Chatarrerías
En 1887, durante la epidemia de cólera, tres médicos españoles fueron asesinados en Aguilares. Fermín Urrutia y sus colegas fueron atacados mientras ponían cal en un pozo infestado de cólera. Los bárbaros agresores, todos residentes de Los Sarmientos, llevaban años oponiéndose a la clausura de la única fuente de agua, aunque esta era claramente causa de contagio fecal oral. Este es solo un ejemplo más de pleitos entre ciudadanos que se generan cuando el Estado no puede garantizar el bien común con firmeza y compromiso. Del artículo publicado en este diario el día 6 del corriente, es notable cómo la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad no puede explicar a los contribuyentes por qué funcionan chatarrerías en zonas residenciales y de servicio, cuando el código de planeamiento urbano lo prohíbe claramente. El Intendente y los concejales de todos los partidos no pueden seguir manteniendo un lisonjero silencio mientras los casos de dengue aumentan día a día. El Siprosa no puede fumigar con drones, ya que la ANAC no los recomienda en zonas muy pobladas y no elimina ni disminuye la población de Aedes aegypti. En Villa 9 de julio, 300 vecinos firmamos un pedido al Ministerio de Salud y es probable que nos digan que tampoco pueden remover las toneladas de chatarra de nuestro barrio. La Justicia actuará de oficio ante la tragedia o el pleito. Les pregunto a los lectores ¿si el Estado no puede, quién va a garantizarnos el bien común?
Pedro Ottonello
¿Vivimos en Estado de derecho?
En un todo de acuerdo con la nota “La pandemia del caos” (de Irene Benito, 04/05). El Estado constitucional de Derecho es uno de los máximos logros de la civilización occidental. Aparte de la consagración de derechos y garantías de todos los habitantes, la división de poderes del régimen republicano, todos los representantes del pueblo, desde el Presidente de la Nación hasta el último funcionario de una comuna rural, son agentes del cumplimento de la ley y la Constitución. Formulamos esta pregunta al tomar conocimiento de que ministros de la Provincia, amparados en la emergencia sanitaria, suscribieron un convenio con la Municipalidad de Tafí del Valle y la comuna de El Mollar, luego de los ilegales controles que ejercitaron, durante más de 30 días, representantes de los aborígenes en la Angostura, el único acceso a los Valles Calchaquíes. Nos preguntamos sobre la condición de “colaboradores“ de la Policía, según la calificación del ministro de Seguridad, a quienes se arrogaron el poder de policíadel Estado hasta que un juez calificó de ilegales controles ejercidos bajo el mando de una autotitulada “cacica” de una comunidad indígena y le imputó graves delitos, desde violar la cuarentena obligatoria y usurpación de autoridad hasta entorpecimiento del tránsito vehicular. Los “colaboradores“ de la autoridad policial como ciudadanos comunes no existen en el diccionario institucional ni en el orden jurídico de las fuerzas de seguridad. Una cosa es la “participación ciudadana“, que es,esencialmente, proveer de información, denuncias o propuestas a la autoridad, y otra muy distinta es detener el tránsito, pedir documentos, datos personales, motivos de llegar a los valles, etc. Solo les faltaba sacar las impresiones digitales a los conductores. Las restricciones a los derechos de libre tránsito por motivos de emergencia sanitaria, que es hoy en día el bien jurídico protegido, son válidas si ellas son razonables, es decir si el medio elegido para cumplir el fin de la ley es adecuado y proporcional. Por ello, si el medio tolerado para cumplir el fin protectorio es ejercitado por personal civil, en este caso comuneros, se transforma en irrazonable y por lo tanto gravemente inconstitucional. El control del tráfico a los valles es facultad indelegable del Estado para cumplir con agentes de seguridad y sanitarios. Lo contrario a razonable es lo arbitrario y esto no cabe en el orbe jurídico. El control de la seguridad y de la sanidad podría realizarse de manera más sencilla. Basta para ello que, en los controles de acceso a los valles, además de la documentación personal, autorizaciones, etc., personal sanitario, como lo establece el DNU presidencial, controle la temperatura de todos los conductores y pasajeros. Si tiene más 37,5 grados se lo lleva a un centro asistencial para el probable control de la covid-19. ¿O acaso los proveedores, comerciantes, o el mismo personal sanitario o policial no pueden ser portadores del virus? Si algunos particulares se arrogan el derecho de controlar y autorizar la circulación por las rutas, son simplemente “parapoliciales“ y que sepamos fuera de Venezuela no existe tamaña irregularidad en ningún país del continente americano. La conclusión es que Tucumán, lamentablemente, por irresponsabilidad política e institucional, no vive el Estado Constitucional de Derecho y esto es lo más grave que nos puede pasar en democracia.
