LIBERTAD DE PRENSA

Casi equivale a “Justicia independiente”. Si un abogado (penalista) del foro local se atreve a una denuncia en contra de la periodista de LA GACETA Irene Benito por los motivos que detalla sobre difusión de causas penales y de casos de corrupción pública, está en la vereda de enfrente del ejercicio de la libertad de prensa. Bien por la periodista profesional que nos hace abrir los ojos para ver mejor en el entramado neblinoso de muchas causas que no las entenderíamos sin su claro análisis y exposición de los hechos, sea por sus escritos individuales o los que escribe asociada con Aurane y Van Mameren. La libertad de prensa no puede ser relativa. La Justicia tampoco. Felicito a Irene Benito y a la vez le agradezco por sus valiosos aportes al periodismo que merecemos y necesitamos.

Carlos Duguech

c.duguech@gmail.com

DOCENCIA Y FIN DE ÉPOCA

El inicial (salario mínimo docente) de $ 27.500 (20% sobre el salario mínimo vital y móvil), a partir de diciembre de 2020, no tiene incidencia en el mínimo provincial ($ 31.770). Cero aumento. Se prorroga durante cuatro meses (terminaba en noviembre) el pago de una suma extraordinaria (Fonid-suma extra 2020/2012) de $ 4.840 en cuatro cuotas iguales mensuales y consecutivas de $ 1.210 (diciembre, enero, febrero y marzo) y material didáctico ($ 210). Sin compromiso de incremento (depende de la recaudación de impuestos a automotores). El salario docente, según afirmaciones, creció cuatro veces desde 2016. Básico según inflación desde 2016 ($ 4.486,95-2016- ; $ 5.536, 44 -2017-; $ 6.662, 71- 2018 y $ 10.257,80-2019): $ 15.222,58. Inflación acumulada desde 2016 (0%; 33%; 54,73%; 129,72%): 239%. Salario sin cuadruplicarse. Sin aumento salarial 2020 (básico 2019) $ 49.911 para no ser pobre. Lejos del cargo de maestro (181 puntos y mediana antigüedad) y del acumulado de un Kg. de carne ($ 600). De la dorada época docente (salarios apaciguados por extintas cláusulas gatillo y bonos navideños, cobrados a fin de año, enero o febrero) a los soliviantados años de comienzos del 2018, agravados por la pandemia. La transición convulsa, vista retrospectivamente, entre una época excepcional y la búsqueda de un nuevo punto de partida sin visos inmediatos de equilibrios.

Pedro Pablo Verasaluse

pedropabloverasaluse@gmail.com

NARCOTRÁFICO

La vorágine informativa diaria, muchas veces, impide procesar debidamente los vertiginosos acontecimientos que ocurren sin solución de continuidad. Y si a eso le sumamos un hecho extraordinario, como lo es la muerte de Maradona, peor aún. El impacto que nos provoca una noticia es superado inmediatamente por otra, sin siquiera poder dimensionar acabadamente la anterior. Esto ocurrió, por ejemplo, con la amplia cobertura que este diario le dio al descubrimiento de una banda narcotraficante en dependencias del Siprosa. Ya no asombra a nadie la inmensa cantidad de droga que circula en la provincia, y sus terribles consecuencias, ante la absoluta pasividad del Gobierno. Pero que las estructuras estatales sean usadas para este ilícito supera lo indecible. Los testimonios detallan la pavorosa impunidad con la que se movían “empleados sindicales” relacionados con el referente gremial Reneé Ramírez, actual legislador. Pero lo peor de todo, luego de que este diario denunciara el hecho, fue el atroz silencio del legislador, que no brindó ningún tipo de explicación y más aún, nadie del Gobierno le exigió las aclaraciones pertinentes. Cuando el flagelo de la droga ya azota sin piedad a la provincia, es inaudito que ni el gobernador ni el vice hayan dicho esta boca es mía ante la denuncia periodística. Actuaron como si nada hubiera ocurrido y no es el primer hecho que sucede con personal estatal en este tipo de delito. Indigna todavía más que el legislador Ramírez, que maneja el submundo sindical y está deslegitimado por sus propios representados, integre la comisión de juicio político que “crucificó” al juez Pedicone en su litigio con el vocal Leiva. ¿Qué autoridad moral puede tener para acusar a nadie? ¿Cómo puede ser que no le deba ni una sola explicación de semejante hecho a ninguna autoridad judicial? Si el gobernador y el vice callan, ¿otorgan? Ante esta condenable actitud, le advertimos al Ejecutivo provincial que el caballo de Troya del narcotráfico ya está adentro del Estado y tal como ya vimos en otros estados narcos, desde allí se comienza a expandir por las estructuras de poder (dependencias judiciales, fuerzas de seguridad, etc.) para lograr sus siniestros objetivos. Las máximas autoridades provinciales deben despertar inmediatamente de su letargo interminable y ocuparse de la cuestión, antes de que sea demasiado tarde. A diferencia de todos los otros problemas que no solucionan porque nunca van a sufrir sus consecuencias (transporte, pobreza, educación, salud, desempleo, etc.), en este sí les va a tocar las generales de la ley. ¡El legislador Morof ya puede dar testimonio de ello!

