La foto de la cena del presidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos, en julio del año pasado, en plena cuarentena estricta en todo el país, ha sido el tema la semana. Un evento social, el presunto festejo de cumpleaños de la Primera Dama, Fabiola Yáñez, ha provocado un profundo resquebrajamiento de la confianza -una vez más- en la clase política.
Funcionarios como Aníbal Fernández han pretendido bajar los decibeles de las críticas de la oposición -que ha tomado ese suceso como el eje de su campaña- y minimizar la falta que, evidentemente, ha cometido el primer mandatario nacional, el mismo que exigía rigor en el cumplimiento del aislamiento para no propagar el virus y que pedía responsabilidad. Pero el daño ya ha sido provocado, en una sociedad que llegó a estar extenuada por todas las privaciones sufridas durante la cuarentena.
Fernández no fue el único funcionario en quebrar sus propias normas durante el aislamiento social obligatorio. En Tucumán hubo al menos cinco casos de festejos y reuniones no vinculadas a asuntos de Estado, protagonizada por funcionarios o dirigentes que detentan poder. La primera fue una comida entre autoridades de los tres poderes en Banda del Río Salí, con el gobernador Juan Manzur y el vice, Osvaldo Jaldo, a la cabeza. Le siguieron un festejo que le costó la expulsión a un edil de Monteros, Raúl Hernán Aldonate, el locro por el Día del Trabajador en Pampa Mayo, nuevamente con Manzur como principal figura y el cumpleaños de 15 del concejal manzurista Luis Correa, que organizó una fiesta para 400 invitados en la localidad de Los Villagra.
El daño que provocan esas acciones en la sociedad es inconmensurable. Es que no se trata sólo y principalmente del riesgo para la salud pública que han generado, sino que se trata de la honestidad que deben demostrar quienes fijan las normas. Son ejemplos negativos que pueden afectar de manera sustancial la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos frente a las normas.
Está claro que el ejercicio del poder, la conducción del Estado, habilita a los responsables a correrse de las normas en determinadas circunstancias, pero siempre que esos desvíos estén vinculados a un fin superior para la sociedad, a motivos de Estado. Pero el festejo de un cumpleaños no es una causal que se encuadre en esa excepciones y eso es algo que la ciudadanía interpreta.
Las primeras reacciones del Gobierno tampoco ayudaron a borrar la desconfianza y el desengaño que vivieron los argentinos tras la filtración de esas imágenes. Pretender que la foto era “trucada”, que era una maniobra de la oposición o correr la responsabilidad hacia la Primera Dama tampoco han sido aciertos para levantar el desánimo. Es que, más allá de quién haya organizado la cena, la responsabilidad del poder abarca a todo el círculo cercano del mandatario. “Descuidos” de este tipo -como lo ha calificado el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero- no pueden ser permitidos a un Presidente de la Nación.
Encaja a la perfección aquí la famosa frase de Julio César, que decidió separarse de su mujer, Pompeya, ante una mínima sospecha de engaño: “La esposa de César no solo debe ser honesta, sino parecerlo”. Es que son esas sospechas de deshonestidad las semillas de la desconfianza y del debilitamiento del poder. Los funcionarios no solo deben ser honestos, sino también parecerlo. De otro modo, es la sensación de impunidad lo que brota en la sociedad.