LIMA, Perú.- Una mujer de 44 años ganó una larga batalla legal en Perú para que le reconozcan su derecho a tener una muerte asistida. Ana Estrada, una psicóloga que tiene una enfermedad incurable, dijo que ahora se siente libre para evitar el sufrimiento que la persigue desde hace tres décadas.
La Corte Suprema de Perú confirmó tras cinco años de lucha judicial una sentencia que permite a Estrada poner fin a su vida cuando ella lo decida en un país donde la eutanasia es ilegal.
“Haber obtenido esta victoria me va ayudar a sobrellevar mejor este deterioro inminente, inevitable de la enfermedad, me va dar tranquilidad y calma”, dijo la mujer, que sufre de polimiositis, una enfermedad rara que ataca sus músculos, con un deterioro degenerativo. Estrada, que habla de forma pausada, vive la mayor parte del tiempo postrada en una cama conectada a un respirador mecánico y es asistida a diario por una enfermera.
La sentencia emitida esta semana ratifica un fallo judicial previo, que dispone que el seguro estatal de salud de Perú brinde “todas las condiciones” para el ejercicio de la eutanasia de Estrada, el cual deberá ejecutarse dentro del plazo de 10 días contados a partir de la fecha que la mujer manifieste su voluntad de poner fin a su vida.
El código penal peruano dice que ayudar a morir a una persona es un delito y es castigado con la cárcel. Pero el fallo del máximo tribunal, ahora, ordena en este caso no aplicarlo, por lo que libra de cualquier castigo al médico que eventualmente suministre un fármaco destinado a terminar con la vida de Estrada.
La eutanasia no es una práctica permitida en muchos países y en Perú, de mayoría católica, muchos conservadores se oponen fuertemente a que la gente pueda acceder al derecho a una muerte digna. En Latinoamérica, Colombia permite el procedimiento bajo ciertas condiciones.
“¿Por qué la muerte digna? Porque quiero evitar el sufrimiento, quiero evitar el dolor, pero sobre todo porque esto se trata de la vida de la libertad”, dijo Estrada, desde la cama en la que está postrada, en compañía de la enfermera que la atiende.
En su lucha legal, la mujer estuvo acompañada en los últimos meses por los abogados de la Defensoría del Pueblo, que tomaron el caso en un país donde también está prohibido el aborto, el matrimonio entre las personas de mismo sexo y donde -según denuncian defensores de derechos humanos- hay una avanzada conservadora que busca hacer retroceder derechos de las mujeres, como el acceso a la anticoncepción y la defensa ante parejas violentas.
“Declarar fundado el derecho a la muerte es un precedente fundamental, es el primer caso y es irrevocable, le permite a Ana Estrada poder tomar decisión de poner fin a su vida en un momento determinado”, manifestó Walter Gutiérrez, abogado de la una psicóloga y ex Defensor del Pueblo. (Reuters)