Cinco cuestiones sobre el “salariazo” legislativo

Desde hace 12 días, Argentina es gobernada por Javier Milei, un economista que apareció en la escena política hace dos años siendo electo diputado nacional y que, como medida distintiva del resto de los parlamentarios nacionales (presentes y pasados), sorteó su dieta en lugar de cobrarla.

Hace una semana, los legisladores de Tucumán resolvieron que sus remuneraciones debían equipararse con la del empleado administrativo mejor pago de la Legislatura. Consecuentemente, el monto que reciben mensualmente por sus funciones pasó de unos $ 700.000 a unos $ 2 millones.

El contraste entre la dinámica de la política nacional y la inercia de la política Tucumán es inabarcable. Hay un océano de distancia entre los cambios que se impulsan en el país y el “más de lo mismo” provincial. Tucumán es una isla. Pero esa insularidad no basta para explicar por qué, en la misma semana que el Ministerio de Economía anunciaba el mayor ajuste de las últimas dos décadas, la Legislatura desajustaba los salarios parlamentarios respecto de todo contexto.

Por el contrario, hay cuestiones que preceden el “salariazo” parlamentario. Y otras que lo exceden.

Lo corriente

En situaciones corrientes, no puede ser cuestionable que los legisladores incrementen sus ingresos. Ni siquiera debiera ser polémico. Menos aun cuando lo más corriente en este país es la inflación. Aumentan los salarios de los trabajadores y es correcto que ocurra lo propio con los parlamentarios.

Claro está, dada la larga deuda de la democracia con la prosperidad de la sociedad, el parlamento (el más democrático de los poderes) es a menudo el chivo expiatorio de ese déficit. Sin embargo, no es el gasto legislativo lo que lleva al quebranto a las naciones. Por caso, cada una de las dictaduras argentinas del siglo XX clausuró los parlamentos y dejó peores condiciones socioeconómicas que las que había encontrado. La deuda externa se vuelve impagable durante el autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” y su genocidio, a pesar del “ahorro” legislativo.

Estadísticamente, nos va infinitamente mejor cuando hay poderes legislativos que cuando no los hay. Es un precio que bien vale pagar a cambio de gozar del Estado Constitucional de Derecho.

Ahora bien, lo que vivimos los argentinos y los tucumanos hoy no son “situaciones corrientes”. No es “corriente” tener una inflación del 148% de enero a noviembre. Ni una pobreza del 45%. Ni la brutal devaluación de la moneda: el cuarto gobierno “K” recibió el dólar “blue” en $ 65 pesos y lo dejó en $ 1.000. Dejaron una deuda “urgente” (BCRA, Tesoro Nacional, Anses, YPF y exportadores) rayana en los 100.000 millones de dólares, acumulables con los más de 400.000 millones de deuda externa.

En este contexto incendiario, el nuevo Gobierno ha encarado una feroz desregulación de la economía, que comenzó con una devaluación del 118% (el dólar oficial pasó de $ 400 a $ 820), la liberación de tarifas, el endurecimiento impositivo para numerosos sectores productivos y la suelta de los precios. “En los próximos meses vamos a estar peor”, admitió Caputo. Estaba ratificando, en criollo, la advertencia antes vertida por el presidente Javier Milei: hay que pasar la “estanflación”.

Esta es la circunstancia que eligieron los legisladores de Tucumán para “sincerar” sus ingresos. El verbo actúa como un eufemismo que maquilla un hecho: se triplicaron sus remuneraciones.

Justo “en horario” con los “cacerolazos” en la Ciudad de Buenos Aires al ritmo de un doble repudio: la profundización del ajuste que implica el DNU del miércoles, por un lado; y, por el otro, el hecho de que todo el sacrificio carga sobre los hombros de los contribuyentes y no sobre el de “la casta”.

Lo público

Emanuel Kant, uno de los mayores pensadores de la Ilustración, tuvo años incómodos. Simpatizaba con la Revolución Francesa, pero servía a un monarca: Federico II de Prusia. Le demandaron pronunciarse sobre el estallido y el filósofo acuñó un principio crítico, pilar de la modernidad. Kant planteó que toda política debía ser pública para considerarse virtuosa. Era una condición necesaria, aunque no suficiente. Una política podía darse a publicidad y no por ello ser “buena”. Pero no podía considerarse “buena” si no se llevaba a cabo públicamente. Como una revolución no puede debatirse abiertamente, no podía ser considerada virtuosa. Tampoco una contrarrevolución.

