El pedido de indulto para la dirigente social Milagro Sala sigue ganando terreno dentro de las filas del oficialismo y cada vez son más los dirigentes que se pliegan a la demanda. Luego de que un grupo de legisladores oficialistas haya elevado un documento escrito al presidente, Alberto Fernández, en esta sintonía, ahora un organismo del propio Gobierno se pronunció al respecto.

La Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, dependencia a cargo de Gabriela Carpineti elevó un escrito oficial al ministro de Justicia, Martín Soria, en el que postula que es “procedente y pertinente” tanto el indulto presidencial como la conmutación de pena en este caso. En relación a la causa ‘Pibes Villeros’ la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un recurso extraordinario presentado por la defensa de Sala y de esa manera dejó firme la condena a 13 años de prisión que le dictó en 2019, por los delito de asociación ilícita y extorsión a cooperativistas para hacerse de los fondos que recibían del Estado

En el documento, la funcionaria cercana a Juan Grabois, argumentó que es una cuestión federal y por ende enmarcada en el artículo 99 de la Constitución Nacional, que establece la facultad del indulto presidencial. “No caben dudas de que el ‘Caso Milagro Sala’ es cuestión federal. Esto es así independientemente de que los hechos que le imputan hayan tramitado en la justicia provincial, dado que las cuestiones que se impugnan constitucional y convencionalmente no son los hechos por los cuales se la juzga a ella, sino los cometidos por sus juzgadores y persecutores”, detalló.

Entre los argumentos que Carpineti esgrime para que el Presidente revea su postura jurídica, sostiene que los tormentos que sufre la referente de la agrupación Tupac Amaru “por motivos políticos y el agravamiento de las condiciones de salud aseguran que es menester la urgente decisión presidencial”. “Se evitará así una nueva condena al Estado Argentino por violaciones a los derechos humanos”, opinó la funcionaria. Y añadió que “la cuestión federal está dada por el carácter político de su prisión, que no solo constituye violaciones reglamentarias sino crímenes de Estado”.

Además, el informe insiste con la pertinencia de una conmutación de la pena: “La magnitud del castigo que ha sufrido Milagro Sala no puede medirse exclusivamente en términos cuantitativos. (…) La pena medida no sólo en su quantum sino también en su intensidad; en la cantidad y calidad de bienes jurídicos distintos de la libertad que ha afectado; en las personas distintas del ámbito cercano y personal del imputado sobre las que ha recaído, violándose con ella la prohibición de trascendencia de la pena. Cuando esto sucede, reducir el monto de pena fijado es un modo de reducir la infracción constitucional e institucional. Desde el Poder Ejecutivo, la herramienta de la conmutación de la pena abre un camino de posibilidad para restablecer el artículo 18 de la Constitución Nacional”.

Más allá de las presiones externas e internas, Fernández sostuvo en los últimos días que la causa por el que está condenada Sala es de jurisdicción provincial, lo que le impide actuar en sintonía con el creciente reclamo del kirchnerismo. “Soy un hombre de derecho y no puedo vulnerar lo que dice la Constitución; con mucho pesar lo digo”, afirmó el Presidente en una entrevista con el canal C5N la noche del jueves.