Asistencia a municipios: una adenda también exhibe disparidad en el giro de fondos

¿Cuál es el criterio de distribución de fondos públicos a los municipios -reintegrables y no reintegrables- que está aplicando la Casa de Gobierno? Bajo esa premisa, los intendentes radicales Sebastián Salazar, Alejandro Molinuevo y Mariano Campero reclaman equidad en el reparto de dineros, y denuncian una posible discriminación de parte de la Provincia porque los distritos que ellos administran (Bella Vista, Concepción y Yerba Buena, respectivamente) son los menos favorecidos en los desembolsos que otorga el Poder Ejecutivo a través del Convenio Consensuado de Fondos Unificados (conocido antes como “Pacto Social”, Ley 8.829).

Un informe publicado por este diario evidenció que entre enero y agosto la Provincia autorizó fondos no reintegrables para 14 municipios y algunas comunas por $ 11.853 millones, todos de signo oficialista. Los jefes municipales de Juntos por el Cambio (JxC) expresaron entonces que también habría discrecionalidad con los giros de dineros reintegrables, alejados de los porcentajes de coparticipación. Lo expusieron en una presentación formal que hicieron en la Casa de Gobierno. Y una adenda de junio exhibe disparidades o falta de claridad en ese sentido sobre los criterios que se siguen para otorgar las asistencias.

El Poder Ejecutivo firmó a inicios de junio adendas por casi $ 14.000 millones con 16 municipios en el marco de las disposiciones de la Ley 8.829, entre ellos los tres administrados por los radicales. En los considerandos se indicó que los dineros gestionados serían destinados para abonar el medio aguinaldo del primer semestre y los incrementos salariales (casi el 40% semestral) que se dispusieron en marzo (Decreto 830), los cuales no estaban previstos cuando los distritos firmaron el Convenio Consensuado. De los desembolsos que se hicieron en este marco, los tres municipios gobernados por JxC fueron los menos favorecidos.

Según decretos que se publicaron en el Boletín Oficial, Yerba Buena recibió $ 303,3 millones (N° 1.871/3), Concepción $ 204,5 millones (N° 1.866/3) y Bella Vista $ 163,3 millones (N° 1.870/3). De acuerdo con esa información pública, los distritos que más fondos recibieron a través de la adenda fueron: Banda del Río Salí con $ 2.172 millones (N° 1.867/3); Aguilares con $ 1.735 millones (N° 1.876/3); Famaillá con $ 1.670 millones (N° 1.879/3); Monteros con $ 1.428 millones (N° 1.875/3); y Alberdi con $ 1.343 millones (N° 1.865/3).

Se ubican más atrás Tafí Viejo con casi $ 999 millones (Decreto N° 1.873/3); Lules con $ 947 millones (N° 1.869/3); Tafí del Valle con $ 640 millones (N° 1.864/3); Simoca con $ 536 millones (N° 1.877/3); Trancas con $ 520 millones (N° 1.874/3); Alderetes con $ 503 millones (N° 1.872/3); La Cocha con $ 383 millones (N° 1.868/3); y Graneros $ 360 millones (N° 1.878 /3).

Disparidades

Los desembolsos de las adendas parecieran no seguir los mismos parámetros que contempla la Provincia para el giro de fondos reintegrables a los Municipios para cubrir gastos de planilla salarial, entre otros, para su funcionamiento. En el periodo de julio se les otorgó fondos reintegrables por $ 360,5 millones a Yerba Buena (sin contemplar el consorcio público metropolitano); casi $ 300 millones para Concepción; y $ 237 millones para Bella Vista. En el mismo periodo, Banda del Río Salí recibió fondos reintegrables por $ 1.288.357 millones; Aguilares $ 978 millones; Famaillá $ 957 millones; Monteros $ 902 millones; Lules $ 729 millones; y Alberdi $ 690 millones, entre otros.

Es decir que mientras algunos distritos tuvieron con la adenda aumentos holgadamente superiores de lo que reciben por convenio, los municipios radicales no corrieron con la misma suerte y recibieron dineros que no llegaron a igualar lo que se les entrega por acuerdo.

Cuestionamientos

Campero y Salazar adelantaron que planean reunirse esta semana con letrados para analizar la viabilidad de planteos judiciales para terminar con el reparto arbitrario de fondos. En tanto que el jefe de Gabinete de Yerba Buena, Manuel Courel, dijo que por el “Pacto Social” se van entregando unos $ 70.000 millones a los municipios “en forma arbitraria, sin criterios de razonabilidad ni equidad”. “¿Donde están la obras? ¿Dónde están las rutas, los canales, las viviendas?”, declaró.