Las concesiones hidroeléctricas originadas durante las privatizaciones en la presidencia Menem de los años 90 comienzan a caducar en este año en agosto con las grandes obras del Comahue: Chocón, Planicie Banderita, Alicurá y Piedra del Águila. Esa situación lleva a la toma de decisiones importantes para el Estado Nacional: ¿Prorrogar las concesiones?, ¿generar nuevas? ¿Retornar las obras al Estado? ¿B ajo qué modalidades? Todo en una circunstancia crítica para el país. En la provincia de Tucumán, sus principales obras hidráulicas: El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo están bajo una concesión que caduca en julio de 2026. Son obras que, con ser de gran importancia para la provincia en cuanto a que brindan agua potable a población, agua para industrias y para riego agrícola, y brindan protección contra inundaciones fluviales, son de escasa significación como generadoras de energía eléctrica tanto para la provincia, para el NOA como para el Sistema Eléctrico Nacional. Es altamente probable que el Estado nacional adopte estrategias más determinadas por los grandes aprovechamientos hidroeléctricos del Comahue, la Patagonia y Cuyo que por los pequeños del Centro y Norte del país. Por otra parte, las obras en Tucumán ya han cumplido su período de amortización y para extender su vida útil requieren inversiones significativas. A Tucumán se le plantea el desafío de asumir la explotación de esas obras hidráulicas que son sustento básico de su economía y de las necesidades de la población. Tiene tres años para evaluar el camino a seguir y encarar las transformaciones institucionales y organizativas para afrontar el futuro de esas obras y de la problemática de los recursos hídricos de la provincia.
Franklin Adler
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