No se puede combatir la inseguridad con apósitos

“La inseguridad es una sensación y no se cambia con discursos; se cambia con hechos”.

Aníbal Fernández, ministro de Seguridad de la Nación, 26 de julio de 2006.

Según la Real Academia Española, la inseguridad implica la existencia de un peligro. El término puede tener varios usos, dependiendo de dónde se presente o las personas que afecte, como por ejemplo: en el hogar, en la escuela, en el trabajo, en lugares públicos, en vehículos o en una relación de pareja. Sin embargo, generalmente asociamos la inseguridad con el robo, con la delincuencia organizada, con la posibilidad o no de sufrir un ataque por parte de asaltantes, en persona o contra nuestros bienes, como la casa o un vehículo.

La palabra proviene del latín securitas, cuya raíz es otro verbo latino anterior: curare, o “curar”. Aquello que está seguro que tiene cura o que es posible curar, arreglar o componer. La inseguridad sería entonces la sensación o la percepción de que estamos ante un daño posible, o que podría ocurrir algo irreparable.

En octubre de 2021 se conoció un informe de la dirección de Estadísticas Criminales de la Nación que sostenía que en nuestra provincia habían disminuido un 14,3% los delitos con respecto a 2019. Y desglosaron. Habían bajado los ataques contra la propiedad en un 17,1%, los delitos contras las personas, un 21,3% y los delitos contra la integridad sexual, un 24,4%. Las cifras, exactas, no analizan por ejemplo que la comparación se daba justo con el año en que el coronavirus arreciaba en todo el mundo y Tucumán, como el resto del país, estaba obligada a un aislamiento social y preventivo que obligaba, incluso a los delincuentes, a quedarse en su casa. Nadie podía estar en la calle, y la Policía se aseguraba de ello. El informe publicado daba cuenta de que en Tucumán se produjeron 24.494 delitos contra la propiedad durante 2020. Y que en 2019 habían sido 28.574. Desde entonces, de manera oficial al menos, no se conocen nuevas estadísticas. ¿Podemos decir que estamos en una provincia segura? ¿O que la seguridad es una sensación?

Ayer, el vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Osvaldo Jaldo, sorprendió con una declaración: “Las acciones preventivas están dando resultado. Según las estadísticas existe una disminución del delito”. La idea había sido anticipada unos días antes por el propio ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa: “en tan sólo seis meses de gestión, se está arbitrando todo lo necesario para que las tucumanas y los tucumanos vivan más tranquilos y que, conforme a las estadísticas, los índices de delitos continúen en descenso”.

¿Cómo llega el Gobierno a esta conclusión? Basado en las denuncias policiales. Pero, ¿qué decía Jaldo sobre la seguridad hace un año, en medio de una pelea intestina con el gobernador Juan Manzur por las listas para las PASO?: “el tema de la inseguridad es muy preocupante en Tucumán, y no de ahora, hace ya un tiempo. Es un problema de los tres poderes del Estado, pero es el Ejecutivo quien lleva adelante la política de seguridad a nivel provincial”. En un año ese discurso cambió.

Desde que tuvo que hacerse cargo del sillón de Lucas Córdoba, cuando el presidente Alberto Fernández llamó a Manzur para que sea jefe de Gabinete, Jaldo se mostró preocupado por la seguridad. Y la puso entre sus prioridades. Por cuestiones del destino, le tocó además modificar estructuras, no sin antes consultar con el mismísimo Manzur: reemplazó al cuestionado Claudio Maley, a quien le ofrecieron un cargo en la Nación, por Agüero Gamboa, y luego al jefe de Policía, Manuel Bernachi (quien se alejó por diferencias con el nuevo ministro aunque haya aducido cuestiones personales), por Julio Fernández, un hombre que contaba con la bendición de Susana Trimarco al haber sido jefe desde el comienzo de la División Trata de Personas. No hay semana en la que Jaldo no aparezca reunido con la cúpula policial. Los quiere en la calle. Los quiere activos. Se preocupa por ser él el que da las órdenes y el que exige resultados, algo que no hacía Manzur, ya que delegaba esto en Maley. Quiere que vean que el tema lo ocupa. Pero, al menos en público, ni el ministro ni Jaldo hablaron de estadísticas delictivas. Ambos hicieron hincapié en los procedimientos policiales que, dijeron, aumentaron. “Entre enero, febrero y marzo fueron detenidas 983 personas por haber cometido un ilícito a las que se les abrió una causa penal. También fueron demorados 793 tucumanos por contravenciones policiales, por lo que en total terminaron tras las rejas 1.776 ciudadanos. Todos ellos fueron perfectamente identificados y se consiguieron esos números gracias a los 1.000 procedimientos que la fuerza realizó en toda la provincia durante esos meses”, afirmó Agüero Gamboa. Hablaron entonces de represión del delito, y no de prevención, la mayor cuenta pendiente que, por lejos, tiene la Policía de Tucumán. Así, con estos datos, se apunta a crear una “sensación” de seguridad. Hay más detenidos, hay más operativos, hay más secuestros. Pero, ¿hay más delitos? Por poner un ejemplo, el presidente de la Sociedad Rural, Sebastián Murga, aseguró hace poco que los productores sufren robos a diario. Esto no cambia, Y hay un dato fundamental, que son las cifras negras. La cantidad de gente que ya no denuncia los robos. Cuando se llama al 911, un funcionario luego hace un chequeo para ver si concurrió la Policía. Y las mismas víctimas (esto también es parte de las estadísticas) informan que no quieren denunciar lo sucedido. Pero esto también está cuantificado, y nuestra provincia no queda bien parada con los datos. Según un informe del Observatorio de Seguridad Ciudadana, el 62,6% de los delitos no se denuncia en Argentina. Y para peor, CABA, con el 72% y Tucumán, con el 69,3%, son las jurisdicciones en las que menos delitos se denuncian.

Así entonces se pueden mostrar muchísimos más procedimientos que, por ejemplo, el año pasado. O comparar los ataques denunciados entre meses para decir que bajó el índice delictual. Se construye un relato. Pero hay otra cifras, también comprobables, que dicen lo contrario. Hay cada vez más gente que no denuncia. El Gobierno intenta poner así apósitos para “curar”. Pero la herida sigue siendo demasiado profunda. Y la sufren los tucumanos.