Benito Carlos Garzón
estudiogarzonyasoc@hotmail.com
Aprendizajes
Bueno niños… Ya pronto a finalizar el ciclo lectivo, cuarentena obligatoria, vamos a realizar una prueba evaluatoria de todo lo aprendido en estos últimos días, para lo cual deberán responder con toda sinceridad. Empezaremos por los más chicos… A ver, abuelo, ¿Cuántos juguetes arregló? ¿Cómo va con el manejo del celu y las redes sociales que le enseñan los nietos? ¿Logró compañía para jugar al ludo, la dama, el ajedrez o el Ta-te-ti ? Y las mamis, ¿Ya aprendieron lo que debían estudiar sus niños y se enteraron de que la fulana de aquel sale con el fulano de la vecina chusma? Y pasame las fotocopias del último deber, y la receta del locro, de los bollos caseros y del pan casero… y no te olvidés de llevar cigarrillos para esta noche cuando juguemos a la lotería, la loba o el chinchón. Yo, por lo pronto, aprendí a secar bien los platos y acomodarlos en su lugar y hago unos guisos espectaculares. Los niños ya están hartos de nosotros y añoran esos minutos de recreo, pero con sus compañeritos. En resumen, todas las experiencias adquiridas que no sean en vano; las afiancemos y las apliquemos en la nueva vida que se avecina.
Francisco Amable Díaz
Pedro G. Sal 1.180 Barrio 20 de Junio
San Miguel de Tucumán
Nepotismo, esa otra pandemia
La pandemia más la crisis económica es un cóctel explosivo que está haciendo estallar prácticas de la política que tiempos atrás la opinión pública las consideraba “cuasi normales”, por el hartazgo de formular reclamos y denuncias sin repuestas precisas y serias de los funcionarios, porque no existe una ley que ordene a los responsables en cualquier nivel de administración responder a los requerimientos de la sociedad en el manejo de las cuentas públicas. Esta falencia llevó a que un sector importante de la comunidad considere a los actos de gobiernos reñidos con las leyes como normales, ensayando justificativos como, “roban pero hacen”. La crisis hizo salir a la consideración pública otro factor nocivo para los intereses de la Provincia, que LA GACETA en su edición del 19/4 puso en la mesa de discusión, justo cuando la crisis amenaza llevarse todo por delante y estando toda la familia en casa. Ese nuevo factor adverso se llama nepotismo (trato en favor de familiares), que profundiza la desigualdad entre grupos familiares, que perciben abultados ingresos del Estado provincial y los otros que ya no pueden ni comer; en medio de la crisis la información periodística dejo en claro con nombre, cargos y antigüedades, quienes desde hace tiempo vienen usufructuando las ventajas del nepotismo. Este virus institucional también afectó a los partidos políticos; logró que desaparecieran los dirigentes, los militantes etc., para que suban al escenario los familiares de los supuestos conductores con poder económico, modificó el funcionamiento de las agrupaciones políticas, borró de la escena las internas partidarias, que fueron verdaderas fiestas institucionales, de donde surgían los genuinos candidatos para la elección futura, el nepotismo eliminó esas prácticas; hoy los candidatos se deciden en la alcoba, en la cocina o en la mesa familiar. Es tan notorio el daño que este “virus” produjo en la función pública, que una depuración en la gestión de Estado dejaría prácticamente desierta la administración pública. La pandemia es una enfermedad epidémica que se extiende al mundo; el nepotismo es una corruptela política, que le permite al que se vanagloria del poder, gastar millones de pesos del pueblo en el intento de colocar a un familiar en un cargo público. Para frenar la ovid -19 aún no existe una vacuna en el mundo; para terminar con el virus del nepotismo hace falta tan sólo una ley. En resumen, en esta situación de crisis, los grupos familiares terminan peligrosamente endeudados, el nepotismo familiar no.
