Más de 28.500 migrantes y refugiados cruzaron de Francia al Reino Unido en forma irregular, por medio del Canal de la Mancha durante el lapso que va del 1 de enero al día de ayer, según datos oficiales. De los 28.561 migrantes, solo 601 llegaron.
La cifra ya supera a las 28.526 personas que realizaron ese peligroso viaje durante el año pasado. Y el número no deja de crecer desde 2018, cuando solo llegaron 299 personas.
Más de 200 migrantes fallecieron mientras cruzaban por el canal de la Mancha desde 2014, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
De estas muertes, siete corresponden al lapso que va de enero a septiembre.
Según datos que el Ministerio de Defensa británico difundió el mes pasado, varios de los barcos utilizados por personas que cruzan los 560 kilómetros del canal de la Mancha son embarcaciones pequeñas como botes inflables de casco rígido, botes y kayaks.
El número de cruces fluctúa a lo largo del año, en función de las condiciones meteorológicas y de las medidas de control en la costa norte de Francia.
El Reino Unido amenazó con enviar los barcos de vuelta a Francia si eran rescatados por la Marina en aguas y estuvo girando decenas de millones de dólares anuales para ayudar a detener las travesías en barco, incluso para patrullas de playa adicionales y equipos apropiados como lentes de visión nocturna.
En su lucha por terminar con los cruces ilegales, el Gobierno británico también acordó este año un plan de casi U$S 140 millones para deportar a los migrantes a Ruanda, independientemente de su situación u origen, una medida ampliamente rechazada por las organizaciones sociales, los partidos de la oposición y más tarde por la Justicia europea.
En paralelo, el Ministerio del Interior británico comenzó a colocar los GPS en los tobillos de los solicitantes de asilo en junio pasado para rastrear sus movimientos mientras esperaban una decisión sobre su estatus migratorio.
Este tipo de dispositivos suelen utilizarse con los delincuentes, por lo que los críticos de esta política acusan al Gobierno de tratar como criminales a las personas que han huido de la persecución.