El gobernador Juan Manzur atenderá desde los desequilibrios financieros y las obras hídricas de los municipios oficialistas hasta sus actividades turísticas, deportivas y culturales. Esos variados destinos recibirán los $ 374 millones que les otorgó a los 15 intendentes de su signo político, según justifican los cuatro decretos sobre aportes no reintegrables que excluyen a las jurisdicciones gobernadas por la oposición.

La noticia no fue bien recibida en el macrismo provincial. De hecho, la senadora Silvia Elías de Pérez le envío una carta al presidente Alberto Fernández con el fin de denunciar la exclusión de los municipios opositores y solicitar para ellos aportes del Tesoro Nacional. Mientras tanto, en el Gobierno provincial prevalece el silencio: sin éxito, LA GACETA intentó comunicarse durante todo el día de ayer con el ministro de Interior, Miguel Acevedo. Así, aunque la oposición denuncia arbitrariedad y discriminación, todavía no hay ninguna explicación oficial sobre el reparto de fondos.

“Parcialidad manifiesta”

Tampoco el alfarismo eligió callar frente a la medida del gobernador. El secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Rodolfo Ocaranza, se quejó por la ausencia de un criterio equitativo a la hora de entregar dinero a los municipios. “Priorizar a algunos por sobre otros habla de una parcialidad manifiesta que no le hace ningún bien a la comunidad. Ser gobernados por un intendente de distinto signo político no debería implicar para los habitantes soportar una mayor parte de la carga de la crisis”, protestó.

Sin embargo, Ocaranza no pretende que el Gobierno retrotraiga la medida que beneficia a los municipios oficialistas; por el contrario, pide que incluya a todos: “yo no creo que haya que sacarles el dinero a los demás, porque lo necesitan. Pero sí creo que lo necesitamos todos y que no debería haber tucumanos A, tucumanos B y tucumanos C”.

¿Y el Pacto Social?

En los decretos del gobernador, como tucumanos de clase A aparecen los vecinos de Las Talitas, cuyo municipio recibirá el monto más alto: $ 60 millones. Su intendente, Carlos Najar, conjeturó que el criterio de distribución está relacionado con la adhesión, o no, de los municipios al Pacto Social. “Yo no entiendo esto como algo político-partidario porque hay municipios opositores que están dentro del pacto y reciben un monto mensual del Gobierno provincial. En cambio, Las Talitas no forma parte del pacto y gestionó con la Provincia estos recursos para buscar previsibilidad, porque el año pasado la quita del impuesto a las ganancias y la suspensión del IVA (impuesto al valor agregado) impactó directamente en las cuentas municipales”, argumentó.

A través del Pacto Social, el Ejecutivo provincial se comprometió a pagar los sueldos y costear servicios y pequeñas obras en las ciudades adheridas. A cambio, ellas cedieron los recursos coparticipables que les llegan desde la Nación. Son 12 los municipios que integran el convenio, incluidos los opositores Yerba Buena, Concepción y Bella Vista; mientras que siete permanecen al margen. La lista de estos últimos la integran los oficialistas Burruyacu, La Cocha, Las Talitas, Simoca, Graneros y Trancas, que ahora recibieron ayuda provincial, y el opositor San Miguel de Tucumán, que no figura en los decretos.

“Una nueva inequidad”

Entretanto, el jefe de Gabinete de la Municipalidad de Yerba Buena, Manuel Courel, denunció que Manzur discrimina a los habitantes de los municipios opositores: “el Gobierno provincial causa una nueva inequidad. No con nosotros, no con Mariano Campero ni con un intendente radical, sino con los vecinos de Yerba Buena. Está privilegiando, por ejemplo, a los vecinos de Trancas con $ 20 millones. ¿Por qué? ¿Porque el vicegobernador (Osvaldo Jaldo) es de Trancas? No vemos las razones y el ministro del Interior no explica cuáles son”.

En la misma línea, el legislador José María Canelada exigió que el Gobierno haga públicas las causas de esta decisión y anticipó que su coalición presentará un reclamo. “No sólo hemos pedido un informe, sino que estamos haciendo una presentación para que los municipios de Juntos por el Cambio, donde también viven tucumanos, reciban asistencia financiera como la han recibido los demás”, detalló.

Otro de los parlamentarios radicales que reaccionó ante el decreto del gobernador fue José Ricardo Ascárate, que le anticipó a LA GACETA que judicializará el sistema de coparticipación de la provincia.

Preguntas sin respuestas

Además, Ascárate presentó una interpelación al presidente de la Comisión de Asuntos Municipales de la Legislatura, Juan Enrique Orellana, para pedirle que intermedie entre él y el ministro Acevedo. Ascárate pide, entre otras cosas, que el Gobierno aclare cuál es el origen de los desequilibrios financieros de los municipios auxiliados. Es una de las preguntas que plantea la oposición y Acevedo aún no contesta.

Libre disponibilidad

Interior triplicó el dinero que reciben sus coordinadores

Mediante un decreto, el gobernador Juan Manzur aumentó de $ 40.000 a $ 120.000 la suma mensual con libre disponibilidad que reciben los coordinadores del Ministerio de Interior que actúan en los municipios y las comunas de la provincia. LA GACETA no consiguió comunicarse ayer con el titular de esa cartera, Miguel Acevedo, para consultarle las razones del incremento.

Por su parte, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Rodolfo Ocaranza, criticó el decreto: “la Provincia, por un lado, está con dificultades financieras claras, como lo manifiestan los conflictos sindicales que están empezando a verse y los inconvenientes presupuestarios para el pago de la cláusula gatillo, pero por otro lado eroga $ 370 millones de manera arbitraria para los municipios oficialistas. Y también, mientras por un lado ajusta en varios rubros de la administración, por el otro toma medidas poco comprensibles como este aumento de un dinero de libre disponibilidad”.

El Gobierno provincial atravesó el primer mes del año con una nueva política económica: la austeridad. El paquete de ajuste que decretó el gobernador el 6 de enero congeló los sueldos de los funcionarios por 180 días, restringió los fondos para viáticos, revisó las horas extras estatales y puso bajo la lupa las últimas designaciones.