El defensor del Pueblo de Ecuador, Freddy Carrión, presentó hoy ante la Corte Constitucional (CC) de ese país una demanda de inconstitucionalidad por la actual ley de penalización del aborto, que incluye los casos en que la persona gestante ha sido violada.

"Esta acción de inconstitucionalidad va en el sentido de garantizar el derecho de la mujer a tomar sus decisiones, a planificar el propio desarrollo reproductivo de su vida pues cuando se ha penalizado el aborto por violación se permite que exista la clandestinidad con el riesgo inminente de la salud y la vida de las mujeres", dijo.

En Quito, representantes de varios colectivos de mujeres acompañaron al funcionario a presentar el documento en la sede de la CC.

Según Carrión, las estadísticas sobre embarazo adolescente y violencia intrafamiliar en Ecuador indican que un 65% de las violaciones son cometidas por familiares o personas del círculo cercano de las mujeres, niñas y adolescentes.

El Código Penal de Ecuador penaliza el aborto y sólo es permitido cuando la madre está en riesgo, con verificación médica, o si el embarazo es producto de una violación a una mujer con discapacidad mental.

El presidente, Lenín Moreno, rechazó en setiembre un proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) para permitir el aborto en todos los casos de emergencia médica.

También prohibía a los médicos y hospitales negar este tipo de atención y los obligaba a respetar la confidencialidad, el secreto profesional y los derechos de las mujeres.

Antes que él, el ex presidente Rafael Correa también se había negado a ampliar las causales legales de la interrupción voluntaria del embarazo.

Según cifras publicadas en octubre por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en 2019 se registraron 51.711 bebes hijos de mujeres adolescentes de 10 a 14 años en el país sudamericano.

El organismo reportó también que se registraron durante el mismo lapso 49.895 bebes hijos de adolescentes de 15 a 19 años.

La acción planteada por la Defensoría del Pueblo se sumó a otras cinco demandas presentadas por colectivos de mujeres a lo largo del año anterior contra la penalización del aborto en Ecuador.