Amenazas de bomba: “Fui acusada injustamente”

Dos acusados por amenazas de bomba quedaron en libertad

Los dos acusados por intimidación pública en contra del colegio San Francisco, seguirán vinculados a la investigación, pero cumpliendo medidas de menor intensidad.

El pasado 1 de agosto, el colegio San Francisco recibió a su casilla de mail dos mensajes, uno a las 11.06 y otro a las 11.13, en los que se alertaba la presencia de una bomba instalada en las inmediaciones del establecimiento, por lo que el colegio tuvo que evacuar a todos los presentes. La fiscalía de Delitos Complejos, a cargo de Mariana Rivadeneira, acusó a María Salomone y a Ernesto Drube de ser los autores. La justificación que dieron los investigadores en su momento fue que el primer mensaje había sido enviado desde un IP a nombre de Salomone, la representante legal del Instituto Puente, ubicado al frente del San Francisco. El segundo había sido emitido desde una conexión de internet con el IP asociado al domicilio de Drube, quien es el titular de la línea.

Gracias al recurso de impugnación, empleado por sus defensores José Ignacio Ferrari (Salomone) y Mariana Merletti (Drube), recibieron la medida de arresto domiciliario el pasado 13 de septiembre. En una nueva audiencia realizada ayer, los abogados solicitaron la revocación de dicha medida y que sus asistidos continuaran sometidos al proceso pero en libertad. Para fundamentar su pedido informaron que desde la última audiencia, se produjeron nuevas evidencias que beneficiaban la situación procesal de los imputados, como ser las pericias de los dispositivos electrónicos secuestrados durante los allanamientos realizados en el establecimiento educativo y en los domicilios de Salomone y Drube; un informe socioambiental; la entrevista testimonial a la persona que recepcionó la amenaza; un informe sobre los gastos generados por la evacuación; y un informe generado por la compañía de telefonía prestataria sobre la cantidad de servicios que posee Salomone a su nombre.

La auxiliar fiscal Julieta Molé, no prestó oposición al requerimiento. “En base a los resultados de las medidas investigativas realizadas se torna posible la sustitución de la medida de mayor intensidad. Los motivos que llevaron a esta fiscalía a solicitarlas ya están esclarecidos; los riesgos procesales han cesado y resultan suficientes las medidas de coerción de menor intensidad”, explicó.

Finalmente el juez Fernando Zóttoli hizo lugar al pedido de las partes y dispuso el cese del arresto domiciliario para ambos imputados y ordenó su inmediata libertad mientras cumplen con medidas cautelares de menor intensidad, entre las que se encuentra la obligación de presentarse cada lunes a la Fiscalía a firmar un comparendo.

El hecho le generó cierta alegría a Salomone y a su familia, debido al mal momento que pasaron por el estado de salud de la mujer cuando estuvo en prisión “Son sensaciones muy encontradas; entre alegría por lo que determinó el doctor Zóttoli y emoción porque me emociona saber que voy a volver a tener una vida normal como la que tenía antes de todo esto. También siento bronca porque más allá de que hayan determinado mi libertad, no tendría que haber estado involucrada en esta situación, no es algo que yo busqué”, le contó María Emilia a LA GACETA.

La mujer dijo que durante este último vez vivió una tortura, tanto ella como su familia, y que la situación dejó graves daños colaterales que ahora deberá enfrentar. “He sido injustamente acusada. ¿Cómo yo que soy educadora voy a hacerle eso a otra institución educativa?” manifestó la dueña del Instituto Puente.

Además apuntó contra el accionar investigativo de la Fiscalía. “Con la cantidad de técnicos que tenemos, con la Universidad Tecnológica, y existiendo la Unidad de Delitos Telemáticos, ¿el MPF no pudo llamarlos para asesorarse bien, para averiguar dónde radica todo esto, dónde hubo una comunicación o si habían hackeado la línea del colegio? No tienen nada que me involucre en esta causa”, dijo.

También confesó que lo único que quiere ahora es poder limpiar su nombre y poder continuar trabajando en el colegio y sacar la situación adelante. “Sólo busco que la familia Drube me pida perdón, porque estoy involucrada en esto por su hija; quiero que la fiscalía y el Estado me pidan perdón porque no tenían nada. Nunca me imaginé esto, ni en mis peores pesadillas. Yo no tenía idea de nada; cuando me mencionaban lo del IP ni siquiera sabía a qué se referían, pensaba que eran las siglas de “Instituto Puente”. Sentí que me implantaron algo con lo que no tenía nada que ver; yo no soy perejil de nadie”, expresó. (Producción periodística: Micaela Pinna Otero)