“La casta” política no gasta tanto, pero cuesta mucho

Vaya uno a saber por qué la fijación con el sistema métrico decimal, pero tomar “los cien días” para evaluar el inicio de un gobierno es totalmente arbitrario.  ¿Por qué no los 105 días (hoy, por ejemplo)? Como fuere, un resumen es que  las medidas de Javier Milei son en general de contenido correcto, su continente no tanto.

Véase el ajuste. Imprescindible. Las principales crisis argentinas derivaron de  la indisciplina fiscal. Así como se pide “que los números cierren pero con la  gente adentro”, si los números no cierran “la gente” se queda afuera. Siempre.  Y dado que los desajustes fueron de todo tipo en toda la economía el ajuste  también debe ser de amplio espectro.

Aquí surgen las críticas. Milei afirmó que los costos los pagaría “la casta” y no  pareciera tan así. Sin embargo, ocurre. Puede verse en las supresiones de  organismos estatales. Bien podría decirse que su conducción era “casta”. Lo  mismo con la eliminación de gastos como celulares, vehículos, acumulación de millas para uso personal por viajes en avión pagados por el Estado o con el menor número de embajadores políticos. Falta, pero al menos hay anuncios  como derogar las jubilaciones de privilegio o reducir el número de asesores.

Ahora bien, en ejemplo es mucho, en dinero poco. Por caso, el presidente de la Nación tiene un sueldo bruto de cuatro millones de pesos. Un ministro, 3,58  millones. Altos, pero nada en el total del Estado. Es que en realidad la carga directa de “la casta” es liviana. Incluso contando todos los asesores. Aunque ya se incrementa el peso si se cuenta la estructura que la sostiene, como los  empleados públicos no necesarios. Claro, los gremios rechazan  desplazamientos con el argumento de que privan a las familias de sus  ingresos. Pero debe considerarse que los empleados innecesarios afectan a varias familias por mayor carga tributaria, o por mayor inflación o por mayores  costos para la actividad económica debidos a trámites o regulaciones. Así,  entre los costos indirectos de “la casta” estarían (no todos los casos son  iguales) los empleados contratados e incorporados a planta permanente  cuando un gobierno se retira y se van acumulando (las “capas geológicas”), o empresas públicas como Yacimientos Carboníferos Río Turbio, que en 2022 tuvo 818 millones de pesos de ingresos operativos y 15.615 millones de pesos de egresos operativos (89 por ciento, sueldos)... porque produce un carbón que casi nadie compra (actualizados por inflación, 2.544 millones versus  48.563 millones).

Hay más. También entran como “casta” los empresarios cuyas firmas funcionan no por productividad sino gracias a prebendas, como el proteccionismo o los créditos subsidiados y siempre refinanciados. O mucho de la burocracia sindical, privilegiada por normas que perjudican a los trabajadores. Esa “casta” es tocada por algunas de las medidas del decreto de necesidad y urgencia 70/23 y de la “ley ómnibus”. Pero por ahora tales herramientas tambalean. En parte por comportamientos de la oposición, en parte del gobierno.

Al margen: en la discusión del DNU Martín Losteau votó en contra del mismo  sosteniendo que es inconstitucional. Es atendible. El análisis de constitucionalidad no corresponde sólo a los jueces. Si así fuera, el Presidente y los legisladores podrían aprobar cualquier cosa y quien tenga problemas que vaya a Tribunales, si puede. Además, cada fallo tiene, en general (hay  excepciones), validez únicamente para las partes. Reducir la preocupación por  la constitucionalidad sólo a los jueces implicaría el riesgo de que la vida de los  argentinos quede repleta de normas violatorias de sus derechos básicos de las  que sólo algunos se podrían librar, al costo en tiempo y dinero de los procesos  judiciales.

Ahora bien, el daño más profundo que ocasiona “la casta” no viene del gasto  legal en sí misma sino de sus malas decisiones. Clara expresión es la declamada imposibilidad de vivir sin asistencia del Estado según los afectados por las medidas del gobierno y según partidos y organizaciones opositoras. Si  tan bien se gobernó antes, ¿cómo es eso posible? Simple: no se gobernó bien.

En aquellas medidas pudo tener que ver el vivir aislado del pueblo (como  “casta”), pero su sola reversión no elimina el daño que ocasionaron. Y si ellas fueron populistas corregirlas tiene costos para todos los ciudadanos ¿inocentes? No es tan claro. Millones votaron por los gobernantes anteriores justamente porque tomaban malas decisiones. Y si no fue así, igual muchos disfrutaron de los beneficios de corto plazo de ellas, como electricidad y gas  casi regalados o un dólar de valor real atrasado. Pero nada es gratis.

Fuere como fuere, igual los costos de revertirlas deben pagarse y no hay  manera de distribuirlos sólo entre los malos decisores. La única forma seria de compensar el sacrificio es tomar las medidas adecuadas para que el costo presente valga la pena. Ahí está en falta el gobierno. El DNU y la ley ómnibus, con planteos muy útiles, son malas herramientas no sólo desde lo formal sino sobre todo desde lo práctico. No se puede pretender aprobación de tales  instrumentos sin tener bancas suficientes. Por eso el reclamo de  negociaciones. Con ellas, a estas alturas del año ya podrían estar vigentes algunas normas para ir avanzado en el rumbo planteado.

El gobierno compensa con golpes políticos, como el escándalo de los seguros  y el recuerdo de lo que fue el kirchnerismo, lo duro de la situación económica. Pero sin mejoras palpables el apoyo flaqueará. Los resultados positivos deberían empalmar a más tardar entonces, pero hacen falta medidas estructurales para eso. Justo las que no salen del Congreso por no negociar.

Hasta ahora a Milei le resultó bien jugar fuerte y tal vez una visión tradicional de la acción política esté equivocada. Pero no debe olvidarse que el sufrimiento será más injusto cuanto menos se cambie el Estado, cuantas más regulaciones queden, cuantos más privilegios haya. Gobernar no es desenmascarar “traidores” sino cambiar el país. Lo que requiere leyes.