Es una conversación comprometedora. Aunque en distintos niveles, los dos están en la esfera del poder público. Uno es, claramente, superior respecto del otro. Y con esa mayor jerarquía pide a su interlocutor que haga algo indebido. Reñido con la ética, cuanto menos. Y la Justicia deberá decir si, acaso, no está reñido con las normas del derecho, también. El de menor jerarquía grabó la conversación. Y su contenido se conoció a través de la prensa.

Aunque esta descripción podría caber a la denuncia del juez de Impugnación Enrique Pedicone contra el vocal de la Corte Daniel Leiva por presunto tráfico de influencias, coacción y violación de deberes, que el 1 de septiembre desató un escándalo en el Poder Judicial y a partir de allí un ciclo de tensiones institucionales, en realidad corresponde a otro “affaire”. Al que acaba de estallar en los Estados Unidos.

Según ha publicado el señero periódico The Washington Post (el de la investigación sobre el famoso caso “Watergate” que terminó con la presidencia de Richard Nixon en 1974), el presidente Donald Trump le pidió al secretario de Estado de Georgia, el también republicano Brad Raffensperger, que distorsione los resultados de ese Estado para que lo den como ganador a él y no al presidente electo, el demócrata Joe Biden.

Raffensperger grabó la conversación. Y el diario estadounidense publicó su contenido.

El caso estadounidense

“Sólo quiero encontrar 11.780 votos”, es el título del informe de The Washington Post. “Esto dijo Trump en una extraordinaria llamada de una hora, en la cual presiona al secretario de Estado de Georgia para recalcular a su favor la votación” del 3 de noviembre.

La llamada fue hecha el sábado pasado, según la publicación.

“El presidente Trump urgió a Raffensperger a encontrar los votos suficientes parar dar vuelta su derrota” en ese Estado, destaca el diario. Muchos juristas, agrega, consideraron la llamada como “un flagrante abuso de poder y un potencial acto criminal”,

“The Washington Post obtuvo una grabación de la conversación, en la cual, Trump, alternadamente, reprendió a Raffensperger, trató de adularlo, le rogó y lo amenazó con vagas consecuencias criminales si el secretario de Estado se negara a concretar sus demandas”, sintetiza.

“A lo largo de la llamada, Raffensperger y el consejero legal de la Oficina General, Ryan Germany, rechazaron las aserciones de Trump y explicaron que el Presidente se apoya en teorías conspirativas desacreditadas; y que la victoria d Biden, por 11.779 votos en Georgia fue justa y precisa -dice el matutino-. Trump negó sus argumentos”.

En el diálogo, Trump dice: “el pueblo de Georgia está enojado, el pueblo del país está enojado, y no hay nada de malo en decir que has recalculado los votos”.

Raffensperger contesta: “Bueno, señor Presidente, la información que usted tiene es errónea”.

“Lo único que quiero es encontrar 11.780 votos, que es uno más que el que ya tenemos, porque ganamos en este Estado. Sólo necesito 11.000 votos. Amigos, necesito 11.000 votos. Dejen de embromarme (“give me a break”), son sólo 11.000 votos”, insiste el derrotado mandatario.

“La dispersa y a veces incoherente conversación ofreció un vistazo remarcable de qué tan consumido y desesperado se encuentra el Presidente con respecto a su derrota. Incapaz de dejar ir el asunto y todavía afirmando que puede dar vuelta los resultados para seguir permaneciendo en su despacho”, agrega la nota.

Según el artículo, Trump dice: “No hay forma de que yo haya perdido en Georgia: ganamos por cientos de miles de votos”.

Tras las elecciones presidenciales, el jefe del staff de la Casa Blanca, Mark Meadows, y su abogada Cleta Mitchell, sostuvieron que desde la oficina de Raffensperger surgieron declaraciones que eran “incorrectas” acerca del triunfo de Biden. Ante ello, el secretario de Estado de Georgia le requirió a Meadows la documentación electoral sobre la respaldaba sus dichos. Pero no recibió respuestas.