Ricardo A. Rearte

Pasaje Díaz Vélez 66

Monteros

SENDERO DE LOS HÉROES

En relación con la nota del 06/12, donde se transcriben expresiones de Delfina Amenábar, quien, refiriéndose a su padre (el doctor Jesús María Amenábar), se lee: “De ninguna manera ofreció su vida: lo abandonaron. A él y a todos los que murieron. Siguen ignorando a los que están vivos y yendo a trabajar…”. En la misma nota también se ve foto de un sector del “Sendero de héroes” (foto donde se percibe el nombre del Dr. Jesús M. Amenábar) con que el Colegio Médico de Tucumán hace un homenaje al personal de la salud, sería a quienes se encontraban trabajando en el tiempo de contraer covid-19, causal directo o indirecto de sus muertes. A la vez, en distintas redes sociales se puede leer el total del contenido de la publicación de la citada Delfina Amenábar, dando su opinión en relación a los homenajes realizados el 03/12, Día del Médico. También, de la misma forma, circulaba viralizada una lista con los nombres del personal de la salud muerto por covid-19; con asombro vi que en esa lista figuraba el nombre de un profesional de la salud, quien, hace más de un año, a mitad de semana, paseaba con un perro en espacio público, vestía remera, bermuda y zapatillas deportivas, disfrutando del tiempo libre que le daba su condición de jubilado. Con urgencia se debería rever, caso por caso, a fin de no desvirtuar el noble objetivo de la comisión directiva del mencionado Colegio profesional, de tal forma en el mencionado “Sendero de Héroes”, figure sólo el nombre del personal de la salud que se encontraba en actividad, trabajando en tiempo de pandemia y por tal motivo murieron por covid-19.

Elisa N. Córdoba

Gobernador Gutiérrez 975 PB

San Miguel de Tucumán

REAJUSTE CONGELADO

Soy un jubilado a quien la Anses tiene congelado el reajuste jubilatorio desde el mes de julio de 2019. Desde esa fecha no he podido llegar hasta la filial que mantiene en Yerba Buena porque la cuarentena cerró sus puertas. Debo aclarar que soy un jubilado por la ley 22.969 que establece que el monto de la jubilación no debe ser inferior al 85% de lo que perciben los profesores con dedicación exclusiva en ejercicio del cargo. Ahora bien, para conseguir que el reajuste se efectúe con la citada ley es necesario efectuar un reclamo administrativo. Como parece que la Anses y la Universidad Nacional de Tucumán andan con paso cambiado, se hace necesario obtener una certificación de la UNT con el listado de los sucesivos incrementos desde julio de 2019 hasta la fecha. Mis palabras van dirigidas a quien mantiene clausuradas las puertas de la delegación de la Anses en Yerba Buena, a fin de que levante su clausura, para que así podamos explicar nuestra situación y la de otros jubilados que están llegando al final de sus días.

Alberto Manuel Martínez

Salas y Valdés 1.411

Yerba Buena

LA INTERVENCIÓN AL SUBSIDIO

No puedo disimular mi desazón y me disconformidad por la falta de respuestas concretas y genuinas en favor de los afiliados al Subsidio de Salud. A través de la Ley 3.600 del año 1969 se cambia la denominación del organismo provincial con autarquía administrativa por Instituto de Seguridad Social de Tucumán, creándose un área específica de Subsidio de Salud para cubrir las necesidades de salud del personal activo del sector público y jubilados y pensionados. Dicho organismo era administrado por un directorio cuyos miembros duraban cuatro años en sus cargos; compuesto por un presidente, un vicepresidente y tres vocales, dos de estos representaban a los empleados en la actividad y al sector pasivo. En 1990 el Gobierno de Tucumán, sin fundamento serio, interviene al mencionado instituto y con ello a nuestra obra social que, corresponde aclarar, al momento de ser intervenida funcionaba con superávit en su gestión económico-financiera. Queremos recordarles que el personal activo del sector público y los jubilados y pensionados aportamos el 4,5 % de nuestras remuneraciones y el Gobierno debe aportar igual porcentaje para cubrir el 9%, recursos estos que deben ser administrados con racionalidad y eficiencia para cubrir las necesidades y coberturas de salud establecidas por ley en beneficio de sus propios aportantes. Sin perjuicio de nuestras penurias para acceder en forma ágil y completa a las coberturas de salud que les corresponden a todos los afiliados del subsidio, se suma el reclamo de los prestadores de la obra social, quienes solicitan el pago de los honorarios adeudados. Nos llama poderosamente la atención esta situación puesto que al afiliado le descuentan anticipadamente la cuota correspondiente todos los meses que, sumados al aporte del Estado provincial, se estima que se cuenta con los recursos en tiempo y forma para cumplir adecuadamente las coberturas de salud y con las prestaciones de los profesionales, sanatorios y demás servicios complementarios. ¿Habría alguna explicación para esta situación? Resulta imprescindible que el Estado brinde una solución a esta problemática con los prestadores que reclaman sus honorarios desde hace más de siete meses y que además amenazaron con no atender a pacientes de covid-19. Después de 29 largos años de silencio y ocultamiento desconocemos el estado de situación de la obra social, al no tener información de los balances de esta dilatada e necesaria intervención. Por último y con relación a los jubilados pensionados transferidos le pedimos al gobernador Manzur que tome la honrosa decisión política de reconocer sus legítimos derechos y ordene el pago de movilidad y porcentualidad de los haberes previsionales congelados desde el año 2009. También, como una forma de transparentar la administración y gestión del Subsidio de Salud, solicitamos el cese de la intervención y que se devuelva esta obra social a sus legítimos dueños .

Carlos Núñez

Paraguay 3.282

San Miguel de Tucumán