La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció un paro de colectivos por 48 horas desde mañana. Vuelven a aparecer en el horizonte los eternos problemas de retrasos en los pagos y solicitudes de mejoras salariales. Paralelamente, la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor (Aetat) tiene en estudio y en carpeta la solicitud de un nuevo incremento tarifario, por un lado, y el planteo de la situación de quiebre de la actividad, por otro.

El vicepresidente de la Asociación de Aetat, Jorge Berreta, cuestionó las condiciones del acuerdo entre las cámaras privadas y UTA a nivel nacional, que incluye el compromiso del Estado nacional de destinar más fondos para cubrir “los costos salariales” en el sistema de transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El empresario remarcó que ese convenio ha incidido en las negociaciones salariales entre las cámaras del interior del país y el gremio nacional. “Por inercia exigen el mismo salario, pero para el interior sin ninguna compensación”, enfatizó en una entrevista con LA GACETA Play. “Esta situación hace imposible que afrontemos un aumento”, añadió, y reclamó a la Nación “igualdad de condiciones” entre Buenos Aires y el interior para que “no sufran los trabajadores de las provincias”. “No es justo que un usuario de Buenos Aires pague $ 18 el primer tramo, el boleto mínimo, contra un valor de pasaje mínimo en Córdoba, Rosario y Santa fe de $ 59,45, y en Tucumán $ 45. El federalismo en transporte no existe”, añadió.

A su vez, Berretta expresó queel precio del boleto mínimo se debería ubicar en $ 155. Aclaró que ese valor debería tener de acuerdo a la fórmula polinómica que determina la tarifa, que incluye no solo salarios, sino mantenimiento de las unidades, durabilidad de los coches, reparaciones y varios ítems más. Berretta dijo que no pedirán ese valor, pero también marcó que ya todo es insostenible ante el panorama actual.

La problemática del servicio público de pasajeros no es nueva. Ya en 2020 se marcó un mojón respecto de que las cosas no daban para más cuando hubo más de dos meses sin atención a los usuarios, que no pararon de quejarse y de manifestar su malestar por la continua carencia de un servicio fundamental. El Poder Ejecutivo, la Legislatura y hasta el Concejo Deliberante vienen avisando que se tomará alguna medida de fondo. Algunos de los integrantes de esos poderes sostienen que algunos empresarios “se pasan de vivos” y que si el servicio continúa interrumpiéndose de manera continua, intervendrán. Lo real es que no sucede ni lo uno ni lo otro: los empresarios piden ayuda o reformulación, los funcionarios que intervendrán y la realidad es que todo sigue de la misma manera.

Los números de corte de boletos, más allá de la pandemia, muestran que cada vez menos personas utilizan los colectivos, pero sigue siendo algo esencial para cualquier sociedad. Por ello no se entiende que finalmente las partes no se sienten a pensar en serio en cómo mejorar, optimizar, modernizar y garantizar el servicio.

Los paros persisten y la prestación del servicio está cada vez más resentida. Abundan los barrios a los que no llegan las unidades y la periodicidad con la que circulan las unidades es cada vez más baja. Está claro que no hay soluciones mágicas ni sencillas, porque el Gobierno indefectiblemente deberá fijar puntos de acuerdo con los empresarios. El Estado no está en condiciones de armar un servicio de cero, con lo que esa inversión significa en adquisición de unidades y de organización para mover esa maquinar.

Lo cierto es que hasta aquí parecen prevalecer los intereses políticos por encima del debate profundo para instaurar un sistema que borre del mapa la continua incertidumbre de si se podrá salir a trabajar, o lo que fuera, sin tener que quedarse con la duda de si se podrá emprender el regreso a casa.