La suspensión del servicio de mudanzas ha generado una situación excepcional en el sector inmobiliario. Desde que comenzó el aislamiento obligatorio, inquilinos, propietarios y fleteros desconocen cuándo podrán concretar los cambios de domicilio que quedaron a medias. Y un centenar de locatarios denuncian que eso implica que deben pagar dos alquileres en simultáneo.

Ocurre que numerosos contratos vencieron entre marzo y abril, justo cuando se deberían haber efectuados cambios de vivienda previamente pactados. Bajo la consigna “Permisos de mudanza ya”, afectados de todo el país solicitan al Gobierno que incluya ese servicio -con protocolos de prevención- entre las excepciones de la cuarentena.

El tucumano Álvaro González es uno de ellos. “Iba a mudarme el 21 de marzo y no pude. Somos más de 100 personas desamparadas. Llevamos la mitad de las cosas y vivimos con el resto embalado”, le contó a este diario.

Según asegura, él y su pareja deben pagar el alquiler, los servicios y las expensas tanto del departamento que dejaban como del que nunca pudieron hacer posesión. “Apelamos a la buena voluntad de los dueños. Las autoridades y los abogados que consultamos ofrecen respuestas distintas porque no hay nada claro”, manifestó.

El problema también incluye a fleteros que hacen mudanzas. “Es angustiante. Recibo pedidos desesperados todo el tiempo y no puedo trabajar bien. Estoy muy complicado”, relató Marcelo Cheto, que se dedica a ese servicio desde hace 20 años.

El decreto de alquileres

El 29 de marzo, el Gobierno nacional dispuso el congelamiento de los precios de los alquileres, la suspensión de los desalojos por falta de pago durante seis meses y la prórroga de la vigencia de los contratos por ese tiempo.

Uno de los vacíos del decreto 320/20 -según denuncian las partes- fue justamente la situación de las mudanzas que se iniciaron pero que no se concretaron. Sin embargo, los inquilinos advierten que sí existe un marco legal para sus casos. El artículo 1.203 del Código Civil y Comercial de la Nación señala que si “por fuerza mayor” un locatario se ve impedido de hacer uso de lo que contrató, puede pedir la cesación del pago durante el tiempo que perdure esa situación.

Fernando Juri Debo, titular de la Defensoría del Pueblo de Tucumán, considera que en caso de un pleito entre las partes, ese artículo terminaría por “darle la razón” al inquilino. “Si no se puede ocupar el nuevo lugar alquilado, no se debe pagar. No por capricho, sino porque no puede. Hay que ver cada caso”, planteó.

El ombudsman indicó que la Defensoría se encuentra “a disposición” para ofrecer mediación de forma gratuita si hay conflictos, aunque aseveró que aún no recibió ningún pedido formal. También indicó que habilitaron líneas telefónicas para atender consultas (por alquileres, 3816861367).

Desde las inmobiliarias

El presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Tucumán, Fernando Guzmán, cree los inquilinos y propietarios deberían elevar un pedido especial al Ministerio de Seguridad para concretar sus mudanzas (hay provincias que ya lo autorizan y la senadora Silvia Elías de Pérez solicitó que sea en todo el país ).

“No recibimos consultas específicas pero estamos al tanto del tema. Creo que las partes deberían llegar a una mediación respecto del pago de los sitios de los que no se pudo hacer posesión”, opinó. “Las obligaciones deberían iniciarse una vez que pase la cuarentena. Pero si luego el inquilino no se muda ya pudiendo hacerlo, ya no tendría en qué ampararse”, añadió.

Guzmán pidió que todas las partes “se pongan en los zapatos” de la otra. Virgilio Raiden, dueño de la agencia “Urban Brokers”, se expresó en la misma línea. “Es indispensable que se demuestre sensibilidad y flexibilidad. Deberían buscar una negociación que no sea de suma cero”, aconsejó.

Raiden -también es presidente de la Fundación del Tucumán- consideró que el perjuicio es tanto para locadores como para locatarios. “El propietario contaba con un dinero que el inquilino no puede pagar por fuerza mayor”, ponderó el especialista.