El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, Maikel Moreno, ha asegurado ayer que "juzgará y sancionará" de manera "implacable" todas las acciones de los diputados de la anterior composición de la Asamblea Nacional.
Moreno ha acudido, junto con el presidente Nicolás Maduro, al acto de apertura de las actividades judiciales de este año, llevado a cabo en la capital venezolana en la sede del TSJ.
Allí, ha asegurado que "los que se aliaron con naciones extranjeras para robarse los recursos económicos de todos los venezolanos y bloquearon las operaciones de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y regalaron Citgo, encontrarán en cada juez del Poder Judicial un árbitro imparcial, pero implacable para juzgar y sancionar todas sus acciones".
En este sentido, ha apoyado las labores que la Fiscalía General está llevando a cabo contra los anteriores diputados de la Asamblea Nacional.
"Daremos respuesta a cada petición y a cada clamor del pueblo, que hoy más que nunca nos demanda acciones contundentes y ejemplarizantes para los traidores de la Patria", ha continuado Moreno.
“Autoridades írritas”
Maduro manifestó durante el acto que "el Estado venezolano ha tenido una gran victoria contra la conspiración trumpista y colombiana para destruir sus instituciones".
El mandatario ha alabado el sistema judicial del que goza Venezuela, porque sostiene que gracias a él ha sido posible mantener la lucha contra "la pretensión de instalar un Estado paralelo mediante la 'designación' de autoridades írritas".
El chavismo dio inicio a principios de enero a la nueva Asamblea Nacional después de cinco años de control opositor tras las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, que buena parte de la comunidad internacional rechaza por considerarlas ilegítimas. A la votación no concurrió el grueso de la oposición, encabezada por Juan Guaidó, autodenominado “presidente encargado” del país.
Justamente, los diputados de la Asamblea Nacional elegida en 2015 reivindicaron su continuidad alegando que las elecciones de diciembre carecieron de las garantías suficientes y que no puede haber un vacío institucional. (Europa Press)