La legisladora Nadima Pecci (Valores Republicanos) elevó un proyecto para modificar la ley 8.293, de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, con el objetivo de reforzar las acciones para la detección temprana de la violencia infantil.

“Los niños no cortan calles, ni escrachan, ni se adueñan de medios, ministerios o presupuestos. Por eso, la violencia hacia ellos está prácticamente invisibilizada por ideologías de grupos que se autodefinen siempre vulnerables como una herramienta de empoderamiento político y social. Los pocos casos que salen a la luz muestran el horror en donde los niños sufren la violencia sistemática -a veces hasta la muerte- , por parte de quiénes los ven como objetos de su derecho a decidir, como una mascota, como un arma en contra del otro progenitor y a veces como una molestia", expresó Pecci.

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En esa línea, sostuvo que la intención es "corregir la insuficiente y tardía protección del Estado para evitar la muerte y la violencia en contra de los más vulnerables”.

Los cambios sugeridos buscan que los organismos administrativos responsables de velar por la protección de los derechos y garantías de niños, niñas y adolescentes actúen "con más celeridad en la elaboración de diagnósticos y la disposición de medidas de protección en los casos de vulnerabilidad registrados"; así como "establecer sanciones en caso de incumplimiento o negligencia en estos casos", detalló la legisladora.

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También propone reforzar la capacitación al personal de los tres poderes del Estado junto con el personal sanitario, docente y no docente público y privado "para detectar, prevenir y denunciar situaciones en las que se vulnere la integridad de niños, niñas y adolescentes".

Pecci explicó que la necesidad de modificar la ley proviene de las fallas detectadas en el actual sistema. “Tenemos que evitar que vuelvan a repetirse casos como el de Rocío Rojas, que conmovió profundamente a la provincia por las terribles vejaciones que sufrió por parte de quienes debían cuidarla; o el caso de Lucio Dupuy a nivel nacional. La ineficacia y la pérdida de tiempo en situaciones de vulneración de niños, niñas y adolescentes puede costarles la vida", planteó.

“Nos oponemos a la criminalización de los empleados", dijeron en la Dinayf