José Emilio Gómez
El sueño de ser bombero
Mi nieto, de 5 años, es alumno de primer grado y hace puntualmente las tareas que su “seño” le manda por celular todos los días. Hoy le mandó la siguiente consigna: “Di qué te gustaría ser cuando seas grande y dibújate”. Al preguntarle mi hija, qué le gustaría ser cuando sea grande, sin dudar un instante, el niño contestó: “bombero”. Y respondió a la consigna con palabras y el dibujo. Mientras él hacía esta tarea, yo pensaba: “Pobre mi pequeño, si supiera qué pocas aspiraciones podrá tener económicamente, y cuánta ingratitud tendrá que soportar si concreta su sueño”. Que hoy, en su día, la virgencita de Luján los bendiga y los acompañe en su camino, a él y a quienes le inspiran su sueño.
Daniel E. Chavez
Pasaje Benjamín Paz 308
San Miguel de Tucumán
El valor de la Constitución
El 1° de mayo pasado no sólo se celebró el día del trabajo, sino también el de la Constitución Nacional argentina (en Tucumán pasó desapercibido). Se eligió ese día en conmemoración del aniversario de su sanción (año 1853), por el Congreso general constituyente reunido en Santa Fe. La promulgó Urquiza el 25/05 y fue jurada por todas las provincias el 9 de Julio de ese año. El constitucionalismo es una forma de vida política que busca racionalizar el ejercicio del poder, para asegurar a los seres humanos el goce de sus libertades y el respeto de su dignidad. Para lograrlo, se vale de: 1) Declaración de una constitución. 2) Separación y control de los poderes del Estado. 3) Que el origen del poder, las condiciones de su ejercicio y las autoridades provienen del consentimiento popular. 4) Distinción entre poder constituyente y poderes constituidos. En nuestro país la Constitución, o también llamada Carta Magna, es la ley fundamental y orgánica del Estado. Es fundamental porque todas las demás leyes deben guardar armonía con sus principios. Es orgánica porque fija la estructura institucional. Como ciudadanos, tenemos que comprender que un sistema de gobierno representativo, republicano y federal tiene como objeto fundamental lo que se expresa en nuestra Carta Magna: “Constituir la unión nacional, afianzar la justicia, la paz interior y la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad de todos”. El velar por el cumplimiento de lo establecido por la Constitución es un compromiso de todos y no sólo de la Corte Suprema o de los jueces. Todos los funcionarios administrativos y legislativos nacionales, provinciales, municipales y comunales e incluso los ciudadanos (nosotros, el pueblo), tenemos la obligación permanente de velar por la supremacía de sus principios y por el acatamiento de sus disposiciones, ya que sólo así aseguraremos la paz, la libertad, el bien común y la dignidad de las personas. Lo que ha ocurrido y sucede en nuestro país no proviene de las deficiencias de la Constitución. Casi no hay un mal político, económico, ambiental y social que no provenga de la violación directa o indirecta de sus principios o de la astuta e infiel interpretación de sus principios. Para finalizar con esta carta, transcribo el pensamiento de nuestro comprovinciano Juan B. Alberdi, sobre la Constitución: “Bien sabido es que una constitución libre es un límite, una barrera puesta por un pueblo soberano a los tres poderes en quienes delega el ejercicio temporario de su soberanía. La constitución se supone hecha por el pueblo y emanada del pueblo soberano: no para refrenarse a sí mismo, ni para poner límites a su propio poder soberano, sino para refrenar y limitar a sus delegatorios, que son los tres poderes que integran el gobierno nacional”. Tenemos que volver a las fuentes, de lo contrario, pobre república, navegado en un barco sin ciudadanos y sin un puerto a donde ir.
Juan Francisco Segura