Las vacantes en la Justicia Federal

En la semana que pasó, luego de cinco años, quedó conformada en su totalidad la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, con la asunción como camarista de Fernando Poviña, quien se venía desempeñando como titular del Juzgado Federal N° 2. La buena noticia de que el tribunal judicial vuelve a la normalidad al cabo de tanto tiempo tiene una contracara de urgencia en el hecho de que se acentúa la crisis operativa que afecta sustancialmente el funcionamiento de la Justicia Federal en nuestra provincia, a tal punto que el presidente de la Cámara, en su discurso, puso énfasis en esta carencia. “Ahora podemos funcionar en plenitud, pero sin dejar de mencionar la cantidad de vacantes que tenemos en nuestra jurisdicción, así como en todo el país, por lo que es necesario que el Poder Ejecutivo como el Senado de la Nación avancen en la cobertura de cargos dejando atrás enfrentamientos políticos”.

El tema del reclamo por las vacantes es recurrente en todo el país (incluso en Tucumán la Justicia local tiene más de 100 vacantes también) y la polémica está centrada en la falta de definición en el Poder Ejecutivo, que debe elegir a cada candidato tras el proceso de selección, y el Poder Legislativo, que debe avalar la designación. Actualmente el 34% de los cargos no tiene titular. Entre ellos están los dos camaristas que faltan en el Tribunal Oral Federal de Tucumán. Este tribunal, que tiene atrasados, sin fecha de realización, procesos orales de magnitud, como el de las supuestas maniobras en obras en la Universidad Nacional de Tucumán con las regalías mineras- lleva ya cinco años sin todos sus titulares.

En el caso de los juzgados, el año pasado se designó a José Manuel Díaz Vélez como titular del Juzgado Federal N 3, que no está funcionando, y que subroga el Juzgado Federal N 1. Con la promoción de Poviña a la Cámara de Apelaciones – que abarca las jurisdicciones de Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca- quedará un solo juez.

A medida que se han producido vacantes, la Justicia ha resuelto en forma precaria con el nombramiento de jueces subrogantes, lo cual debiera ser una salida para una emergencia y no una situación que se mantenga en el tiempo, porque eso termina resintiendo el sistema de justicia en su totalidad; recarga de trabajo a cada uno de los magistrados y podría afectar la calidad de sus prestaciones.

Lo normal debería ser que haya previsión de vacantes, como debiera ser el caso de las jubilaciones, para lo cual no debiera transcurrir demasiado tiempo hasta el reemplazo. Otra situación se da cuando hay emergencias o cuando los mismos magistrados cambian de destino. Sin embargo, tampoco eso debiera significar demasiado tiempo de espera en la cobertura de cargos. Para ello, el sistema de selección y nombramiento de magistrados debe ser aceitado y liberado de presiones políticas, a fin de que mejore la prestación de la Justicia. Es de esperar que con los nuevos tiempos en el país cambien estas falencias que ya han devenido estructurales.