El diputado Carlos Cisneros (Frente de Todos), referente nacional de la Asociación Bancaria, criticó el proyecto presentado por su homólogo del PRO Héctor Stefani, que persigue el objetivo de eliminar las indemnizaciones para los casos de despidos, y de implementar, en su remplazo, un Seguro de Garantías de Indemnizaciones (SGI).

La iniciativa de Stefani, que va en línea con un pronunciamiento del jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Horacio Rodríguez Larreta -uno de los "presidenciables" de ese espacio político- fue analizada y cuestionada en detalle por el dirigente bancario.

"Este proyecto intenta instaurar un modelo de precarización laboral, y coloca a los trabajadores en una situación de inseguridad jurídica. Además, es inconstitucional: viola la garantía de la protección contra el despido arbitrario (artículo 14 bis de la Constitución Nacional -CN-), y los principios de reparación integral -fallos “Aquino” y “Vizzotti” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)- y de progresividad y no regresividad en materia de derechos sociales, económicos y culturales -artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc)-", puntualizó Cisneros.

Precisó que la iniciativa busca remplazar el régimen indemnizatorio consagrado en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) por el SGI. "Este se constituiría con 'conceptos patronales vigentes incluidos en la nómina salarial y los aportes vigentes por parte de cada trabajador'. Es decir, obligaría a los trabajadores a financiar su propio despido sin causa, resignando conceptos y aportes que son en beneficio de sus derechos", señaló.

Cisneros recordó que el despido sin causa es un acto ilícito, no una opción ni un derecho del empleador. "El derecho laboral busca la continuidad del contrato de trabajo; debido a eso prohíbe el despido sin causa y castiga al infractor con el pago de las indemnizaciones correspondientes. Ese es el principal error conceptual de este proyecto: pretende eximir o atenuar la responsabilidad que tienen los empleadores por realizar un acto que el derecho reprocha, y que precisamente consiste en violar los derechos del trabajador", explicó.

A modo de ejemplo, destacó que eso puede verse cuando la iniciativa iguala situaciones que para el derecho laboral son completamente distintas: el despido con justa causa, el despido sin causa, la renuncia del trabajador y la jubilación,  entre otros. "A estas situaciones les asigna prácticamente las mismas consecuencias jurídicas. Por el contrario, el artículo 14 bis CN establece que las leyes deben asegurar al trabajador la 'protección contra el despido arbitrario'. Este derecho no puede ser alterado por las leyes que reglamenten su ejercicio (artículo 28 CN). Es decir, toda la ley que regule el régimen de indemnizaciones laborales debe ser razonable y equitativa (CSJN, fallo “Carrizo”)", citó el diputado gremialista.

Cisneros destacó que al contrario de lo que sostienen "los defensores de la flexibilización laboral", la precarización del régimen de indemnizaciones no es una medida adecuada para reducir la informalidad. "La construcción, que tiene un régimen parecido al que propone el PRO, es el segundo sector de la economía en cuanto a empleo informal. Por lo tanto, el argumento de que este proyecto busca favorecer a los trabajadores es totalmente falaz. Solo pretende beneficiar a los empleadores", manifestó.

Por otro lado, dejó en claro que tampoco considera racional que se exija que el trabajador resigne conceptos, que hacen al ejercicio de sus derechos, para financiar su propia indemnización. "Recordemos de nuevo que la indemnización es la consecuencia jurídica de un acto ilícito del empleador.  A raíz de ello, este proyecto no tiene una adecuada relación entre medio y fin. No es equitativo, ni supera el test de proporcionalidad", dijo.

Añadió que, por otro lado, la Constitución Nacional exige protección constitucional contra el despido arbitrario. "Si todo cese de actividades -despido con justa causa, renuncia, jubilación, etcétera- tiene la misma consecuencia jurídica que el despido arbitrario -derecho a cobrar del seguro-, este ultimo supuesto no tiene una protección especial", indicó.

También arremetió contra el pago mensual y en cuotas de la indemnización, que propone la iniciativa. "Esto viola el derecho a la reparación integral, reconocido por la CSJN en el fallo 'Aquino'. El trabajador que fue despedido arbitrariamente sufrió un daño, como todo daño surge el deber de reparar a cargo de la persona responsable. Esto surge del principio general alterum non laedere (en latín, no dañar a otros). Esa reparación debe ser integral. Esta idea se desdibuja en el proyecto, ya que establece un mismo seguro para todo tipo de cese laboral. Parecería ser que los empleadores dejan de ser responsables", manifestó Cisneros.

El diputado incluso cuestionó el proyecto desde el punto de vista del empleador. "Tampoco es justo que este deba pagar, mediante contribuciones al fondo, aun cuando no despida a nadie sin causa ni quiera hacerlo. En este caso, el empleador no dañó a nadie, ni realizó ningún acto ilícito. Con este proyecto deberá pagar igual. Este problema se deriva del error lógico y conceptual de no entender la indemnización como una sanción por un acto ilícito, y plantear al despido como un derecho", cuestionó.

Y alertó el gremialista sobre otro error "garrafal" que cometió el autor del proyecto. "Confunde al sector público con el sector privado. Y en 'Madorrán', la CSJN precisó que el artículo 14 bis de la CN otorga a los empleados públicos el derecho a la estabilidad propia. Es decir, no pueden ser despedidos, ni siquiera mediante el pago de una indemnización. La consecuencia en este caso es muy diferente a la del sector privado, ya que los empleados públicos pueden exigir la reparación in natura, y volver a sus puestos de trabajo. El proyecto iguala sector público con sector privado e impone la misma consecuencia; o sea, trata de modo igual a quienes se encuentran en situaciones muy diferentes, lo que evidencia aun más su carácter inconstitucional, porque es contrario al principio de igualdad (artículo 16 CN)", afirmó.

A su criterio, si este proyecto resulta finalmente aprobado colocaría a los trabajadores en un estado peor. "De ahí que vaya en contra del principio de progresividad y no regresividad, porque implica una disminución de derechos en contra de los trabajadores", explicó.

Para finalizar, consideró que el interés de los autores, de disminuir los costos de las empresas -según los fundamentos- es legítimo. "Pero jamás puede hacerse a costa de tratar al trabajador como una mercancía o como un 'costo' -en palabras del ex presidente Mauricio Macri-, ya que los trabajadores tienen derechos protegidos por la Constitución Nacional y por tratados internacionales sobre derechos humanos que, en última instancia, buscan asegurar su dignidad como personas con igual consideración y respeto", dijo.

Para cerrar, lanzó una crítica directa hacia Rodríguez Larreta, uno de los defensores de esta idea. "Una forma de incentivar a las empresas podría haber sido ayudarlas económicamente durante la pandemia. El Gobierno del PRO de CABA no destino un solo centavo a este fin, sino que, por el contrario, aumentó la presión fiscal. Y ahora sus diputados pretenden imponer esos costos a los trabajadores", reprochó.