Durante la tarde de ayer, 80.000 clientes de EDET se quedaron sin suministro de energía eléctrica. La razón, según comunicó la distribuidora de energía, consiste en que la quema de cañaverales afectó cables del tendido eléctrico y detonó el apagón.

Dos cuestiones vuelven a quedar expuestas. Por un lado, las consecuencias severamente nocivas de provocar incendios en cultivos. Por otro, la cronicidad de esa práctica.

Tucumán atraviesa, para esta época, la estación seca de su clima subtropical y las quemas de cañaverales son focos descomunales de contaminación atmosférica, que saturan el aire de partículas en suspensión derivadas de los restos calcinados de la vegetación. Esto, a su vez, impacta de manera directa en el recrudecimiento de las patologías alérgicas y respiratorias de miles de comprovincianos. El aire se torna irrespirable para hombres, mujeres, niños y ancianos. Y, como si no bastase, también se destruye la infraestructura de servicios públicos.

¿Cómo es posible que este cuadro siga reiterándose año tras año? Concurren múltiples causas. En primer lugar, la desaprensión de quienes prenden fuego a sus cultivos. La quema del cañaveral elimina malezas y residuos vegetales, suprime la eliminación manual de la maloja por parte del cosechero -con el consecuente ahorro para el productor- y torna más eficiente el trabajo de las cosechadoras integrales. El negocio de unos es la tragedia sanitaria y ambiental de otros.

En segundo lugar, porque los ingenios no oponen reparos a recibir caña quemada para la molienda. Con lo cual, el que incendió su campo no sufre ningún perjuicio económico.

En tercer término, por la anomia del Estado provincial. La Legislatura ha dictado leyes, debidamente promulgadas por la Casa de Gobierno, en las cuales se establece que sólo puede ser admitida en las plantas fabriles caña “verde”, es decir, que no ha sido quemada. ¿Quién controla el cumplimiento de esas disposiciones? La ley que no tiene a la autoridad estatal velando por su acatamiento es, meramente, letra muerta.

La imagen que compone esta situación termina siendo un fresco preocupante: hay tucumanos a quienes no les interesan los tucumanos. Proceden, consecuentemente, como si lucrar con el medioambiente y con la salud pública fuese una práctica perfectamente lícita. Y finalmente termina siendo así, porque la acción de control del Estado es insuficiente.

Las excusas sólo agravan el cuadro de situación. El argumento de que no se puede comprobar si el incendio de un cañaveral fue intencional o si fue inducido por un tercero para perjudicar al productor nos coloca ante una paradoja. Tucumán termina siendo una provincia donde ha habido voluntad política y vigilancia policial para evitar que cualquier persona encienda un cigarrillo en un ámbito cerrado que comparte con terceros, pero no ha podido conjurar la quema de extensas plantaciones de caña a lo largo y lo ancho de la provincia. Del minimalismo sanitario a la piromanía agraria, sin escalas.

Los productores conocen el daño que provocan, los ingenios saben de la práctica disvaliosa que se consiente y el Estado emplea con lenidad las herramientas legales para actuar. Entonces, el hollín que cae impunemente en todas partes es como una liviana cortina luctuosa que recuerda que la quema muestra que a muchos no les importan los tucumanos.