El Ministerio de Seguridad provincial advirtió que se castigará a quienes inciten a la violencia colectiva, infundan temor, alienten el desorden o tumultos a través de las redes sociales. Además formuló una denuncia por “intimidación pública” a través de las plataformas virtuales ante la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Fiscal.

La medida se formuló luego de que se viralizaron imágenes de un supuesto saqueo a una distribuidora de bebidas, el viernes a la tarde. Este hecho se dio en un contexto de agitación social derivado del linchamiento que un grupo de vecinos le propinó al sospechoso de la violación y la muerte de Abigail Riquel.

No puede negarse que Tucumán necesita de forma urgente regulaciones sobre el comportamiento en las redes sociales, en paralelo con las normativas que rigen la vida real, como ya ocurre en otras provincias argentinas y en numerosos países. Las redes sociales constituyen una herramienta poderosa que, más allá de su virtualidad, termina impactando en la realidad con contundencia. Marcan tendencias, comportamientos, generan influencias, masifican rumores, amplifican verdades y mentiras, desinformaciones, potencian campañas solidarias y ayudas sociales, pero también expanden la paranoia, las calumnias y las injurias, el caos y la violencia, como ya se ha visto en miles de casos por todo el mundo.

Ahora bien, el Estado tucumano debería antes dar el ejemplo en materia de acciones virtuales y corregir varias y profundas contradicciones en materia de desinformación.

Primero, porque Tucumán es una de las pocas provincias que no cuenta con una ley de acceso a la información pública, instrumento fundamental para que las democracias sean más transparentes y maduras. Esta carencia constituye un acto primario de censura hacia la sociedad, impedida de estar informada acerca de los actos de gobierno.

Segundo, se deberían desactivar equipos de opinadores virtuales, conocidos como “trolls”, utilizados desde algunos sectores oficiales para atacar a voces opositoras, políticas o civiles, generar propaganda, producir o revertir tendencias de opinión y hasta calumniar e injuriar a los díscolos, entre muchas otras acciones carentes de ética. En definitiva, equipos de personas organizadas para engañar a la sociedad, infundir temor y arengar contra los disidentes.

En tercer lugar, el Gobierno, con el proceder de muchos de estos actores, pierde parte de su autoridad y de la ecuanimidad necesaria para juzgar, señalar o perseguir a supuestos delincuentes telemáticos, sin riesgo de atentar contra la libertad de expresión y de imponer un régimen de censura más propio de las dictaduras. Llama la atención, además, que se tomen este tipo de medidas cuando es el propio gobierno el que se ve afectado por campañas difamatorias, mientras que no se acciona en lo más mínimo cuando son terceros los afectados, a veces incluso por operaciones orquestadas desde esos sectores del Estado.

Acerca de la intimidación pública, el Código Penal castiga con penas de entre dos y seis años de prisión a quienes infundan temor, susciten a la violencia colectiva, el desorden y el tumulto. “Por la sola incitación”, advierte textual

Si bien se trata de un marco regulatorio base, Tucumán necesita de forma urgente leyes específicas sobre el comportamiento en las redes sociales. Lo que no contribuye al orden y a la pacificación social son medidas arbitrarias, no consensuadas, que rayan la censura, y más grave aún, tomadas en defensa del propio gobierno y no de la sociedad toda.