La Corte de Tucumán pide informes para resolver el caso de los entes intervenidos

El proceso iniciado por un ex legislador ya lleva ocho años.

TRIBUNALES. Sede de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. FOTO DE ARCHIVO / LA GACETA TRIBUNALES. Sede de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. FOTO DE ARCHIVO / LA GACETA

El juicio que desde hace ocho años sostiene el ex legislador Alberto Cilombres Garmendia, quien mediante un amparo solicitó que se diera por finalizadas las intervenciones a tres entes autárquicos de la provincia, tuvo un nuevo capítulo que anticipa una próxima definición. 

En abril de 2015, los jueces Carlos Giovanniello y Ebe López Piossek (con la disidencia de María Florencia Casas) instaron a la administración de Juan Manzur a proceder a la “normalización” del Instituto Provincial de Seguridad Social de Tucumán (Ipsst, más conocido como “Subsidio de Salud”), del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) y del Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA) a partir de una presentación de Colombres Garmendia, legislador en ese momento por el PRO.

La resolución fue recurrida por la provincia y actualmente está en manos de la Corte, con una composición integrada por los vocales Daniel Posse, Claudia Sbdar y Sergio Gandur (procedente del fuero contencioso), luego de las excusaciones presentadas por Daniel Leiva, Antonio Estofán y Eleonora Rodríguez Campos, al igual que el juez Juan Ricardo Acosta, también del fuero contencioso.

Con la nueva composición, los vocales enviaron una serie de exhortos para sumar elementos a la causa. Entre ellos enviaron uno al Instituto de Previsión y Seguridad Social en el cual requieren información acerca de si Colombres Garmendia es afiliado a la obra social. Con la firma del gerente de beneficiarios Angel Magro se informó que el ex legislador había hecho aportes hasta septiembre de 2019. En el documento, incluso, se informa erróneamente que los había hecho como empleado del Poder Judicial, cuando Colombres Garmendia pertenecía al Poder Legislativo.

La respuesta del Subsidio de Salud parece estar íntimamente ligada con la opinión vertida el año pasado por el Ministro Fiscal Edmundo Jiménez, a requerimiento de la Corte. Allí el jefe de los fiscales aseguró que “el ciudadano Colombres Garmendia no acreditó cómo la situación de los entes en cuestión le afecta en el goce de algún derecho, sea constitucional o legal, ni aun de modo hipotético”. “En autos no se acreditó ningún tipo de lesión actual, ni inminente, o potencial, que la existencia del eventual acto irregular que denuncia (intervención de las entidades autárquicas) le genere”, advirtió. 

Y agregó “Vuestra Corte ya se ha manifestado en causas análogas en las que se han presentado ante los estrados judiciales ciudadanos que alegando la calidad de afectados actúan sin la existencia de una causa judicial, denegando la legitimación”. Así, y si bien aún no hay un fallo de fondo, se entiende que la Corte podría hacer suya la opinión de Jiménez, y advertir que no hay legitimación activa por parte de Colombres Garmendia, con lo cual se cerraría la causa.

Consultado al respecto, el ex legislador advirtió que se debería tomar la legitimación desde el momento en el cuál él era legislador, cuando se hizo la interposición de demanda.- “Igual de ser así pueden dejar sin efecto el pedido por el subsidio, pero no los otros dos”, aseguró Colombres Garmendia.

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