Crisis en el transporte público

La decisión de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) de avanzar con una reducción en la frecuencia de los recorridos previstos para el ámbito de la Capital suma un nuevo capítulo al largo historial de conflictos enmarcados en la crisis que arrastra este sector. Los propietarios de las líneas de ómnibus anunciaron que brindarán un servicio de emergencia por tiempo indeterminado, como una medida destinada a hacer frente a la grave situación financiera que atraviesan las arcas de las distintas compañías.

En el municipio de San Miguel de Tucumán se anticipó, a través de la Secretaría de Movilidad Urbana, que se llevarán adelante los controles para velar por el normal cumplimiento de las normativas. Se advirtió además respecto a posibles sanciones, con multas que pueden alcanzar el equivalente a 100.000 boletos urbanos. En Aetat, sin embargo, señalaron que en caso de persistir las condiciones actuales la reducción en las frecuencias también se trasladará al resto de los municipios de la provincia.

Entre los argumentos expuestos para implementar esta disposición aparece la falta de recursos para cubrir los costos operativos diarios (combustibles, cubiertas y otros insumos) como consecuencia del impacto inflacionario; la demanda de un nuevo incremento salarial por parte del gremio nacional de UTA (con una cláusula gatillo que ajuste los haberes al ritmo de la inflación) con tarifas que dependen de “criterios políticos”; y la inequidad en la distribución de subsidios nacionales asignados para compensar el costo de las tarifas, en comparación con los recursos percibidos por las firmas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Todos estos reclamos de los empresarios de colectivos se escuchan, en mayor o menor medida, hace años en la provincia. De hecho, desde 2018 rige en Tucumán la Ley 9.102, que declara el estado de emergencia en el ámbito del transporte público de pasajeros.

Esta normativa posibilita que el Estado gire aportes mensuales a modo de subsidios a las firmas nucleadas en Aetat, a los fines de tratar de garantizar la prestación de este servicio esencial, que cuenta con más de 600.000 usuarios frecuentes en todo el territorio provincial y genera miles de puestos de empleo directo e indirecto.

En esta línea, hubo también en el pasado reciente intentos de parte de legisladores del oficialismo de llevar al recinto de la Cámara provincial proyectos para modificar el sistema actual, mediante la figura de empresas con participación estatal o modelos similares implementados en otras provincias que permitan una alternativa para superar el recurrente escenario de conflictos en este ámbito.

Si bien la crisis que sufre el sector privado en esta oportunidad se ve reflejada en otras jurisdicciones del país (también con reducciones en las frecuencias e inclusive con paros de choferes en algunos distritos), la delicada situación que atraviesan las empresas no es una novedad en Tucumán.

En varias ocasiones, distintos actores con injerencia en esta materia -empresarios, sindicalistas, funcionarios públicos- expresaron la necesidad de avanzar con una mesa de trabajo conjunta que permita sortear de una vez por todas el sombrío escenario en el transporte público de pasajeros. Este ámbito de diálogo constructivo, finalmente, no se vio materializado. Otra vez, sin embargo, los usuarios tucumanos sufrirán por la falta de soluciones. Urge que, ante un horizonte complejo desde lo económico en términos generales, se avance con un plan que permita asegurar este servicio básico en Tucumán.