La carga que el Estado provincial impone sobre los productores agropecuarios -que actúen como agentes de retención- ocasiona costos de implementación que perjudican aun más sus arcas, ya deterioradas por causas económicas, impositivas y climáticas, que afectan campaña tras campaña.
Las normas sostienen que los deberes de colaboración de los particulares para con el Fisco deben ser impuestos sólo ocasionalmente, en tanto y en cuanto lo requerido no exceda lo razonable en materia de cantidad y calidad. El problema toma otra dimensión cuando se transforma en cargas permanentes y obligatorias, porque pasa a ser un verdadero endoso de actividades oficiales al sector privado, bajo el apercibimiento de sanciones que delatan que la administración es incapaz de llevar a buen término el cobro de tributos.
A costa del privado
De más está decir que la recopilación de la información y su compilación mediante la utilización de un aplicativo informático significa un trabajo soportado por el contribuyente o responsable, a favor del Fisco, al cual le resulta gratuito. Para el responsable de su cumplimiento implica como mínimo la disposición de recursos humanos, tecnológicos y de tiempo, que suelen tener costos importantes.
El Estado, mediante estos regímenes, pretende resolver un problema de ineficiencia en la fiscalización de los contribuyentes, al trasladar a estos un sistema de cruzamiento de datos mediante el anticipo de la recaudación de los impuestos en todas las etapas de la cadena de producción y comercialización.