En Tucumán denuncian que inducen partos sin consentimiento en lugar de realizar un aborto legal

La Fundación Mujeres x Mujeres detectó nuevas prácticas en el sistema de salud de Tucumán que obstaculizan el acceso a las interrupciones legales y voluntarias de embarazo (ILE e IVE), por lo que presentó pedidos de información pública a en distintas reparticiones del Estado.

Estas prácticas consisten en inducir partos en lugar de garantizar el aborto legal en niñas o adolescentes con gestaciones producto de abuso sexual, lo que se detectó luego de tomar conocimiento sobre la existencia de certificados de “nacidos vivos de ILE” en la provincia e ingresados en el Sistema de Adopción local.

 “Frente al pedido de una ILE registrado en la historia clínica, nos encontramos que se desarrolla artificialmente la vida intrauterina y luego en el hospital se provoca el nacimiento, vulnerando la voluntad de niñas y adolescentes. Desconocemos si ellas saben que tuvieron un nacimiento con vida, pero la Suprema Corte de Tucumán nos confirmó la existencia de al menos cinco “nacidos vivos por ILE”, -así los están anotando-, de alrededor de 26 semanas, al borde de la viabilidad fetal, que requieren de largos meses de cuidados en el servicios de Neonatología, con cuadros de parálisis cerebral infantil y otras patologías graves, que luego fueron ingresados en el Sistema de Adopción legal de la provincia”, explicó a la abogada Soledad Deza, presidenta de MxM, en Página/12.

Caso testigo en el Hospital del Este

Uno de los casos relevados por la organización ocurrió en el Hospital del Este Eva Perón, en Banda del Río Salí. El nacimiento fue el 11 de abril de 2022, cuando tenía 26 semanas de gestación y 850 gramos de peso. La criatura permaneció ocho meses en Neonatología, y entre otras patologías registra “parálisis infantil de tipo espástica”, síndrome convulsivo, e hidrocefalia. El primer mes de internación tuvo además meningitis. A los 10 meses de vida se alimentaba con sonda nasogástrica, y estaba sometido a un “entrenamiento de coordinación de succión y deglución”.

El Juzgado Civil en Familia y Sucesiones de la IVº Nominación de Tucumán declaró que estaba en “situación de adoptabilidad” el 7 de febrero de 2023. Intervino en el trámite la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia y de las defensorías de NIñez, Adolescencia y Capacidad Restringida de la IIº y IIIº Nominación de Tucumán, como así también el agente fiscal de la Iº Nominación. En el expediente 13279/22 figura como “nacida” (...) “tras realizar una práctica de Interrupción Legal de Embarazo (ILE)”. Según la información recabada por la Fundación MxM “ninguno de los organismos de defensa de los derechos de la niñez denunció las violencias que han sufrido esas niñas”, indicó Deza.

MxM presentó ante el Sistema Provincial de Salud (SIPROSA) de Tucumán un pedido de información pública donde pregunta, entre otras cuestiones, cuál fue el personal que tuvo a su cargo el proceso de la inducción al parto, las razones por las que se le denegó la ILE y si se realizó una denuncia penal o el inicio de actuaciones disciplinarias para determinar las responsabilidades de los profesionales intervinientes. “Denegar un aborto legal es un delito, además de que se está incurriendo en violencia contra la libertad reproductiva”, advirtió Deza. Todavía no recibieron una respuesta del SIPROSA.

La defensora nacional de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, confirmó que desde el organismo detectaron esta práctica en distintos lugares del país. La Defensoría está elaborando un informe con este y otros obstáculos en el cumplimiento de la ILE registrados en el último año. “Para nosotros es central el derecho de las niñas a ser oídas, a que su opinión sea tomada en cuenta y que se haga la interrupción del embarazo que corresponde, si ese es su deseo”, dijo Graham.

Por otra parte, se manifestó rechazo a que “se anoten” a estos bebés como “nacidos vivos de ILE”. “Nos parece algo muy perverso porque en la partida de nacimiento de los chicos no se pone nacido por cesárea, nacido por parto natural o nacido por reproducción asistida, entonces anotar nacido vivo de ILE nos parece de una crueldad espantosa”, apuntó.

MxM también pidió información pública a la Superintendencia de Seguros de Salud, el organismo a nivel nacional que fiscaliza el cumplimiento del acceso a la IVE/ ILE por parte de las obras sociales y prepagas para saber si había alguna instrucción oficial para que se dé ese alerta al titular del grupo familiar. La entidad negó que se hubiera dictado alguna normativa en ese sentido. Es decir, la práctica es ilegal. El organismo recordó que las leyes que contemplan los derechos de los pacientes y la misma ley Nº 27.610 –de IVE/ILE–, en su artículo 5º inc. b) se refieren a la privacidad. La ley 27.610 establece que “toda actividad médico-asistencial tendiente a obtener y transmitir información y documentación clínica de la paciente debe garantizar la construcción y preservación de un ambiente de confianza entre el personal de salud y las personas que solicitan la atención, y observar el estricto respeto por su intimidad, dignidad humana y autonomía de la voluntad, así como el debido resguardo de la confidencialidad; solo se compartirá información o se incluirá a su familia o a su acompañante con su expresa autorización, conforme las previsiones del artículo 8º de la misma ley”.

Una tercera estrategia detectada para obstaculizar las prácticas de ILE/IVE es la designación de profesionales “objetores de conciencia” al frente de Maternidades. Es el caso de Gerardo Murga, flamante director del Hospital del Este, quien se desempeñó anteriormente como jefe de la sala de partos de la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes, donde se había declarado objetor de conciencia.

Otro dato que señaló MxM es que el cura Enzo Daniel Romero, capellán en la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes, usa por encima de su tradicional atuendo religioso un delantal blanco como el de los médicos. Esta y las otras prácticas mencionadas forman parte de una trama, perpetrada por actores estratégicos, que busca obstaculizar las interrupciones legales de embarazo en la provincia, según denunció la fundación.