El régimen conclusional es la caja de Pandora de la Justicia. Lentamente se va conociendo la cantidad de causas de violencia de género que quedaron sin resolverse antes de que se pusiera en marcha el nuevo Código Procesal Penal. Superan las 6.000, según la información a la que pudo acceder LA GACETA. Allí terminaron las seis denuncias de Paola Tacacho, que no logró que se resolvieran (seis fueron archivadas y la restante se rechazó su elevación a juicio). Allí también se encuentra el expediente de “L”, otra víctima de acoso que decidió hacer público su caso para que lo resolvieran más rápido.

La fiscala Adriana Reynoso Cuello está al frente de las fiscalías conclusionales de Robos y Hurtos y de Violencia de Género. Con 10 empleados tiene tres años para resolver nada menos que 10.000 expedientes (7.500 de delitos contra la propiedad y otros 2.500 de amenazas y lesiones denunciadas).

A medida que vaya resolviendo, las irá pasando a los juzgados que ya tienen otras 4.000 causas de este tipo por resolver. La corte Suprema de Justicia de la provincia pidió prioridad a los expedientes de los delitos más graves (homicidios, abusos sexuales y robos agravados). Si se cumple a rajatabla esa orden, varios de los hechos de violencia de género podrían prescribir.

“Ya nada me sorprende del sistema judicial y mucho menos después de los casos de Paola y de Claudia Lizárraga”, explicó Noelia Barros, de Mumala. “Tampoco me extraña que haya tan poco personal dedicado a entender estos casos. Ese colapso institucional se da en todo el país. Por ese motivo cada vez hay más archivos de causa”, añadió.

Según el informe al que accedió LA GACETA, en todo el 2019 al Ministerio Público Fiscal ingresaron alrededor de 23.000 denuncias por amenazas solas y amenazas con lesiones. De ese número, el 40% pertenecen a víctimas de violencia de género. “Es un número altísimo. Por eso se crearon dos fiscalías especializadas para atender estos casos”, comentó un funcionario.

Las mismas fuentes confirmaron que por mes, en lo que va del 2020 pueden ingresar hasta 1.500 denuncias por mes en promedio de violencia de género. El 90% de esos expedientes son iniciados por las víctimas para conseguir de manera urgente una medida de protección (prohibición de acercamiento y exclusión del hogar), pero después no continúan con la acción penal en contra del denunciado.

“Es así y tiene una razón: con una medida así, las mujeres se sienten más protegidas. Llaman a la Policía y, al informarle cuál es su situación, actúan en el acto”, explicó Barros. Por su parte Vicky Disatnick, de la Casa de las Mujeres, agregó: “después de mucho trabajos logramos que las víctimas se animen a denunciar más, pero lamentablemente, la Justicia no las está protegiendo”.

- Fe de erratas

Por un error se informó ayer que los vocales Claudia Sbdar y Daniel Posse habían firmado un fallo de la causa Claudia Lizárraga, cuando en realidad lo habían hecho las camaristas Juana Juárez y María Fernanda Bahler.