Uno de los mitos fundacionales de esta Nación es un calco de ese principio. “El pueblo quiere saber de qué se trata” es, según la leyenda política, el clamor vecinal en torno del Cabildo de Buenos Aires el 25 de Mayo de 1810. La cimiente de esta patria se incuba en la placenta de lo público

Esa publicidad estuvo ausente en la Legislatura. El 24 de noviembre se avisó aquí (“Las batallas secretas del oficialismo”) que legisladores del oficialismo y de la oposición habían firmado un documento pidiendo al vicegobernador, Miguel Acevedo, una recomposición de remuneraciones. El lunes, otra vez en LA GACETA, el periodista Fernando Stanich reveló, que la suba se sancionó en secreto. Fue en una sesión, sin que el pueblo (ni algunos legisladores) estuviera siquiera anoticiado.

¿Por qué? Porque se votó en los módulos de resoluciones y minutas de comunicación. Entre las “declaraciones de interés legislativo” de alguna fiesta patronal y las “manifestaciones de beneplácito” porque alguien recibió un reconocimiento. Ahí, justo ahí, estaba la resolución 90-PR-2023 en la que decía que el poder político provincial decidía marchar en contramano con el país.

La forma

En 1937, en la UNT, el sacerdote y filósofo español Manuel García Morente enseñaba, en sus “Lecciones Preliminares de Filosofía”, sobre el titánico esfuerzo de Aristóteles unir lo que Platón había separado: las esencias y las formas. Lejos de ser “secundarias”, las formas eran determinantes. Entre una copa y un vaso, ambos de cristal, ¿qué hace que uno sea distinto que el otro si ambos están hechos de la misma materia? La forma. Ella determina que las cosas sean lo que son.

Tres formas adoptó la Argentina, con la Constitución de 1853. La forma federal, representativa y, nada menos, republicana. Uno de los principios rectores de la república, según el artículo 16, consiste en la igualdad ante la ley. Aquí no se admiten prerrogativas de sangre ni de nacimiento. Ni títulos de nobleza ni inmunidades personales. El aumento que los legisladores se dieron rompe con ese principio: ningún otro tucumano que se desempeña en el Estado tendrá un aumento del 300%.

El Estado tucumano, en nombre de esa igualdad, supo tener un patrón salarial conocido como “Ley de Enganche”: el gobernador tenía el mayor salario público y los ingresos de los miembros de los tres poderes del Estado se fijaban en una relación porcentual respecto de ese ingreso. Los vocales de la Corte cobraban, por ejemplo, el 90% del sueldo del mandatario. Los ministros del Poder Ejecutivo ganaban el 90% que los miembros del alto tribunal. Y un largo etcétera. El derrame incluía todas las categorías del escalafón de los empleados públicos. Subir el sueldo de los funcionarios traía aparejada una suba salarial de los estatales. Y viceversa. Había igualdad. Y proporcionalidad.

Ahora opera un marcado desenganche. Maridado con una notable desigualdad.

La materia

Luego de la sanción en secreto del “salariazo” legislativo surgieron voces parlamentarias que justifican la decisión. El problema no radica en que sean atendibles o no, sino en que son extemporáneas. En un debate previo hubieran sido enriquecedoras. Pero después de consumado el hecho, estos argumentos se transforma en una excusa para el enriquecimiento.

Eso representa una pérdida para la democracia. Hubiera sido valioso debatir una materia central: cuánto debe ganar un legislador. ¿Deben ganar lo mismo que el promedio salarial de la provincia, ya que son representantes del pueblo? ¿O lo mismo que los jueces, dada la paridad entre poderes?

Pero en lugar de la palabra, los que parlan en el parlamento eligieron obrar en el silencio. En lugar de la razón, que es la primera fuente del derecho, los que dictan las leyes eligieron el camino del tabú.

Las consecuencias

Las consecuencias del “salariazo” legislativo no se circunscribirán a reparos doctrinarios. Hay gremios que se avinieron postergar la reapertura de paritarias y aceptar dos bonos de $ 40.000 en nombre de que no había más recursos y que el Estado estaba haciendo el máximo esfuerzo salarial posible. Los hechos, en la Legislatura, ahora dicen otra cosa. El primer sindicato que pondrá el grito en el cielo, y en las calles, será el Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud (Sitas).

Dicho de otro modo, el unánime logro legislativo por erosionar los esfuerzos emprendidos por la Casa de Gobierno goza de una eficiencia implacable. Internamente, tambalean los acuerdos urdidos por el Poder Ejecutivo con los sindicatos, para poner “las cuentas en orden” (la nueva gestión asumió con un déficit igual a una planilla salarial: un “rojo” de $ 50.000 millones). Externamente, el Gobierno que ganó notoriedad nacional por ajustar $ 220.000 millones antes incluso de que Milei asumiera, ahora es noticia porque los sueldos legislativos no se ajustan, sino que se desajustan.

Es de esperar una campaña de cancelación contra Kant, su principio crítico de la publicidad como valor de la política, y su advertencia sobre la revolución. El complot. Y las contrarrevoluciones…