denuncia penal. Afirmaron que les impidió volver a sus puestos de trabajo por negarse a hacer el aporte y destruyó papeles vinculados a su asistencia.
El juez subrogante que confirmo la elevación de la causa a juicio dijo que el imputado había abusado de su cargo; exigió ilegítimamente una suma de dinero a las víctimas; las amenazó con dejarlas sin trabajo; les manifestó esa circunstancia en diferentes ocasiones y les impidió el ingreso a la institución en donde prestaban servicios, lo cual constituía un claro signo de intimidación. Señaló que todo ello estaba acreditado con las declaraciones testimoniales; las copias de los recibos de sueldo y del contrato de trabajo, incluida la propia indagatoria del imputado. Es positivo que este tipo de causas llegue a juicio. Las prácticas de “pedir voluntariamente” a subalternos la donación de parte de su salario, no son nuevas. El temor a quedarse sin trabajo hace que la víctima acate el pedido, menoscabando no solo su bolsillo, sino también su propia dignidad. Estas maniobras serían realizadas frecuentemente por algunos punteros políticos, que inexplicablemente siguen teniendo a su cargo la cesión de planes sociales que los otorga el Estado.
Más allá del resultado de este juicio, sería importante que justamente el Estado, que es el principal empleador, diseñara un sistema para erradicar definitivamente estas acciones o que creara un espacio protegido o reservado para que tras una denuncia penal, las víctimas de la corrupción no sufrieran el acoso del victimario y quedaran sin su empleo. Para ello tendrá que desarticular las redes que pacientemente se han tejido y consolidado a lo largo de año.