La verdad la sabe usted elector, electora. Es su rol. Cada dos años vuelve esa responsabilidad. No todos toman conciencia de la importancia central que tiene. Es que no siempre está claro qué es lo que se decide. No es para menos. Ninguno fue elegido candidato por los propios ciudadanos.

Como no fueron electos para postularse defienden su proyecto personal antes que una idea o una serie de propuestas que pueda seducirlos a ustedes que dentro de siete días darán el veredicto.  

¿Cuál es la finalidad del poder? ¿Para qué van a ser electos? Las respuestas son difíciles. Sin embargo, es tanto el dinero que se invierte en el proceso electoral que entre otras cosas, una de las finalidades es recuperar la plata para que dentro de cuatro años puedan seguir.

En el debate que se hizo el martes pasado en los estudios de televisión de LA GACETA se plantearon algunas ideas. Entre los candidatos a vicegobernador dejaron en claro que tal vez sea necesaria una reforma de la Constitución. La Carta Magna tucumana fue hecha pensando demasiado en el gobernador de turno (José Alperovich era en aquel entonces) y muy poco en el tucumano. También dejaron en claro que el mal mayor es el sistema electoral. Es que aún cuando le permite al peronismo oficialista perpetuarse en el poder, la cantidad de millones que ello implica le quita valor a la mismísima democracia.

Velando las armas

La suerte pareciera que ya está echada. Los participantes de la contienda velan las armas. Organizan la logística y cargan nafta a sus autos y motos, a las divisiones de flete y a toda la estructura de acarreo electoral.

Más de uno ultima los detalles de las “picardías criollas” que no son otra cosa que micro fraudes que se toleran bajo el eufemismo de “folklore electoral”. También se terminan de pulir los detalles para asegurar la fiscalización y el conteo de sufragios.

Dicen los que conocen la intimidad de los cuarteles en los que se agrupan los militantes que asumen estas misiones que los más altaneros son los “contadores” de votos, por su decisiva importancia en elecciones que son reñidas.

Aunque sus aires de superioridad son resistidos por los “fleteros” quienes se jactan de ser los verdaderos artífices de que el domingo electoral sea una concurrida y renovada “Fiesta de la Democracia”, argumentando con un potente contrasentido: sin nosotros, el “Soberano” se queda en su casa.

Y, por supuesto, allí aparecen para terciar por la gloria, los habilidosos “fiscalizadores”. Con mirada torva para imponer obediencia y sonrisa socarrona para inspirar confianza en sus habilidades, preguntan retóricamente: ¿para qué acarrearlos a votar si no nos aseguramos de que “voten bien”?

Cabe detenerse en los pintorescos equipos de campaña, con sus asesores de imagen y contenido, encuestadores, publicistas y promotores. Les cuesta diferenciarse. Casi todos los candidatos sonríen muy parecido y repiten palabras idénticas como si todos fueran del mismo color político.

Ni hablar de las encuestas. Durante estos últimos días llegaron encuestas a los oídos -nunca a los ojos- de los periodistas, que afirman que el oficialismo gana en la Capital de la provincia por dos puntos. ¿Quién pagó la encuesta? El propio oficialismo. Lo mismo ocurre en la oposición de Juntos por el Cambio que afirmaron que tienen números de sondeos que los dan ganadores el próximo domingo. De nuevo son encuestas que nadie ve y que favorecen al que paga. En ambos casos se les solicitó a los interlocutores que envíen sus encuestas para publicarlas y los interlocutores en cuestión hicieron mutis por el foro.

Saco o toga

Hay otros espadachines que suelen vestir diferente. Son los abogados. Están los de saco y camisa -ya la corbata se ha convertido en una especie en extinción- que se ocupan de los  trámites ordinarios de inscripción para participar en la elección y también están los que se visten con la toga y que ejercen la esgrima de su oficio en las más altas esferas del Poder Judicial.

Estos espadachines se han vuelto indispensables en los comicios desde que la política electoral, sobre todo en Tucumán, tiene inevitablemente un estelar capítulo judicial. Para muestra, basta un botón: en esta provincia la Justicia ha llegado a anular una elección, aunque esa decisión haya sido revocada por las instancias superiores.

Galimatías y disculpas

Las elecciones de este 2023 no son una excepción. Luego del pico de atención que tuvo el proceso de amparo por cuya virtud la Corte local habilitó la candidatura a vicegobernador del gobernador actual, sobre la base de considerar que la redacción de la cláusula reguladora de la materia, alumbrada por la Convención Constituyente de 2006 (integrada por el entonces convencional Juan Manzur, actual gobernador y amparista denunciante de su propia mala praxis como convencional), resultaba poco clara, aunque no tanto como para dudar de la habilitación constitucional de la candidatura de Manzur. Disculpe el lector si debe volver a leer estas líneas. No se trata de un galimatías: es la opaca y laberíntica realidad de lo ocurrido.

