Penalizar la emisión de dinero no será muy fácil

En su discurso del 1 de marzo Javier Milei identificó, correctamente, a la emisión para financiar al gobierno como causa de la inflación. También dijo que propondrá castigar penalmente al Presidente de la Nación, Ministro de Economía, funcionarios del Banco Central y diputados y senadores que aprueben un presupuesto con déficit a ser cubierto con emisión de dinero. Eso ya es más complicado.

Puede aprovecharse para mostrar un mal planteo en el “documento” presentado días atrás por Cristina Fernández (proponiendo muchas cosas que no sólo no hizo cuando podía sino que rechazó). Dijo allí que es equivocado sostener que el déficit fiscal genera inflación porque hay muchos países con déficit y casi sin inflación. Es cierto. Pero no mencionó el nivel del déficit ni cómo se financia. Por ejemplo, cubrirlo colocando títulos públicos en el mercado no es inflacionario porque no crea dinero sino que lo cambia de lugar, del inversionista privado al Estado. No hay emisión por lo tanto no hay inflación.

Claro, puede haber otros inconvenientes si el déficit es grande y la demanda oficial por crédito compite contra la privada por una oferta limitada de fondos resultando en una mayor tasa de interés. Entonces se complica la situación financiera del gobierno y se encarece el crédito productivo.

En Argentina el Estado agotó el mercado de capitales y hace mucho que acude al Banco Central para financiarse entregando títulos a cambio. Además, el Banco compra títulos a organismos públicos para que estos utilicen el dinero para adquirir los papeles nuevos que lanza el gobierno, produciéndose un financiamiento indirecto.

Para dar una idea de la magnitud de los fenómenos, según datos del Banco Mundial hacia los años 2015/22 el crédito interno al sector privado equivalía a más del 110 por ciento del PIB en Chile, rondaba el 50 por ciento en Paraguay y Perú, alrededor de 25 por ciento en Uruguay y quince por ciento en Argentina. Mientras tanto, el financiamiento al gobierno central equivalía a menos del 25 por ciento del PIB en Chile, era negativo en Paraguay y Perú (hubo desendeudamiento interno), rondaba cinco por ciento en Uruguay y más de 20 por ciento en Argentina. Entonces, el crédito es relativamente menor en Argentina y el gobierno se lleva la mayor parte. También habría que considerar que la emisión del BCRA para financiar al gobierno llegó al trece por ciento del PIB, según Milei (el IVA representa siete por ciento del PIB).

Completa el cuadro comparar la variación de la base monetaria con la de los títulos públicos en poder del BCRA, reflejo de los préstamos al gobierno. Entre noviembre de 2023 y de 2022 la base subió alrededor de 4,47 billones de pesos y el stock en títulos y letras bajo ley nacional en unos 34,29 billones de pesos. ¿Cómo se prestó al PEN más que lo emitido? La entidad absorbió dinero mediante mecanismos varios, como las Leliq (subieron 13,91 billones de pesos). Así, el principal factor de la emisión primaria fue el financiamiento del déficit fiscal (y los títulos mencionados pasaron del 45 al 59,64 por ciento del activo del BCRA).

Ahora bien, la Constitución Nacional dispone que el gobierno puede endeudarse sólo en emergencias o para inversiones y es el Congreso el que aprueba las deudas. Como la emisión surge de un crédito del Central al PEN el Congreso debe autorizarla. La idea de Milei significa que el mismo Congreso recorte sus atribuciones. Pero así también podría anular su propia restricción si creyera que el mercado de capitales está complicado. Tal vez haya un costo político por hacerlo pero no uno legal.

Aparecen más complicaciones con los responsables de la emisión. El problema menor es con el BCRA. Si se procesa al directorio (o a la mayoría) ¿podría la entidad seguir conducida por acusados de una gestión irresponsable?

Suspenderlos requeriría reemplazos y tal vez lo más práctico fuera sustituirlos por funcionarios de carrera del Banco. Es peor con los responsables políticos. Véanse la calidad y cantidad de involucrados. Primero, el Presidente de la Nación, que envía el proyecto de presupuesto al Congreso. Por la ley 25.320 el proceso penal puede continuar con el Presidente en funciones. Pero la sentencia será ineficaz hasta que un juicio político lo destituya o termine su mandato. ¿Quiénes serían los acusadores y el jurado de esa instancia política? Constitucionalmente, diputados y senadores, justamente quienes aprobaron el presupuesto deficitario. Entonces, ¿el juicio político al Presidente lo harían sus cómplices?

Ahora, ¿qué pasa con los legisladores? Para aprobar un presupuesto financiado con emisión se necesita mayoría de los presentes habiendo quórum.

Esto es, como mínimo 65 diputados y 19 senadores suponiendo quórum estricto. Sería muy complicado el funcionamiento del Congreso con una parte significativa de sus integrantes atendiendo un juicio penal, excepto que los implicados solicitaran licencia. Además, las penas tampoco podrían hacerse efectivas durante sus mandatos salvo desafuero, algo dudoso por la cantidad de afectados. De todos modos, si hay número para votar un presupuesto penalizado también lo habrá para anular ese delito suponiendo que antes no hayan aprobado una excepción, y como la ley penal más benigna se aplica retroactivamente no habrá proceso.

¿Qué queda entonces? Tres caminos. Uno, penalizar el financiamiento indirecto y procesar sólo funcionarios del Banco Central. Otro, penalizar la emisión no presupuestada. Sólo serían procesados el Presidente de la Nación y la conducción del Banco Central; endeudarse sin autorización legislativa sería punible, hacerlo mediante emisión podría ser un agravante. Y tercero, más discutible, modificar la ley electoral restringiendo las candidaturas de quienes hubieran permitido financiar al Estado con emisión. Como esa norma requiere  mayoría agravada esquivarla no sería tan sencillo.

Que los gobernantes asuman que intentar saltarse la restricción presupuestaria tiene resultados catastróficos es un muy buen objetivo, y sería relativamente  sencillo de alcanzar si los ciudadanos también fueran conscientes de ello. Pero que el tema llegue al debate legislativo ya sería un avance