Amnistía Internacional (AI) alertó hoy a Naciones Unidas y a la Organización de los Estados Americanos (OEA) por los ataques que sufrieron periodistas, comunicadoras, activistas, legisladores y legisladoras por su posición a favor de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
La organización llamó a “avanzar hacia un debate sin violencia” sobre el proyecto de ley que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y está en trámite en el Senado. También expresó su preocupación antes las presidencias de ambas cámaras del Congreso, según un comunicado difundido hoy.
El Episcopado cuestionó a la dirigencia política por la “febril obsesión” para legalizar el abortoLa nota fue remitida a Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de los y las defensoras de derechos humanos; a Elizabeth Broderick, que preside el Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas, y a Dubravka Šimonovic, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer de las Naciones Unidas.
También fue dirigida a Joel Hernández García y a Margarette May Macaulay, a cargo de las relatorías sobre defensoras y defensores de derechos humanos y sobre los derechos de las mujeres, respectivamente, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA).
La presentación alude a "amenazas y hechos de violencia ocurridos entre el 3 de noviembre y el 17 de diciembre de este año" y solicita que se exhorte al Estado argentino a "adoptar las medidas necesarias para prevenir las intimidaciones en contra de defensoras de derechos humanos y proteger eficazmente a quienes se encuentren en riesgo”.
AI señaló que “la aparición de pintadas con el mensaje ‘si hay aborto hay guerra’, luego del anuncio de presentación del proyecto; acciones coordinadas de amedrentamiento y acoso online; insultos en la vía pública contra periodistas y comunicadoras que están a favor del aborto; y los escraches realizados por manifestantes en los domicilios de legisladores que se pronunciaron a favor del proyecto de ley, requieren de la intervención del Estado”.
Qué opinan sobre el aborto los creyentes de Tucumán y el NOA, según un estudio del ConicetTambién recordaron que la organización advirtió “en sus informes Pañuelos Verdes y Corazones Verdes el efecto intimidatorio de la violencia contra las defensoras de derechos humanos, que hace que muchas se abstengan de participar en los debates, modifiquen su conducta, autocensuren sus intervenciones o publicaciones o teman salir de sus hogares mostrando el pañuelo verde”.
“En el marco del debate sobre aborto en el Congreso, la violencia y las amenazas pueden -además- tener un efecto silenciador y distorsivo en los legisladores y legisladoras, que no solo tienen el derecho sino el deber de a alzar su voz para defender los derechos humanos de todas las personas, libres de coerciones”, continuó.
Aborto legal: ¿Cómo se perfila la votación en Senado y quiénes son los indecisos?AI también apuntó que “se torna urgente la adopción de medidas que garanticen que quienes ejercen la función legislativa puedan trabajar con libertad y autonomía”, tras “el anuncio en el recinto de un diputado que decidió abstenerse en la votación del proyecto de IVE por amenazas recibidas por él y su hija”, en referencia a Daniel Ferreyra (Frente de Todos-Jujuy).
También denunciaron “la circulación de mensajes intimidatorios contra una senadora por parte de un organismo jurisdiccional” por lo que “se torna urgente la adopción de medidas que garanticen que quienes ejercen la función legislativa puedan trabajar con libertad y autonomía”.
La Iglesia insta a los fieles a rechazar el abortoAmnistía Internacional sostuvo “que es indispensable que el Estado nacional, las autoridades provinciales, y especialmente los representantes de ambas cámaras del Congreso Nacional, adopten todas las medidas a su alcance para que quienes lo integran puedan debatir el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo libre de presiones, y puedan cumplir la función que la Constitución les otorga sin temor a sufrir represalias”.
“La obligación internacional del Estado de garantizar los derechos sexuales y reproductivos exige también acciones directas para permitir que quienes defiendan tales derechos puedan hacerlo sin miedo a sufrir represalias”, completó. (Télam)