El trágico destino de una tapir dejó en evidencia lo frágil de nuestra biodiversidad

En Tucumán conviven dos factores contradictorios. Por un lado están las propagandas turísticas que fomentan las visitas locales y la conexión con la naturaleza. Es la época de las villas turísticas, los shows al aire libre, los ríos y la escapada de fin de semana. Por el otro, aparece la necesidad imperiosa de empezar a tomarnos en serio la gestión ambiental; de trabajar para que la deforestación, los basurales a cielo abierto y el excesivo consumo energético logren controlarse.

Son dos caras de una misma provincia que se unen cuando ocurren hechos trágicos, cómo la pérdida de una vida humana o la desaparición de alguna especie vegetal o animal nativa. Eso nos conduce a un nombre que alcanzó la esfera pública debido al malestar que produjo su historia.

Categorizados como una especie vulnerable, los tapires (Tapirus terrestris) se encuentran en peligro de extinción debido a la pérdida de su hábitat y a la caza furtiva. Hasta hace 70 años, estos mamíferos supieron residir en las Yungas. Sin embargo, luego el trazado urbano se amplió y las condiciones ambientales hicieron lo suyo.

En un intento de rescate -de las deudas del pasado y “lo propio”- fue que la Reserva Experimental de Horco Molle creó el Proyecto Tapir, una iniciativa a favor de la reinserción de los especímenes en el entorno libre del Parque Sierra de San Javier. Con financiamiento externo y en compañía de voluntarios y profesionales de la Universidad Nacional de Tucumán, las expectativas eran ambiciosas en todos los sentidos. No solo se recuperaría la biodiversidad de la zona, sino que también habría beneficios sociales.

“Los tapires son una especie carismática, capaz de atraer la atención pública hacia las áreas protegidas de la provincia, propiciando su conservación y el desarrollo económico local, vinculado al turismo en las mismas”, fueron las palabras de promoción que repitieron los encargados del proyecto a lo largo de varios artículos presentados por LA GACETA durante el año pasado. Sin embargo, ese futuro promisorio y calculado -decididamente soñado- nunca llegó.

El caso en detalle

En noviembre de 2022 el proyecto incluyó la liberación de dos hembras en el área protegida, de las cuales una fue reportada muerta el 15 de abril de 2023. Se llamaba Suyana (esperanza en quechua) y tenía tres años.

Después de efectuarse una denuncia penal por el delito de crueldad animal (Ley N° 14.346) lo que siguió fue digno de una novela negra. Hubo un collar de detección que se quedó sin internet por tres semanas, una foto falsa en la que se mostraba el supuesto cuerpo de la tapir y mensajes anónimos en los cuales se narraba lo ocurrido, aunque nunca hubo un testigo dispuesto a declarar. La hipótesis de que Suyana había sido asesinada por un cazador se mezcló con controversias en la pesquisa y una movilización por parte de diversas organizaciones ambientalistas y animalistas -el 19 de abril, en plaza Independencia- para exigir respuestas. Al final el caso nunca se esclareció.

El episodio no fue nuestro primer ni último ataque contra la biodiversidad. Al contrario, en Tucumán la falta de prevención y de medidas disciplinarias (las penas por estos delitos van desde los 15 días a un año) ha hecho que el mascotismo y la caza furtiva aumenten. Ocelotes, monos carayá, pumas… las noticias sobre animales salvajes que aparecen en alguna calle tucumana o son rescatados en estado de desnutrición resultan preocupantes.

Del otro lado, nunca deja de permanecer vigente el espejo: animal u hombre, pareciera que no hay justicia para los vulnerables. ¿Cuánto faltará para que los ciudadanos entendamos que la naturaleza es un patrimonio vivo que requiere atención? Al 2023 lo despedimos con dos certezas. 1). Las deudas ambientales aún no han sido reconocidas ni pagadas. 2). Con una petición de Change.org firmada por 4.000 personas que exigían ver al atacante de Suyana preso, está claro que daños a nuestro ecosistema nos conmueven cuando ya es tarde; y -de nuevo- siempre es tarde.