Benito Carlos Garzón
Constitucionalista
Los recientes acontecimientos políticos del país y su incidencia en la política en Tucumán han ocasionado hechos que han puesto en juego la normalidad institucional y constitucional de tal gravedad que los calificaciones como de gravedad institucional calificativo que se reserva a las situaciones jurídico-políticas que superan los conflictos normales del acontecer político y ponen en riesgo valores fundamentales de nuestra estructura como la relación Nación-Provincia.
Los hechos derivados de la derrota electoral de las recientes elecciones en la gran mayoría del territorio de la Nación ocasionaron la primera gran crisis del actual Gobierno con repercusiones en la institucionalidad de nuestra provincia de manera que estimamos como grave, según expondremos seguidamente.
La asunción del gobernador de la provincia, Juan Manzur, como jefe de ministros del actual Presidente está connotado con la resistencia a que asuma legalmente su vicegobernador a desempeñar la primera magistratura, con el cual confronto en las recientes PASO, además de mantener una dura rivalidad política.
No obstante, surgió la decisión política del nuevo jefe de Gabinete de, poco menos, que exigir para asumir el cargo de que busquen los medios para que su sucesor constitucional no asuma la gobernación de la provincia.
Estamos viendo como nunca antes la influencia de funcionarios nacionales tendientes a lograr este propósito, desde ofrecerle cargos al vicegobernador en el Gobierno nacional y otros ofrecimientos apartados del juego limpio de las Instituciones democráticas.
Es decir que, de pronto, la crisis nacional motivo de la reciente renovación de los ministros, se traslado a nuestra provincia con caracteres de gravedad institucional y para sostener esta aseveración diremos que: en el intento de interferir en la transición gubernamental de Tucumán no pueden lesionarse y apartarse tanto de la Constitución Nacional como Provincial.
Sostiene la mayoría de los constitucionalistas, tanto nacionales como extranjeros, que puede definirse a la Constitución como “un sistema jurídico de control del Poder”, y de la vigencia del reparto de competencias nacionales y provinciales.
En nuestro caso, la intromisión del poder central para lograr la frustración de la transición del poder está dañando tanto a diseño constitucional nacional, como provincial.
La transgresión a la Constitución nacional surge de las normas del artículo 1, que consagra el sistema “republicano y federal”, del artículo 5, que expresa la “garantía nacional para el “goce y ejercicio de sus Instituciones” provinciales, y de los artículos 121 y 122. Este último señala que las provincias eligen a su gobernador y demás funcionarios “sin intervención del Gobierno Federal” y todo el andamiaje institucional para garantizar el sistema federal de gobierno adoptado luego de las luchas provinciales para su adopción. De igual manera la intromisión política pública conforme lo denuncia este diario, arremete en contra de la Constitución provincial expresamente en la norma del artículo 91 que legisla sobre la sucesión del gobernador en caso de muerte “u otro impedimento (licencia en este caso): las funciones serán desempeñadas por el vicegobernador hasta completar el periodo constitucional”.
De modo tal que existe un plexo de garantías constitucionales de la provincia que repugnan la pública y manifiesta intervención del poder central para producir un verdadero desquicio institucional en nuestra provincia.
En otros términos; es tan grave la intervención de funcionarios del poder central para cumplir exigencias ilegales del gobernador Tucumán como condición para asumir la Jefatura de Gabinete de la Nación que de producir efectos seria una verdadera Intervención Federal encubierta con mengua de esta institución excepcional consagrada en el artículo 6 de la Constitución nacional.
Hasta el momento de escribir estas líneas el vicegobernador no ha escuchado el “canto de las sirenas” de las promesas para que no asuma su derecho y su deber de asumir la gobernación.
De resistir la ilegal interferencia nacional para que desista de asumir la gobernación de la provincia habrá dado no solo un ejemplo de conducta cívica sino que importa la defensa de las instituciones del federalismo y de la arquitectura de la Constitución nacional.