El capítulo judicial adquirió un monopólico protagonismo. Es que penden en la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuatro planteos que se vinculan con las elecciones. Tres de ellos han sido promovidos por el Partido de la Justicia Social. El restante, por Creo.

Tres se vinculan con la habilitación de Manzur como candidato a Vicegobernador. El cuarto con el adelantamiento de las elecciones, peticionando que se deje sin efecto su convocatoria porque se hizo para un día que no está comprendido dentro de los límites que plantea la mismísima y desobedecida Constitución.

Los más reconocidos baqueanos del territorio cortesano federal apuestan 100 a 1 que los cuestionamientos contra la candidatura de Manzur no tienen chance. Dicen que su contenido no pasa el severísimo tamiz que el juez Carlos Rosenkratz aplica en este tipo de asuntos. Sólo admite la “intromisión” de la Corte federal en asuntos eminentemente locales, cuando lo que se cuestiona es un inequívoco apartamiento de la norma constitucional local, cosa -dicen estos mismos baqueanos- que en el “caso Manzur” no ocurre, pues existe una interpretación literal posible de la Constitución tucumana, en su texto actual, que no invalida la candidatura de Manzur. A esta oposición, se suma el hecho de que el ministro de Corte Horacio Rosatti -amo y señor de la agenda de cada acuerdo, por su rol de Presidente- no parece simpatizar con el dictado de sentencia alguna por parte del Alto Tribunal.

Por lo tanto, todas las miradas se dirigen al cuestionamiento relativo al adelantamiento de las elecciones. No caben dudas de que la candidatura de Manzur es un asunto de puro interés local, mientras que una modificación del calendario electoral trasciende lo comarcano y se proyecta en dimensión nacional. De allí la preocupación de los operadores del oficialismo, sazonada por dos circunstancias para nada despreciables: el hecho de que la causa que más “salta” de vocalía en vocalía es la que pretende la anulación de la convocatoria, y la ponderación por parte de esos avezados baqueanos de que, desde el punto de vista constitucional, hay mucha más razones para anular el adelantamiento de las elecciones que para bajar la candidatura de Manzur.

De allí el entusiasmo con el que “altísimos comisionados nacionales para asuntos judiciales” de PRO multiplicaron sus esfuerzos para lograr que la Corte acoja favorablemente la medida cautelar de suspensión de la elección que aguarda resolución en su despacho. La cuestión está procesalmente lista para ser resuelta. La Procuración General de la Nación ha emitido ya un “poncio pilatesco” dictamen: la Procuración opina que la materia no es competencia originaria de la Corte; pero dice que la última palabra le corresponde a la propia Corte, que ya ha intervenido en asuntos electorales locales similares. ¡Chocolate por la noticia!; como todo dictamen no vinculante, el del Procurador no obliga a la Corte; pero, -dicen los baqueanos-, no es usual que el Procurador al finalizar cada dictamen, le recuerde a la Corte que si quiere puede apartarse. Parece un premio consuelo para la oposición de parte del Procurador.

Pero lo que era un bastante menos que moderado optimismo en el ejército de Juntos por el Cambio, se trastocó en una amargada casi resignación, cuando los operadores volvieron de fatigar los pasillos de la Corte: los déficits procesales de que adolece, según ellos, la presentación del Partido para la Justicia Social lucen irredimibles sin el concurso de una férrea voluntad política que los torne irrelevantes; tan malas habrían sido las decisiones y ejecuciones abogadiles tomadas respecto de la táctica y de la estrategia aplicadas. Los tecnicismos son abstrusos para el ciudadano de a pie, pero es lo que argumentan los leguleyos palaciegos. “Todo hace pensar, entonces, -conjetura ahora un leguleyo local-, que las elecciones van a suceder ante la indiferencia de la Corte Federal; y agrega que, obviamente, eso está mal pues la Corte debería pronunciarse expresamente por sí o por no, evitando que se siembren dudas innecesarias sobre la legalidad del proceso electoral en marcha.

Si así sucediere, los cortesanos, pulcros caballeros, custodios primeros de la Constitución, habitantes del único Palacio que tolera una República, habrán descendido virtualmente desde la alta arena en la que discurren las batallas sujetas a su intervención, hasta el barro en el que los gladiadores que hoy están velando sus armas, se enfrentarán hasta la derrota el próximo domingo. Al final, no solo los gladiadores estarán embarrados. También lo estarán las togas de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.  Los altos magistrados aún tienen días para reflexionar y advertir que sólo habrán contribuido a acentuar el derrumbe progresivo del edificio institucional.