Las consecuencias de esconder la basura debajo del Consorcio

Cuanto menos, el alboroto generado alrededor de la gestión de los residuos urbanos en el Gran San Miguel de Tucumán confirma que el consorcio intermunicipal sirvió como botín político-electoral. Y que de ese trampolín saltaron varios referentes, oficialistas y opositores, aunque el principal beneficiado haya sido el ex intendente de la Capital, Germán Alfaro.

Un breve repaso sobre la creación del Consorcio sirve para explicar mucho de lo que en realidad terminó convirtiéndose. Cuentan los memoriosos que corrían los primeros años de la gestión de José Alperovich cuando por impulso de los opositores y entonces legisladores José Cano y Alejandro Sangenis se sancionó en 2005 la Ley 7.622, que trasladó la competencia en materia de residuos urbanos a manos del Poder Ejecutivo. Se había llegado a esa situación en un contexto de desorden en materia de medioambiente, con basurales a cielo abierto en diferentes puntos de la provincia e intendentes procesados por la Justicia Federal por contaminación. Alertado de las consecuencias que podrían traerles esta responsabilidad, Alperovich y su superministro Jorge Gassenbauer evaluaron alternativas para quitarse de encima esa mochila. Surgió entonces en 2009, cuando el escándalo por el estado de abandono y de basura amontonada del predio de Pacará Pintado era indisimulable, la Ley 8.177. Mediante ese texto, el Gobierno devolvió la responsabilidad a intendentes y comisionados y se los facultó a crear consorcios intermunicipales para abordar la temática.

Lo que en su momento emergió como una figura innovadora en Tucumán, terminó por convertirse en un agujero negro de la legislación provincial, al punto que la ley de origen no consigna los aspectos relacionados a los controles de los fondos. Así, ajeno a los controles básicos de la administración pública, el Consorcio Metropolitano se convirtió en una caja política apetecible. Estos detalles, tal como viene revelando LA GACETA, se encuentran en otras dos disposiciones complementarias: el convenio para la creación del Consorcio Metropolitano y el Estatuto del Girsu, un anexo al acta rubricada por los entonces intendentes de la Capital, de Banda del Río Salí, de Alderetes, de Tafí Viejo, de Yerba Buena y de Las Talitas.

En esos digestos sólo se especifica que el Consorcio puede adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer actos que no sean prohibidos por las normas de su constitución y demás leyes y ordenanzas y que los municipios que lo integran –que no están bajo los controles del Tribunal de Cuentas, “son responsables subsidiariamente por las obligaciones” del ente. Es decir que los intendentes, con aprobación de los respectivos Concejos Deliberantes, se designan, aportan los fondos para el funcionamiento y se deben autocontrolar sobre la aplicación de los recursos que recibe el Consorcio. Dinero que, por otra parte, no llega únicamente del sector público: hay empresas que contratan directamente a este ente para que se dispongan en sus plantas de San Felipe y de Overo Pozo los desechos que generan.

La constitucionalista Carmen Fontán lo explica sin mayores rodeos: “No hay ninguna norma que diga quién controla a los consorcios que se crearon. Pero para integrar el consorcio se necesita la aprobación del Concejo deliberante y para la provincia una ley. De tal manera que por el paralelismo de las competencias en el ámbito de cada municipio el órgano de control es el Concejo; y en el caso de la Provincia, la Legislatura”.

Es decir, una autopista sin límite de velocidad por la que van y vienen en ambas direcciones recursos públicos y privados.

Con estos antecedentes, no sorprende entonces que el ex intendente Germán Alfaro haya reconocido que gracias a su “imaginación” y “creatividad” –de las que se jactó- se financiaron obras de su gestión con dinero girado al Consorcio. Y que lo hacía porque, como figura jurídica, su administración obtenía beneficios, como una baja en los costos de los proyectos a ejecutar por exenciones y beneficios impositivos del ente. “Hicimos eso porque la ordenanza de Contabilidad lo permite, y también el Estatuto del Consorcio”, dijo visiblemente enojado en una entrevista que concedió a LG Play.

