25 Agosto 2023
Mientras que la Universidad Torcuato di Tella anunciaba que el 43% de la población argentina es pobre, los políticos argentinos tuvieron en sus arcas los 1.750 millones de pesos que el Ministerio del Interior les entregó para solventar los gastos de campaña para las PASO, que dirimieron quiénes participarán en las elecciones generales del 22 de octubre, para cuyo momento les extenderán una nueva partida presupuestal del orden de los 3.510 millones de pesos y otros montos millonarios para la segunda eventual y al menos concatenar su vuelta eleccionaria llamada “ballotage”, que determinará al nuevo presidente, hombre o mujer. Por cierto, tales consideraciones económicas están contenidas tanto en el artículo 38 de la Constitución de la Nación, como en la ley 26.571 promulgada en 2009, llamada “Ley de democratización de la representación política, transparencia y equidad electoral”, así como los decretos del Ministerio del Interior encargado de entregar 650 millones para candidaturas de Presidente y vicepresidente; 650 millones para diputados; 325 millones para senadores; 65 millones para los parlamentarios del Mercosur nivel nacional y 65 millones para los del Mercosur, nivel regional. Esos dineros “pueden” verse ahora, pisoteados en las veredas con los nombres y figuras de los candidatos, quienes en teoría debieran renunciar a esas aportaciones del pueblo recurriendo a sus ingresos para una postulación, dada la aguda crisis generada por la inflación y la galopante recesión, al menos concatenando sus lemas publicitarios con la realidad de los que consideran sus representados, que se debaten en la catastrófica hambruna. El artículo 38 de la Constitución hace referencia explícita a “partidos políticos” como instituciones fundamentales del sistema democrático y allí dice que esas instituciones “deberán dar publicidad del origen y destino de sus fondos y patrimonio”. Es de suponer que un partido ha de tener actas de fundación y funcionamiento, nómina de afiliados, aportes mensuales de los mismos, local partidario, de su propiedad o alquilado con la ubicación registrada en Rentas y en AFIP. En ningún momento habla de agrupaciones, a las que se está asignando esas millonadas, si es que tienen alcance nacional o meramente provincial. El no cumplirse con esos acápites universales de la política, es posible explicarse el descalabro en que nos encontramos actualmente. Tal vez en algún momento tengamos la posibilidad de contar con la plena libertad de participar en actos eleccionarios y no estar obligados para justificar semejante engaño.
Fernando Sotomayor
Alberdi 139 S.M. de Tucumán
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