Un informe de reciente publicidad realizado por el Departamento de Estado del Gobierno de EEUU alerta sobre presión a la Justicia y sobre la corrupción en la Argentina. La mirada que se tiene sobre el país es preocupante y debe llamar a la reflexión no sólo a la población sino, especialmente, a la dirigencia política que ocupa puestos de responsabilidad en la gestión pública, que son los que pueden contribuir desde los espacio de poder en el Estado para modificar esa realidad. Es que no basta con honestidad y transparencia sino que, además, hacen falta mejores sistemas de controles internos para evitar casos de corrupción en la administración pública.

“Hubo corrupción y la complicidad oficial en algunas fuerzas de seguridad. Los abusos más frecuentes incluyeron la extorsión y la protección de las personas involucradas en el tráfico de drogas, la trata de personas, el lavado de dinero y la prostitución. Las denuncias de corrupción en los tribunales provinciales y federales fueron frecuentes”, señaló el documento de los funcionarios estadounidenses acuerdo al informe Human Rights Report 2022 que analiza la situación de los derechos humanos en todo el mundo.

Tucumán, por supuesto, no escapa a esa observación. Justamente en la edición de ayer se reveló un posible sistema irregular de cobro de multas por los controles de alcoholemia en el Tribunal de Faltas de la municipalidad capitalina, y que podría derivar en falta de dinero en las arcas de la intendencia. Fue el caso de un infractor al que se le entregó un cupón de pago que había sido reimprimido de una multa anterior, con otro nombre y que, con ese documento, logró que le devolvieran el vehículo que había sido secuestrado,

El hecho es que el pago de la multa nunca ingresó a las arcas del municipio. Se teme que sea un método que se repite sin que haya sido detectado. También vale recordar en este marco las irregularidades detectadas en el Instituto de la Vivienda en 2017, cuando empresas vinculadas a funcionarios del Gobierno ganaban licitaciones de obras.

Es decir, cada vez que surge una observación extranjera sobre la corrupción existente en el país se reitera la necesidad de contar con herramientas de control que impidan que se cometan delitos a la luz de las debilidades legales que ofrece el Estado. Resurge, por ejemplo, que se aplique la normativa vinculada a la transparencia de los actos de gobierno.

Por ejemplo, que se reitere a la ciudadanía la vigencia de la ley del derecho de Acceso a la Información Pública (27.275), y que le permite a cualquier argentino consultar sobre los manejos de los recursos públicos. El acceso a estos datos es absolutamente gratuito. Si bien no es suficiente, tal vez frene a aquellos que quieran cometer delitos a la sombra de la gestión estatal. Tucumán, vaya por caso, carece de una ley de transparencia o de acceso a la información pública, por lo que nadie puede acceder a informes sobre los dineros públicos, cómo se invierten y con qué destinos.

Es lamentable el informe sobre la Argentina, donde se dice que abundan los casos de corrupción, que el Gobierno poco y nada hace para combatirlos, que los mismos integrantes de las fuerzas de seguridad extorsionan y protegen a personas involucradas en delitos graves, con un Poder Judicial fuertemente politizado y presionado por el poder político, y donde la prensa también está a merced de la dirigencia que atenta contra la libertad de expresión. Estas miradas debieran ser un acicate para que haya una reacción ciudadana y dirigencial para cambiar la imagen que se tiene del país, más que nada de los argentinos, para que la corrupción no sea el distintivo por la cual se identifique al país.