Por definición y contexto, el femicidio es el último peldaño en la escalera machista. Cada pequeña agresión, violencia física, psicológica, cada vez que se denigra a una mujer por su sola condición, se sube un peldaño más.

Este lunes los tucumanos se conmovieron por dos femicidios. Dos asesinatos de mujeres a manos de dos hombres. Por un lado, un joven de 22 años quedó aprehendido como principal sospechoso de asesinar a su pareja, de 23 años. El femicidio ocurrió en el Barrio 23 de Agosto, de Banda del Río Salí. El lunes a la mañana, en Alderetes, Domingo Roque Serrano, de 85 años, fue acusado por el femicidio de Estela del Valle Correa, de 61 años. La víctima murió de un disparo en el pecho y su victimario, en caso de ser encontrado culpable del delito, no irá a prisión, pero podría ser internado en psiquiátrico.

Estos dos nuevos casos se suman a los seis que sucedieron en lo que va del año en nuestra provincia y las cifras siguen en aumento. Durante 2020, se produjeron en Tucumán 19 femicidios y se convirtió en la segunda provincia con la tasa más alta en el país. El registro, publicó LA GACETA en enero pasado, fue el más alto de los últimos cinco años.

Entonces, ¿qué hacer? Es evidente que en Tucumán hay situaciones de violencia elevada contra la mujer, más allá de la situación de la pandemia y encierro que se vivió en el último año. Es una cuestión cultural y el cambio no vendrá solo. Los femicidios se mantienen constantes, o crecen. A esto se le suma las barreras institucionales que existen para que las mujeres que atraviesan una situación de violencia puedan acceder a una respuesta eficiente ante cada hecho concreto. Estas mismas barreras se intensificaron durante la cuarentena por la pandemia en 2020 hasta que comenzaron a surgir métodos no tradicionales para pedir auxilio o hacer denuncias por WhatsApp o e-mail.

Cada víctima de violencia de género le consume al Estado innumerables recursos: oficinas de violencia de género, espacios seguros donde las mujeres pueden realizar denuncias y sentirse contenidas y cuidadas en su seguridad física y psíquica. Por mencionar un ejemplo, el subsecretario de Seguridad indicó a nuestro medio que por cada caso de violencia de género, como custodios, llegan a afectarse afectan a nueve policías.

Preocupa el avance de este tipo de violencia que desconoce de tiempos burocráticos. Las capacitaciones basadas en la Ley Micaela para todos los agentes y funcionarios de todos los poderes del Estado se están llevando a cabo a cuentagotas desde fines de 2019. Su avance y evaluación no pueden postergarse.

El 18 de abril se presentó en el Senado de la Nación un proyecto de Ley para declarar la Emergencia por Violencia de Género en Argentina. El proyecto propone coordinar con los gobiernos provinciales y municipales la asignación de recursos presupuestarios para paliar esta situación. Se sustenta ante las cifras de femicidios que dan cuenta de un asesinato de una mujer cada 29 horas desde el inicio del aislamiento y contempla recursos presupuestarios especiales para este fin, insta a crear en todo el territorio nacional al menos un Hogar de Protección Integral o refugio en cada jurisdicción.

Desde este año Tucumán será parte del Sistema Único de Registro de Denuncias por Violencia de Género (URGE), un plan ideado por el ministerio de Seguridad de la Nación y que tiene como único objetivo concentrar todas las denuncias de este tipo de delito que se registran el país. Se estima que este registro colaboraría directamente en la toma de decisiones políticas para luchar contra la violencia hacia las mujeres y se podría trabajar, en sintonía, con la Ley de Emergencia por violencia género y abrigar una esperanza. La realidad de esta situación nos interpela a todos porque hay una cultura machista y violenta que está llevándose a las mujeres tucumanas.