El domingo, Trump posteó en Twitter que habló con Raffensperger: “es reacio o incapaz de responder preguntas referidas a votos debajo de la mesa (“ballots under table”), fraude, destrucción de boletas, votantes de otros Estados, electores fallecidos y otros. No tiene ni idea”.

Raffensperger respondió con su propio tuit: “Respetuosamente, presidente Trump, lo que usted está diciendo no es verdad”.

Según el diario, “Trump elaboró una vaga amenaza tanto para Raffensperger como para Germany, sugiriendo que ‘si no encuentran los miles de votos que han sido destruidos ilegalmente para bloquear a investigadores, estarán sujetos a responsabilidad criminal”. Según The Washington Post, esa advertencia es un “alegato infundado”.

Por el contrario, advierte el medio que el Presidente parece presionar a Raffensperger para que manipule el resultado de los comicios o para que “encuentre” indicios de irregularidades que permitan la intervención de investigadores de la Casa Blanca. Todo esto implica violar leyes federales, puntualiza el matutino.

“La publicación de los detalles de la llamada generó la reacción de las principales figuras demócratas, que exigen investigaciones penales. La vicepresidenta electa, Kamala D. Harris, calificó la conversación de Trump como: ‘un descarado y atrevido abuso de poder del Presidente de los EEUU’”, indica el artículo.

“El abogado principal de la campaña de Biden, Bob Bauer, aseveró que la grabación ‘captura la completa y desgraciada historia sobre el asalto de Trump a la democracia norteamericana’”, añade. “Los republicanos, hasta el momento, han permanecido en silencio”, concluye la nota.

El caso tucumano

En Tucumán, Pedicone denunció que Leiva, presuntamente, le pidió que maneje la intensidad de la causa contra el legislador Ricardo Bussi por presunto abuso sexual y corrupción, según el opositor sea más o menos funcional al oficialismo.

El juez denunciante afirma que grabó la conversación. Los audios fueron publicados por LA GACETA el 6 de septiembre.

El magistrado denunciado asevera que el diálogo jamás existió y contradenunció: afirma que Pedicone intenta ocultar que en menos de un año dictaminó la liberación de más de un centenar de procesados por delitos graves.

En materia política, se plantearon seis pedidos de remoción contra Leiva, todos rechazados por la comisión de Juicio Político de la Legislatura; y siete planteos de remoción contra Pedicone: todos fueron aceptados. El juez enfrenta hoy un avanzado proceso de destitución ante el Jurado de Enjuiciamiento.

En el plano judicial, Pedicone pidió que su denuncia contra Leiva se tramite con el nuevo Código Procesal Penal (Ley 8.933), que entró en vigencia plena el 1 de septiembre, día de su denuncia. Y solicitó que se lo constituya como “parte” en la causa.

Hasta ahora obtuvo dos fallos adversos, ambos del juez Juan Francisco Pisa. El primero, del 2 de octubre, manda a tramitar el caso con el Código Procesal anterior (Ley 6.203), porque el hecho denunciado por Pedicone habría ocurrido el 28 de julio, cuando estaba vigente ese digesto. A la vez, le niega rol de querellante.

El segundo fallo, del 28 de octubre, declaró la “exclusión probatoria” de los audios. Es decir, fulminó la grabación como prueba sobre la base de dos fundamentos: que el iPod con que fueron tomados no fue entregado de inmediato a la Justicia sino que fue llevado a los medios para que se hicieran copias, con lo cual se sentenció que no fueron preservados y que por tanto son inválidos. Por otra parte, se argumentó que, de ser ciertos, tampoco pueden considerarse pruebas porque al haber sido grabados “subrepticiamente”, violaron derechos básicos (defensa y no autoincriminación) de Leiva. Y una prueba, dice la sentencia, no puede ser obtenida mediante la violación de garantías constitucionales.