Los comicios legislativos de Venezuela estuvieron atravesados por graves irregularidades, según la denuncia de un grupo de la comunidad internacional. Ya son 16 países americanos, incluidos los miembros del Grupo de Lima, que denunciaron la ilegitimidad de la votación,  organizada por el chavismo y desconocida por la oposición. En ese lote, no aparece aún la Argentina.

En la declaración, firmada por Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Santa Lucía se hace hincapié en que las elecciones “carecen de legalidad y legitimidad porque fueron llevadas a cabo sin las mínimas garantías de un proceso democrático, de libertad, seguridad y transparencia ni de integridad de los votos ni la participación de todas las fuerzas políticas ni de observación internacional".

El gobierno de Alberto Fernández evitó pronunciarse sobre el proceso electoral. Igual postura tuvieron las autoridades de Bolivia. Tampoco firman la declaración México y Uruguay; aunque el gobierno uruguayo dijo que elecciones carecieron "de garantías mínimas".

Según distintos analistas, el Presidente opta por el silencio porque sabe que cualquier definición que adopte provocará enojos en la coalición gobernante, integrada por dirigentes que condenan la dictadura chavista y por otros  que respaldan a Maduro incondicionalmente.

“Tenemos una nueva Asamblea Nacional elegida por el voto del pueblo, gran victoria de la democracia, de la Constitución”, afirmó el presidente Nicolás Maduro en horas de la madrugada luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunciara los resultados de la elección legislativa.

Indira Alfonso, presidenta del órgano electoral, informó que, con 82,35% de los votos escrutados, la participación fue de 31% del padrón electoral, para un total de 5.264.104 votos. De ese total, el Gran Polo Patriótico, encabezado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, alcanzó el 67,6% con 3.558.320 votos, la alianza de Acción Democrática, Copei, Cambiemos, Avanzada Progresista, y El Cambio obtuvo 17,95% con 944.665 votos, la alianza Venezuela Unida, Primero Venezuela, y Voluntad Popular Activistas consiguió 4,19% con 220.502 votos, el Partido Comunista de Venezuela logró 2,73% con 143.917 votos, y 6,79% del padrón fue a “otros” partidos.

El resultado fue largamente esperado luego de una jornada donde uno de los ejes centrales del debate fue cuál sería la participación total. La derecha que no participó había afirmado desde la tarde, sin pruebas, 80% de abstención y, como era predecible, afirmó que el resultado anunciado por el CNE representa un fraude.

Se trató de una elección compleja, marcada por varios factores. En primer lugar, una situación económica difícil, bajo bloqueo estadounidense, signada por varios años de dificultades donde el 2020 fue particularmente marcado por momentos críticos de desabastecimiento de gasolina en Caracas, problemas de servicios básicos, como agua y luz, aumento de precios y del dólar.

En segundo lugar, la contienda estuvo marcada tanto por el llamado a la abstención por parte de un sector de la oposición, como parte de un conjunto de actores políticos y mediáticos internacionales, principalmente de Estados Unidos (EEUU), países del Grupo de Lima, la Unión Europea, que, durante meses, llamaron a no votar y realizaron acciones de presión diplomática y económica sobre dirigentes de oposición que se presentaron en la elección.

En tercer lugar, se trató de una elección dentro de un cuadro general de desgaste, tanto de la política como de la economía, con ambos elementos relacionados. Los últimos cinco años estuvieron marcados en el país, además de por el cuadro económico, por una sucesión de episodios de gran confrontación, como el 2017 o 2019, producto de una estrategia opositora que buscó un derrocamiento del gobierno.

Como señaló el opositor Enrique Ochoa Antich, quien afirmó que nunca hubo fraude en los años anteriores, “cada victoria (de la oposición) servía para acumular fuerza rumbo a las presidenciales del 2018, pero nos salimos de la ruta y botamos el juego”. Salirse de la ruta significó intentar acciones de fuerza de manera periódica, hasta llegar a desarrollar la estrategia de instituciones paralelas, que comenzaron en el 2017 con un “Tribunal Supremo de Justicia en el exilio”, y llevaron a la creación de la “presidencia interina” en el 2019.

Lo que una parte de la oposición decidió, aquella que se presentó, fue regresar a la ruta electoral, para lo cual estas elecciones fueron la primera gran instancia de participación. El resultado, de un poco más de 1 millón de votos, indicó que esa oposición, compuesta de actores viejos, fracturas de partidos y nuevas formaciones, no logró una traducción significativa de su progresiva centralidad política en votos.

En cuanto al chavismo, que había obtenido 6.248.864 en la presidencial, tuvo una baja en cantidad de votos, a la vez que la capacidad de mantener un caudal grande, en un escenario muy complejo, para obtener la mayoría en la Asamblea Nacional.

El número de 31% de participación fue menor que el de las presidenciales del 2018, con 46,1%, pero mayor, por ejemplo, al de la elección legislativa del año 2005, cuando la oposición decidió abstenerse de participar, iniciando así una táctica repetida que, hasta el momento, no trajo resultados de acumulación política. Aquel año, la participación fue de 25% del padrón electoral.

Como se preveía, la oposición de Guaidó reclamó para sí una victoria producto de la abstención, y bajo ese discurso, volvió a llamar a la votación en la “consulta popular”, que será hecha vía una aplicación de teléfono y de manera presencial el día 12. La consulta será el mecanismo para construir un discurso que legitime el mantenimiento de la “presidencia interina”, que cuenta públicamente con un respaldo bipartidista en Estados Unidos.

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Sin embargo, tanto la realización de la “consulta popular”, como el anuncio que de allí se desprenderá, no responde a la pregunta de qué hará el sector que aún se mantiene con Guaidó luego del 5 de enero -día en que se juramente la nueva Asamblea Nacional- en particular debido a su dependencia de Estados Unidos, donde está en marcha un cambio de administración y posibles modificaciones de abordaje del expediente Venezuela.

Capriles Radonski, quien en primer lugar iba a participar de las legislativas, y finalmente dio marcha amparándose en la decisión de la Unión Europea, calificó la iniciativa de la “consulta” como de “llamado a una movilización sin soluciones tangibles”. Esa falta de horizonte en los llamados de Guaidó es uno de los principales elementos que explica por qué su base social y capital político se erosionaron de forma sistemática durante más de un año y medio.

En ese contexto, varios hechos ya son irreversibles. El primero y principal, es que habrá una nueva Asamblea Nacional a partir de enero, algo modificará la situación política nacional. Esa Asamblea tendrá como objetivo urgente abordar la situación económica, lo que pasará por posibles acuerdos internos y diálogos con Estados Unidos, que sostiene el bloqueo. Otro hecho parece ya irreversible: la formación de una nueva oposición que si bien obtuvo menos votos de lo que pensaba, es un actor que marcará parte de la dinámica futura. Esa oposición, a la cual seguramente se le sumarán más actores, disputará las elecciones a alcaldías y gobernaciones en el 2021.

Por último, el resultado general de la votación, y en particular la tasa de abstención, pone sobre la mesa la necesidad de abordar asuntos como de renovación de discursos, dinámicas políticas, en el marco de un conflicto prolongado que ha dejado marcas profundas en la sociedad.

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