En países desarrollados, las instituciones particulares de educación y salud suelen esforzarse progresivamente para equiparar su atención a la que ofrecen los organismos fiscales, pues los gobiernos prodigan a escuelas y hospitales no solo equipamiento, sino que abren concursos para seleccionar a su personal a fin de brindar a los usuarios el mejor de los servicios, dado que inversiones y sueldos provienen de los impuestos creados en congresos y legislaturas. Noticias propaladas recientemente en nuestro medio dan cuenta de todo lo contrario. La ministra de Salud, la vicepresidenta, la esposa de un ex presidente y la intendenta de un barrio capitalino prefirieron la atención sanitaria en establecimientos particulares. Lo que no se sabe si la decisión estaba en función de la atención profesional o por razones de equipamiento. Si es lo primero, la propia ministra del sector pone en tela de juicio la capacidad de sus colegas a los que administra; y si es lo segundo, muestra el poco interés que tiene en proporcionar los elementos básicos y/o sofisticados a los nosocomios a donde acude diariamente el mayor volumen de la población argentina, a los que se debe por ejercer el cargo. Curiosamente, el Gobernador es médico, como también hay otro profesional de la medicina que se postula, pero que está ejerciendo cargo legislativo y que en ningún momento han mostrado preocupación por esa diferenciación sociopolítica entre autoridades y pobladores. En alguna ocasión se solicitó públicamente una norma jurídicolegal para que las autoridades de cualquier nivel acudan para atención médica a hospitales generales y que sus familiares concurran a escuelas fiscales para su formación educativa ya que ellos son representantes del pueblo y por ende han de ejemplificar con sus acciones, en razón que fueron ellos los que invocaron el voto y no al revés. Eso no implica que personas que no ejercen cargo público y tengan disponibilidad económica, concurran a instituciones particulares o viajen al exterior para recibir una óptima atención tanto sanitaria como educacional. La dificultad estriba en que en ningún momento alguna autoridad haya dado a conocer el contenido del presupuesto que demanda muchas horas de discusión; empero, con el correr de los meses se dan a conocer innumerables gastos que demandan grandes sumas de dinero, las que muchas veces no incursionan en el mejoramiento de escuelas y hospitales, como también otros servicios a favor de la comunidad.
Fernando Sotomayor
Alberdi 139
San Miguel de Tucumán