Pero a partir de su respuesta se abren un montón de preguntas que deberían tener respuestas. ¿Por qué una misma cooperativa (“Juntos Seremos Más Limitada”) fue contratada para realizar casi todas las obras? ¿Por qué se quedó con el 73% de los pagos del Consorcio, unos $ 700 millones en octubre, último mes de la gestión alfarista en ese ente? ¿Por qué si las normas se lo permitían, nunca antes había informado el municipio que determinadas obras se hacían mediante el Consorcio? ¿Al resto de los intendentes que integran el Consorcio jamás les llamó la atención que con dinero girado a ese Ente se hicieran obras en la Capital? Es cuanto menos extraño: la obra del Palacio de los Deportes que el alfarismo inauguró en plena campaña electoral fue pagada por el Consorcio. ¿Ninguno de los intendentes del oficialismo que integran ese ente se percató en ese momento para objetarlo públicamente? Y eso que a lo largo de este año electoral se tiraron con todo de un lado y de otro.

Si en teoría cada intendente aportaba recursos para costear su parte dentro del Consorcio, ¿jamás les molestó que Alfaro, candidato a vicegobernador de Juntos por el Cambio, pudiera sacarle semejante provecho electoral? ¿Desconocían ese costado del ente, a pesar de tener representantes que asistían a asambleas mensuales? En estos años de funcionamiento, es cierto, hicieron algunos pedidos de informes formales sobre los gastos a San Miguel de Tucumán, que preside el Consorcio por ser el municipio “con mayor aporte económico y financiero al sistema”. Pero más allá de esos pataleos -que tampoco jamás hicieron público y que ahora salen a la luz a cuenta gotas-, resulta curioso tanto silencio.

Aún más, el Estatuto del Consorcio determina en su primer artículo que es un ente institucional constituido como persona jurídica pública estatal con capacidad para actuar en función de su objeto exclusivo. Hay que tener mucha imaginación, es cierto, para encuadrar la revalorización de un edificio como el Palacio de los Deportes dentro de planes medioambientales ligados a la gestión de los residuos urbanos.

Al margen de estos desaguisados, el manejo de los millones del Girsu también abre una disputa política dentro del oficialismo.  Ocurre que el presidente designado por Alfaro fue Héctor “Pelao” Argañaraz, un dirigente territorial del Este –casualmente la sección electoral en la que el ex intendente más sólido estaba para los comicios- y como vice estaba Oscar Rodrigo, ligado al ex jefe municipal bandeño y actual ministro del Interior, Darío Monteros. Argañaraz dejó el Consorcio a fines de octubre y por esas vueltas de la vida a mediados de noviembre se mostró con Monteros para anunciar su apoyo a la candidatura de Sergio Massa. El 6 de diciembre, incluso, fue designado con rango de secretario en el Ministerio del Interior. Pero el escándalo desatado por los manejos del Consorcio llevaron al ministro Monteros a echarlo este miércoles. Con la decisión de Rossana Chahla de tomar distancia de ese ente hasta que finalice la auditoría encargada por ella y a la que se sumó Pablo Macchiarola, de Yerba Buena, el Consorcio quedó en manos del “bandeño” Rodrigo.

Todos estos detalles suman ruido a un oficialismo que no termina de recomponerse de la interna de 2021. Muchos dirigentes no digieren aún el acercamiento entre el gobernador Osvaldo Jaldo y Alfaro, y por eso aparecen imágenes novedosas y asoman reconciliaciones impensadas. La más potente de esta semana fue la visita que el vicegobernador, Miguel Acevedo, realizó a la intendenta capitalina. Acevedo y Chahla nunca tuvieron una buena relación mientras compartían el gabinete de Juan Manzur; y sin embargo ahora se mostraron sonrientes y con ganas de trabajar juntos.

Como se ve, el peronismo cierra el año escondiendo la basura debajo de la alfombra.