Caso Lautaro Ostriz: multarán con $ 100.000 por día a la Policía hasta que aporte una prueba pedida por una defensa

La defensa de dos de los imputados por el crimen de Lautaro Alexander Ostriz (24 años) consiguió que un juez intime a la Policía por considerar que estarían intentando demorar la producción de una prueba que podría beneficiar a su defendido. Al no haber habido objeción de la Fiscalía ni de la querella, el juez Eduardo González consideró admisible el pedido e instó a la división Homicidios a que presente el informe solicitado en menos de 24 horas, imponiendo además un apercibimiento de $ 100.000 por cada día que demoren en presentarlo. Fuentes policiales explicaron que será imposible realizar ese informe, que es sobre el análisis de cámaras de seguridad de las provincias de Salta y Jujuy, porque al material fílmico lo tienen las autoridades salteñas y deben esperar a que sea remitido a nuestra provincia.

Un crimen por drogas

Ostriz desapareció el 9 de agosto cuando salió de casa para encontrarse con una persona en la intersección de ruta 302 y un camino de tierra cercano al “puente de hierro”. El cuerpo de la víctima fue encontrado el 20 de agosto por la confesión del imputado Cristian Leal (24 años). La autopsia determinó que Lautaro murió por los golpes en la cabeza que recibió con una especie de garrote. Por el hecho, y con base en los datos que aportó Leal, se detuvo a Myriam Paz (57 años), a su hijo Roque Miguel Tula (32 años) y a Hugo Fernández (46 años); además fueron imputados también los mellizos Héctor y Elio Córdoba (32 años). El móvil del crimen habría sido la desaparición de tres kilos de cocaína.

En la audiencia de ayer la defensa de Tula y de Paz insistió con la versión exculpatoria del hombre. Al momento de su detención, Tula había asegurado que no estuvo en la provincia. Señaló que viajó a Bolivia para hacer unas compras. Como sustento a esa teoría, los defensores Silvia Furque y Gerónimo Martínez Molina solicitaron dos medidas: el secuestro del libro de ingresos de un hotel de La Quiaca, donde se habría alojado el acusado; pero además un informe de cinco cámaras de seguridad que probarían que para esa fecha Tula había salido de Tucumán, pasando por dos peajes y por dos estaciones de servicio.

Ayer Martínez Molina reclamó que habían solicitado esta prueba el 28 de agosto y que hasta hoy no tuvieron respuesta sobre el informe. “Solo nos informaron que una de las cinco cámaras no estaba funcionando, pero de las otras cuatro aún no tienen nada porque las tendría el ECIF de Salta”, indicó. En ese sentido, manifestó que podría tratarse de una demora intencional dado que “la misma división Homicidios, que debe presentar este informe, es la que sostiene la acusación contra nuestro defendido en base a ‘averiguaciones reservadas’”. Por otra parte, el defensor admitió que la policía jujeña ya remitió el libro del hotel que habían solicitado y que el cuaderno está en manos de la fiscal de Homicidios Ignacio López Bustos, que solicitó una pericia caligráfica para determinar si efectivamente la firma indicada es de Tula o si la rúbrica fue falsificada.

Furque, por su parte, cuestionó la legalidad de las “averiguaciones reservadas” y planteó: “el imputado Leal mencionó en el caso a una tal ‘Marta’ y a un tal ‘Miguel’, pero por arte de magia para la Policía pasaron a ser Myriam y Roque Miguel. Esto se debe a la persecución policial que sufre la señora Paz, que denunció a la Policía en más de una ocasión”.

El fiscal y el abogado querellante, Braulio Zelarayán, no plantearon ninguna objeción al pedido de la defensa. En ese sentido, el juez González consideró que la solicitud de Martínez Molina y de Furque era admisible y resolvió intimar a la división Homicidios a que presente el informe solicitado en las próximas 24 horas (hasta hoy al mediodía); además determinó que el jefe de esa división deba pagar una multa de $ 100.000 por cada día de más que demore en responder a este pedido judicial.

Fuentes policiales aseguraron que: “el informe solicitado de las cámaras de seguridad de la provincia fue presentado en tiempo y forma. El material que están solicitando está en manos de las autoridades salteñas y, hasta que no lo remitan a Tucumán, no se podrá hacer el informe que solicitan”.

Declaraciones

En la audiencia también declararon los imputados. “No sé cómo explicarles que soy inocente. Quiero que se haga justicia porque nos están acusando injustamente y la estoy pasando re mal”, sintetizó Tula. Por su parte, Myriam Paz se solidarizó con la familia de la víctima, pero también juró su inocencia. “Es lamentable lo sucedido. Soy madre de siete hijos y tengo 18 nietos, puedo imaginarme el dolor que está sintiendo esa mamá (la de Ostriz). Pido justicia por esa madre, porque Dios sabe que mis manos están limpias. Espero que caigan los verdaderos culpables de este crimen. Realmente me arrepiento de haber denunciado a la Policía, porque nunca había tenido problemas con nadie y sé que por esa razón me allanaron y me inculparon de esto”, manifestó.