Resulta que el más corrupto fue declarado como el mejor de todos por Milei

“Les duela o no, ha sido el mejor Presidente de la historia”, aseveró Javier Milei esta semana, en la Casa Rosada, al inaugurar un busto del ex mandatario de origen riojano. En algo tiene razón el actual jefe de Estado: duele su homenaje. Duele en la conciencia histórica, judicial y moral de los argentinos. En rigor, “el mejor de la historia” le cabe a Menem en materia de corrupción. En la historia de “la casta” nacional, el menemismo representa el gran salto evolutivo.

No se puede negar las transformaciones que impulsó en sus dos presidencias. Concretó una profunda reforma del Estado, privatizó empresas públicas, modernizó servicios (el de las comunicaciones es el caso más notable) y, tras la apocalíptica hiperinflación que liquidó al gobierno de Raúl Alfonsín, trajo una década de estabilidad con la “Convertibilidad”. La contracara de estos cambios fue el altísimo costo estructural y social que pagó la sociedad argentina. Los ferrocarriles casi se extinguieron. Y la desocupación alcanzó dos dígitos. No fue mera estadística: para millones de argentinos significó tener que vivir no en sus lugares de origen, sino allí donde consiguieran trabajo.

Y está la corrupción, que es lesiva del mismísimo sistema democrático. El artículo 36 de la Carta Magna nacional establece: “Esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos”. “Sus autores serán pasibles de la sanción prevista en el Artículo 29, inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de penas”, pauta. El artículo 29 habla de “la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”. “Tendrán las mismas sanciones quienes, como consecuencia de estos actos, usurparen funciones previstas para las autoridades de esta Constitución o las de las provincias, los que responderán civil y penalmente de sus actos. Las acciones respectivas serán imprescriptibles”, continúa el artículo 36. Y agrega: “Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos”.

Atentan contra la democracia quienes perpetran golpes de Estado y quienes incurren en delitos de corrupción. Estos “Nuevos Derechos y Garantías” son el legado de la reforma constitucional de 1994, hacia el final de la primera presidencia de Menem. Es que el riojano venía de indultar a los jerarcas de la última dictadura, juzgados y condenados por la Justicia de la república durante el alfonsinismo, por los delitos de lesa humanidad. Ahora, Milei indulta la memoria del menemismo.

La corrupción menemista fue antológica. Tiene causas olvidadas, como el escándalo de los guardapolvos a principios de 1990, por el que fue investigado el entonces ministro de Salud y Acción Social, Eduardo Bauzá. Esa cartera le compró 1.300 guardapolvos a la empresa Herrera Hermanos SA, que los cobró antes de entregarlos. Pero se detectó que la empresa estaba inactiva desde hacía dos años, que su capital no alcanzaba al precio de un solo guardapolvo y que ni siquiera habría presentado certificación de su existencia. Su presidente era un indigente que en otra causa había pedido que se le permitiera litigar sin gastos. Al final, fueron condenados tres integrantes de la empresa y dos empleados del depósito, que recibieron penas excarcelables.

A finales de ese año, la corrupción menemista adquirió magnitud internacional. El entonces embajador de EEUU en la Argentina, Terence Todman, envió un documento a la Casa Rosada en el que notificaba su respaldo, y el de su gobierno, a la denuncia de la empresa Swift de que funcionarios de la Nación habían exigido “coimas” para “agilizar” los trámites y permisos para la instalación de un frigorífico de la firma estadounidense en Rosario.

A finales de 1991 y principios de 1992 estalló el escándalo de la “Mala Leche”, en el que estuvo involucrado quien fuera secretario privado de Menem: Miguel Ángel Vicco. Se lo vinculó con la compra, mediante contratación directa, de 2 millones de kilos de leche en polvo. Según los estudios bromatológicos, resultaron ser “no aptos” para el consumo humano.

Menem condenado

Esas son, apenas, tres perlas del entorno más próximo del dos veces ex presidente. Menem mismo enfrentó condenas y hasta prisión en causas de corrupción, que no quedaron firmes.

Las condenas por la causa de los “sobresueldos” pagados a los miembros del Poder Ejecutivo Nacional, reconocidos por María Julia Alzogaray, y por la venta del predio de la Sociedad Rural (por unos 100 millones de dólares menos que las valuaciones de mercado de aquel entonces) son ya suficiente prueba. En el primer caso, fue condenado a cuatro años de prisión, fallo confirmado por casación, pero sin sentencia definitiva de la Corte. Por el segundo fue condenado a tres años y nueve meses, pero la Cámara de Casación Penal lo sobreseyó unos 28 años después de aquel hecho, alegando que se habían vencido “los plazos razonables”.

Ahora bien, ambos casos palidecen frente a otro par: conforman dos de los capítulos más oprobiosos de la historia nacional. El primero es por el presunto encubrimiento de los acusados de volar la sede de la AMIA, el 18 de julio de 1994. Entre las maniobras que sustentaban la causa había un llamado a la Justicia para frenar allanamientos. Fue absuelto por TOF 2, pero esa decisión fue apelada ante la Corte Suprema nacional: pidieron cuatro años de prisión. Sin embargo, cuando Menem murió, el 14 de febrero de 2021, no había habido ninguna definición.

El segundo, por el cual estuvo seis meses privado de la libertad, preso de manera preventiva en una quinta de Don Torcuato, fue el caso del tráfico de armas a Ecuador y Croacia. En el juicio se lo acusó por firmar decretos en 1991 y 1994 por la venta de 6.500 toneladas de armas que figuraban como destinadas a Venezuela y Panamá. El corolario habría sido otra voladura: la de la fábrica de armamento de Río Tercero, en noviembre de 1995, para ocultar el faltante de lo traficado. El saldo de ese hecho fueron siete muertos, más de 300 heridos y un pueblo reducido a ruinas. Primero fue absuelto en 2011. Pero en 2013 la Cámara Federal de Casación revisó el fallo y lo condenó a siete años por contrabando agravado. Cuando el expediente llegó a manos de la Corte, en 2017, se ordenó un nuevo fallo. En octubre de 2018, la Cámara de Casación dictó un nuevo fallo en el que absolvió al ex presidente otra vez por prescripción: habían pasado casi 23 años del hecho.

No puede ser banalizada la corrupción menemista. Por caso, Cristina Kirchner fue condenada en diciembre de 2022, en primera instancia y sin condena firme, por el redireccionamiento de obras públicas en favor del Grupo Báez. Es un caso gravísimo, con un perjuicio al Estado por 1.000 millones de dólares. Pero resulta inequiparable con volar un pueblo.

La declaración de Milei referida a que Menem “es el mejor Presidente de la historia” duele, porque su corrupción está sembrada de argentinos dolientes.